24 mayo, 2020

Lecciones aduaneras que nos deja la pandemia


Dr. Javier Gustavo Oyarse Cruz[1]

Introducción.

Alguna vez me he preguntado si es necesario pasar por la más cruel adversidad para recién empezar a entender la necesidad de realizar cambios en todo orden de cosas. Quizás, es lo que viene sucediendo durante la pandemia y la declaratoria de emergencia sanitaria nacional, que mantiene paralizado desde mediados de marzo y hasta fines de mayo a muchas actividades comerciales, educativos, culturales y sociales en el Perú.

Durante este tiempo de encierro hemos cambiado nuestros hábitos de aseo y distanciamiento social, hemos valorado la importancia de mantener una buena relación de comunicación efectiva con nuestro núcleo familiar diariamente y rescatamos la necesidad de aplicar el teletrabajo o trabajo remoto utilizando la tecnología en las comunicaciones[2].

Desde el punto de vista de las actividades aduaneras, se adoptaron una serie de medidas administrativas y legales para no detener los despachos aduaneros, facilitar las actividades de logística internacional para las mercancías que ingresan y salen del territorio peruano, y sobre todo, empezar a confiar un poco más en la documentación electrónica.

Pero todo fue realizado en un contexto de emergencia, flexibilizando y simplificando muchos procesos y aceptando con nobleza que era el único modo posible de mantener el abastecimiento de bienes para nuestro mercado local. ¿Qué debemos hacer ahora?

1.    Algunas medidas deben permanecer después de culminado el periodo de emergencia sanitaria, por razones de utilidad práctica, y sostenibilidad del sistema aduanero.

Al respecto, considero un acierto la reducción de las tarifas arancelarias dispuestas mediante el Decreto Supremo N° 051-2020-EF (modificado por el Decreto Supremo N° 059-2020-EF), estableciendo de manera temporal la tasa del 0% de Ad Valorem para aquellos bienes que permiten atender los casos de contagios del virus COVID-19 durante la declaratoria de emergencia sanitaria, tales como alcohol etílico, cloro, ácido sulfúrico, esparadrapos, vendas, botiquines equipados para primeros auxilios, mascarillas de protección, entre otros.

Teniendo en cuenta, que deben cambiarse los hábitos de higiene y prevención de salud de manera permanente, sería prudente que esta reducción de tarifas permanezca para los bienes que son indispensables para lograr dicho objetivo. De ese modo, evitaremos que su precio en el mercado se eleve de manera desproporcionada, generando no sólo un mercado informal y paralelo, sino afectando la capacidad de consumo de la población.

Otra norma interesante es la Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas Nº 006-2020-SUNAT/300000 emitida por la Administración Aduanera que, haciendo uso del ejercicio de su facultad discrecional, decidió no determinar ni sancionar ciertas infracciones previstas en la Ley General de Aduanas que hayan sido cometidas en el periodo comprendido del 12.3.2020 hasta el 09.6.2020.

Sobre el particular, no soy partidario de extender un tiempo más esta disposición, tomando en cuenta que tuvo como antecedente otra resolución similar emitida a inicios de año[3], por lo que se trataba de la continuación de la denominada marcha blanca, para lograr un espacio de tiempo que permita la difusión del nuevo régimen de infracciones y sanciones aduaneras establecida mediante el Decreto Supremo Nº 418-2019-EF[4]. En su lugar debiera aprobarse la norma pendiente que regule el nuevo régimen de gradualidad de sanciones.

De otro lado, la forma como se agilizaron los trámites desde la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), garantizando a través de su plataforma virtual que los administrados puedan continuar presentando sus respectivas solicitudes fue un acierto, aun cuando el plazo de atención quedara suspendido por un periodo de 30 días hábiles. El servicio que destacamos, fue el que se dispuso para la emisión de los Certificados de Origen, permitiendo que los exportadores continuaran registrando de manera habitual vía VUCE su solicitud de tramitación de este tipo de certificados, para que la entidad certificadora mediante correo electrónico ayude al exportador a completar el formato y agregarle las firmas y sellos respectivos para su envío final en formato digital; dejando abierta la posibilidad, que luego de la cuarentena los exportadores puedan solicitar el certificado impreso a la entidad certificadora, para que puedan remitirla al extranjero, cumpliendo con las reglas del Acuerdo Comercial que le haya servido de base legal.

Un caso destacable fue el que se aplica desde el 24 de marzo de 2020, los importadores y despachadores de aduana pueden solicitar la aplicación del TPI 815 para mercancías originarias de Colombia en base a un certificado de origen electrónico, emitido en el marco del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico y las Decisiones 1 y 4 de la Comisión de Libre Comercio de dicho Acuerdo.

Este procedimiento debería mantenerse debido a su utilidad y sobre todo teniendo en cuenta que existen avances positivos en la interoperabilidad de las VUCE entre los países integrantes de la Alianza del Pacífico, trayendo múltiples beneficios a los exportadores en su objetivo de simplificar los procedimientos administrativos y facilitar el comercio exterior.


2.    Debe analizarse la conveniencia de establecer nuevos planes de contingencia para ser aplicados en eventos futuros de similar o igual magnitud.

Durante la pandemia quedó en evidencia la ausencia de planes de contingencia para atender los servicios aduaneros y logísticos de manera ininterrumpida. Lo cual se explica, debido a la forma sorpresiva e imprevista como se empezó a propagar el contagio del coronavirus en todo el planeta hasta llegar al Perú.

La ausencia de estos planes de contingencia[5] explica algunas quejas formuladas por los operadores intervinientes, respecto a las trabas o restricciones sufridas para retirar sus mercancías de los almacenes aduaneros o acceder a los servicios portuarios.

La propuesta pasa por recoger las experiencias vividas durante la pandemia y analizar aquellos servicios básicos que deben mantenerse desde el primer día, como por ejemplo los despachos aduaneros de exportación e importación, que deben mantener su normal funcionamiento dentro de la cadena logística internacional.

El mejor ejemplo, lo podemos notar al revisar el contenido de las Resoluciones Ministeriales No. 0232-2020-MTC/01.02 y No. 0238-2020-MTC/01.02, que dispusieron que los servicios de transporte de carga y mercancía de comercio internacional realizados en el ámbito terrestre, aéreo, acuático y ferroviario, así como toda actividad de la cadena logística conexa a dichas operaciones no se encuentran restringidos en el territorio nacional e internacional. Siendo complementado posteriormente con las Resoluciones Ministeriales Nº 304-2020-IN y Nº 3092020-IN, disponiendo que el personal que realiza actividades de transporte de carga y mercancía y actividades conexas podrán solicitar el “pase personal laboral” a través de un Formulario virtual[6].

Lo expuesto anteriormente, nos enseña que se necesita un plan de contingencia que se active de inmediato en épocas de emergencia para que los servicios de transporte de carga y mercancía de comercio internacional realizados en el ámbito terrestre, aéreo, acuático y ferroviario, así como toda actividad de la cadena logística conexa a dichas operaciones; no sea afectada o paralizada afectando en primer lugar a los operadores de comercio exterior y luego a los importadores y exportadores.


3.    Formar equipos de trabajo conformados por representantes del sector público y privado para armonizar los procedimientos de gestión operativa aduanera y fortalecer la trazabilidad de las operaciones logísticas.

La pandemia nos deja la lección que unidos como un solo equipo podemos remontar o superar cualquier inconveniente que tengamos en el camino. Por lo que es necesario crear equipos de trabajo cuya principal tarea debiera ser la armonización de los procedimientos que hasta hoy vienen aplicando por separado, cada uno desde su propia óptica o interés.

Reconociendo el rol que debe cumplir la Administración Aduanera que pasa por el control aduanero y la facilitación del comercio exterior, así como la libertad de comercio y la independencia de la iniciativa privada, estoy convencido que pueden encontrarse puntos de convergencia para poder conectar algunos de sus procedimientos de gestión operativa en el lenguaje electrónico para beneficio de los usuarios del sistema, permitiéndoles la trazabilidad y transparencia en las operaciones logísticas.

Este equipo tendría como primera tarea o prioridad, resolver el dilema de los importadores que utilizan de manera obligatoria el mandato electrónico[7] para elegir o contratar al despachador de aduanas que va a gestionar sus despachos, pero esa excelente herramienta informática, no es aplicable al movimiento de la carga o los contenedores, debido a que los operadores de comercio exterior siguen exigiendo el endoso de los documentos de transporte en formato físico.

Cabe precisar que la exigencia de los operadores de comercio exterior se basa en el hecho que el conocimiento de embarque constituye un título valor y para efecto de ejecutar su acción cambiaria, necesita del endose físico del mencionado documento de transporte internacional, siendo importante relevar que para fines aduaneros se trata del endose en procuración[8].

A manera de conclusión.

No cabe duda que la pandemia nos deja varias lecciones aduaneras que debemos asimilar prontamente, para evitar que un hecho similar nos coloque en alguna zona gris que afecte el comercio exterior o las actividades logísticas en el Puerto del Callao. Por esa razón es que me atrevo a compartir estas reflexiones con el mejor ánimo de contribuir a la búsqueda de soluciones innovadoras y eficaces a los problemas.

No todo se puede resolver mediante emisión de normas que están sujetas a permanentes cambios, se necesita también voluntad política de parte de las autoridades de gobierno y los líderes del sector privado, quienes representan a los operadores de comercio exterior, para conformar equipos de trabajo que ayuden a construir las bases de un verdadero cambio en las gestiones aduaneras.

Finalmente, nos llena de mayor entusiasmo comprobar que esta pandemia nos conduce a mayor velocidad hacia una Aduana Digital[9], donde predomine la transmisión electrónica de datos, por lo que debe generarse los mecanismos de confianza respecto a la veracidad de la información que contengan los archivos digitales, basados en una nueva cultura tributaria aduanera. 


[1] Abogado. Maestro en Derecho. Máster in Business International. Docente posgrado.
[2] Según Ley 30036 el teletrabajo es una modalidad especial de prestación de servicios caracterizada por la utilización de tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC) y por desempeño subordinado de labores sin la presencia física del teletrabajador en las oficinas de la empresa.
[3] Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas Nº 001-2020-SUNAT/300000.
[4] Decreto Supremo que aprobó la Tabla de Sanciones Aduaneras.
[5] Un plan de contingencia es un conjunto de procedimientos alternativos a la operatividad normal de cada institución. Su finalidad es la de permitir el funcionamiento de esta, aun cuando alguna de sus funciones deje de hacerlo por culpa de algún incidente tanto interno como ajeno a la organización.
[6] Disponible en el portal web de la Policía Nacional del Perú (www.pnp.gob.pe) y en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano (gob.pe/paselaboral), en el aplicativo “Pase Personal Laboral”.
[7] Conforme a lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Ley General de Aduanas e incorporado por el Decreto Supremo Nro. 367-2019-EF.
[8] Conforme a lo indicado en los artículos 41, 246 y 249 de la Ley de Título Valores, Ley Nro. 27287.
[9] Nos referimos a una Administración Aduanera que ya no utilice papeles impresos y sean sustituidos por tecnologías de la información y telecomunicaciones (TIC), para el ejercicio de todas sus facultades de control y potestad aduanera, en beneficio de los operadores de comercio exterior y operadores intervinientes.

04 mayo, 2020

Conectividad terrestre hacia el Puerto del Callao


El Puerto del Callao es el más importante punto de ingreso y salida de mercancías para el Perú. Su rol protagónico en el comercio exterior justifica las mejoras que se vienen implementando en su infraestructura logística con el objetivo de convertirlo en el corto plazo en el Puerto Hub de Sudamérica.

Actualmente el principal puerto del Perú se encuentra adjudicado a tres concesionarios:

Nueva Terminal de Contenedores – Zona Sur: En julio de 2006, se suscribió el Contrato de Concesión para el diseño, construcción, financiamiento, conservación y explotación del Nuevo Terminal de Contenedores en el Terminal Portuario del Callao – Zona Sur con la empresa DP World Callao. El proyecto de modernización de este puerto comprende dos fases. La primera de ellas ha sido ejecutada al 100% por un valor referencial de 256,823 millones de dólares sin IGV. La segunda fase se encuentra en plena ejecución por el valor de 216,285 millones de dólares sin IGV.

Terminal de Embarque de Minerales:  El Decreto Legislativo N° 1012 aprobó el "régimen de las iniciativas privadas", creando un marco legal que permitió otorgar en concesión el diseño, construcción, financiamiento, conservación y explotación de la obra pública de infraestructura portuaria, que comprende un terminal de embarque de concentrados de minerales, desarrollada dentro del área geográfica del puerto del Callao. En enero de 2011 fue adjudicada a favor de la empresa Transportadora Callao S.A mediante el Contrato de Concesión. La construcción de su muelle tiene un costo estimado de 96.4 millones de dólares sin IGV.

Terminal Norte Multipropósito: En Mayo de 2011 APM Terminals se adjudicó el contrato de concesión para modernizar el Terminal Norte del puerto del Callao. Es un puerto polivalente, debido a que brinda servicios a carga contenedorizada, carga fraccionada, carga de proyecto, carga rodante, gráneles sólidos y líquidos. También sirve para la atención de cruceros turísticos y recepción de pasajeros. Su plan de modernización comprende 6 etapas y representa una inversión superior a US$ 750 millones de dólares.

Las tres concesiones citadas anteriormente, nos permiten demostrar que existe la suficiente inversión extranjera directa para el financiamiento y sostenibilidad de la modernización de nuestro principal puerto en el corto plazo. Sin embargo, todo este panorama de confianza en el desarrollo portuario, podría convertirse en otra obra inconclusa o improductiva, si no priorizamos la necesidad de implementar iniciativas y proyectos que permitan la conectividad del Puerto del Callao con grandes vías terrestres que posibiliten el traslado en camiones de todas las mercancías que ingresan y salen del Perú.

No existe ninguna posibilidad de ampliar espacios para operaciones logísticas en el Puerto del Callao, mientras siga teniendo a su alrededor terrenos privados de uso residencial y de uso industrial colindantes, la Base Naval, las instalaciones deportivas al lado sur del puerto, la zona monumental del cercado, y las estrechas vías de acceso al puerto que están saturadas.

Para solucionar esta problemática, no basta con ensayar propuestas a modo de simples paliativos, como el pico y placa para el movimiento de camiones, dado que no brindan soluciones permanentes a la congestión del tráfico que padecen los camiones cargados de contenedores. Para terminar con el caos generado por vehículos de transporte público de pasajeros, transporte privado y camiones de carga compartiendo las mismas vías, urge la reubicación de la población que habita en las áreas aledañas al puerto, para construir grandes carreteras que cuenten con seis carriles para el uso exclusivo de vehículos transportando carga pesada y logrando la conectividad terrestre hacia el Puerto del Callao.


Dr. Javier Gustavo Oyarse Cruz. Abogado. Maestro en Derecho. Máster in Business International. 
Docente posgrado en UNMSM, UPC, UPT, UNMSM y UPC.

06 abril, 2020

Gestiones aduaneras en tiempos del coronavirus


Dr. Javier Gustavo Oyarse Cruz[1]
1.- Introducción
El mundo se encuentra consternado frente al crecimiento del número de contagiados y fallecidos en el mundo a consecuencia del virus COVID-19, que obliga a mantener el aislamiento social obligatorio tanto en Perú como en naciones hermanas.
Esta pandemia declarada como tal por la Organización Mundial de la Salud el 11.03.2020, ha paralizado las actividades económicas y comerciales, ocasionando según los expertos, una crisis similar o superior a la que se produjo después de la segunda guerra mundial.
En el Perú se emitió inicialmente el Decreto Supremo Nro. 044-2020-PCM declarando el Estado de Emergencia Nacional[2] y trayendo consigo la paralización de casi todos los sectores económicos y la fuerza laboral, afectando también al comercio exterior peruano, en la medida que se prioriza el comercio de aquellos bienes de primera necesidad, que incluyen los medicamentos y equipos médicos que permitan enfrentar esta pandemia.
Frente a este panorama, fue necesario adoptar desde el Poder Ejecutivo una serie de medidas administrativas y legales para facilitar las actividades vinculadas al comercio exterior, las mismas que pasaremos a comentar en las siguientes líneas para destacar su impacto en las gestiones aduaneras.
2.- Suspensión de plazos para procedimientos aduaneros
La normatividad aduanera obliga al cumplimiento de plazos y requisitos en todos los regímenes y trámites aduaneros, y en caso de incumplimiento, la consecuencia es la aplicación de sanciones aduaneras por haberse configurado la infracción. Pero teniendo en cuenta que gran parte del país se encuentra paralizado, incluyendo las empresas del sector público y privado vinculadas al comercio exterior, era necesario establecer una norma que libere de esta responsabilidad a los operadores de comercio exterior y operadores intervinientes, frente al incumplimiento de estos plazos por razones de fuerza mayor.
Es así como la SUNAT comunicó oportunamente que las Intendencias de Aduanas a nivel nacional suspenderán por treinta (30) días hábiles los plazos de los procedimientos administrativos aduaneros que se hayan iniciado antes del 16 de marzo de 2020[3]. Asimismo, señaló que en virtud a lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley General de Aduanas[4], quedan suspendidos durante el Estado de Emergencia Nacional, los plazos de las fiscalizaciones y citaciones programadas, así como los plazos para la presentación de recursos impugnatorios.
Esta medida resulta de enorme importancia para salvaguardar los derechos de los usuarios aduaneros, quienes pudieron verse perjudicados por esta paralización de actividades en los procedimientos administrativos que se encontraban en trámite hasta antes del 16 de abril. También protege la legalidad de los actos administrativos que emita posteriormente la Administración Aduanera.
3.- Discrecionalidad para no aplicar sanciones aduaneras
A partir del 31 de diciembre de 2019 empezaron a regir las nuevas obligaciones y responsabilidades atribuibles a los operadores de comercio exterior y operadores intervinientes en el marco de las modificaciones a la Ley General de Aduanas dispuestas mediante el Decreto Legislativo Nro. 1433 y su Reglamento.
De manera concordante, entró en vigencia la nueva Tabla de Sanciones Aduaneras aprobada mediante el Decreto Supremo Nro. 418-2019-EF, fijando nuevas reglas de juego con la novedad que las sanciones tienen ahora su propia graduación, es así que existen sanciones leves, graves y muy graves.
La razón por la cual se establece esta graduación de sanciones aduaneras, se basa en la categorización de los operadores de comercio exterior, que se va a producir a partir del año 2021, por lo que dichos operadores deben demostrar el cumplimiento de la normativa aduanera, evitando incurrir en sanciones graves o no acumular sanciones en su propio record, porque les impediría obtener la ansiada categoría A[5].
Dada la trascendencia de este nuevo régimen de infracciones y sanciones aduaneras, la Administración Aduanera emitió la Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas Nro. 001-2020-SUNAT/300000, estableciendo un periodo de marcha blanca para no aplicar sanciones durante un periodo de adecuación de los operadores de comercio exterior y operadores intervinientes a estas nuevas reglas de juego.
Dicha Resolución de Superintendencia, fijó los siguientes requisitos:
a)  Las sanciones deben estar comprendidas en el anexo único que forma parte integrante de la referida resolución.
b)  Hayan sido cometidas por los operadores de comercio exterior u operadores intervinientes identificados en el citado anexo.
c)   Se cumplan las condiciones previstas para cada infracción detallada en el citado anexo.
d)  La facultad discrecional también se aplica a las infracciones cometidas o detectadas antes de su entrada en vigencia, siempre que no hayan sido determinadas por la Administración Aduanera.
e)  No procede la devolución ni compensación de los pagos realizados vinculados a las infracciones materia de la facultad discrecional.
La marcha blanca para los operadores de comercio exterior comprendió tres aspectos sancionables en la tabla, manifiestos, declaración y otra información, comprendiendo algunas infracciones como por ejemplo N07, N08, N09, N10, N11, N12, N14, N16, N18 y N19 cuando la infracción haya sido cometida a partir del 1.1.2020 hasta el 31.3.2020. Y el infractor haya transmitido o registrado la información omitida.
Y para los operadores intervinientes, la referida marcha blanca comprendió cuatro aspectos: manifiestos, declaración, otra información y control aduanero. A manera de ejemplo, citamos la sanción P44 que se deja de aplicar al importador obligado a gestionar despacho anticipado, que estuvo vigente hasta 31.03.2020.
Entonces las sanciones debieron aplicarse a partir de abril, pero debido a la Emergencia Nacional, se emitió la Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas Nro. 006-2020-SUNAT/300000, aplicando nuevamente la facultad discrecional para no determinar ni sancionar las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, siempre que se cumplan de manera conjunta las siguientes condiciones:
a)  La infracción se encuentre comprendida en el anexo único que forma parte integrante de la referida resolución.
b)  La infracción haya sido cometida desde el 12.03.2020 hasta el 09.06.2020.
c)   La infracción haya sido cometida por un operador de comercio exterior, operador interviniente o tercero comprendido en el anexo único, y
d)  Se haya transmitido o registrado la información omita o correcta.
e)  No procede la devolución ni compensación de los pagos realizados vinculados a las infracciones materia de la facultad discrecional.
En ese sentido, las infracciones que no determinan ni aplican a los operadores de comercio exterior[6] son las que corresponden a los siguientes códigos de la Tabla de Sanciones Aduaneras vigente: Del N07 al N21, N24 al N27, N33 al N35 y N46 a N47; en cuanto a los operadores intervinientes[7], se dejan de aplicar las sanciones cuyos códigos son del P01 al P14, P16 al P19, P24, P25, P39, P44, P46 al P49 y P51. En cuanto al tercero[8], se deja de aplicar la sanción que corresponde al código T01.
Consideramos que esta decisión de la Administración Aduanera guarda concordancia con la decisión del Poder Ejecutivo de flexibilizar sus acciones de control durante este periodo de emergencia nacional, donde estamos obligados a cumplir con el aislamiento social obligatorio, pero facilitando las actividades de comercio exterior que posibilitan el abastecimiento del mercado nacional con los bienes indispensables para combatir la pandemia.
4.- Tasa arancelaria temporal del 0% para ciertos bienes
Teniendo en cuenta que nuestra población necesita adquirir del mercado internacional los medicamentos, equipos médicos e implementos para proteger la salud y evitar el contagio del coronavirus, el Poder Ejecutivo adoptó la decisión de reducir temporalmente la tarifa arancelaria al 0% para diversos bienes durante el tiempo que dure la emergencia nacional emitiendo el Decreto Supremo Nro. 059-2020-EF.
La precitada norma señala que vencido el plazo de la declaratoria de emergencia sanitaria a que se refiere el Decreto Supremo Nro. 008-2020-SA, o las que puedan ampliar el referido plazo, se restablece, según corresponda la tasa de derechos arancelarios de 6% y 11%, vigentes hasta antes de la publicación del Decreto Supremo Nro. 051-2020-EF para los bienes comprendidos dentro de esta rebaja arancelaria.
Cabe relevar que los bienes considerados en esta reducción de la tarifa arancelaria destacan el alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior al 80%, el cloro, cloruro de hidrógeno, ácido sulfúrico, agua destilada de conductibilidad, o del mismo grado de pureza, aire líquido y aire purificado, sustitutos sintéticos de plasma humano, anestésicos, esparadrapos y venditas, algodón hidrófilo, vendas, botiquines equipados para primeros auxilios, prendas y complementos (accesorios) de vestir, incluidos los guantes, mitones y manoplas, mascarillas de protección, redecillas para el cabello, gafas protectoras para el trabajo, agujas tubulares de metal y agujas de sutura de uso clínico.
Tal como puede notarse en el párrafo anterior, se trata de diversos bienes que pueden ser utilizados tanto por los profesionales de la salud, como los que pueden ser adquiridos por la población para protegerse del contagio o recibir algún tipo de tratamiento médico supervisado por los galenos debidamente autorizados.
La reducción drástica de las tarifas arancelarias se justifica fundamentalmente en el hecho que, “la salud es una condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo, siendo responsabilidad del Estado fomentar la protección de la salud, prescindiendo de aquellos factores que dificulten su acceso con el fin de alcanzar dicho objetivo”[9].   
5.- Reducción de la Tasa de Interés Moratorio
Teniendo en cuenta que formamos parte de un entorno globalizado de la economía, siendo un país dependiente de las grandes potencias extranjeras como China, Estados Unidos de América y la Unión Europea, es indudable que las consecuencias económicas de esta pandemia van a afectarnos directamente en los próximos meses.
Por ese motivo, algunas entidades bancarias han decidido postergar para los siguientes meses el cobro de los créditos concedidos a sus clientes sin considerar los intereses, lo mismo se viene disponiendo con los recibos de las tarifas públicas como luz o agua.
Incluso el Poder Ejecutivo anuncia un plan para reactivar la economía con un paquete de medidas que van a representar el 12% de nuestro PBI, con el objetivo de no detener la cadena de pagos, apoyar al empresariado y retomar el camino del crecimiento económico. 
En ese contexto, la SUNAT emite la Resolución de Superintendencia Nro. 066-2020/SUNAT fijando a partir del 1 de abril la tasa de interés moratorio mensual del 1% para las deudas expresadas en moneda nacional y 0.5% mensual para las deudas expresadas en moneda extranjera, siempre que se trate de tributos administrados o recaudados por dicha entidad[10].
También se modifica la tasa de interés para las devoluciones por pagos efectuados indebidamente o en exceso, fijando en 0.42% para devoluciones en moneda nacional y 0.25% para devoluciones en moneda extranjera.
6.- Facilidades para el transporte de carga vinculada al comercio exterior
El artículo 4 del Decreto Supremo Nro. 044-2020-PCM[11] establece que durante el Estado de Emergencia Nacional y la cuarentena, las personas únicamente pueden circular por las vías de uso público para la prestación y acceso de los servicios y bienes esenciales; restringiendo con esta medida el libre tránsito de personas y medios de transporte dentro del territorio peruano.
Estas disposiciones afectaron también el desenvolvimiento de los operadores de comercio exterior por lo que el Ministerio del Interior emitió la Resolución Ministerial Nro. 333-2020-IN aprobando el Protocolo para la implementación de las medidas que garanticen el ejercicio excepcional del derecho a la libertad de tránsito en el marco del Estado de Emergencia Nacional, facultando al personal policial o al personal militar que al momento de la intervención soliciten la exhibición de los documentos tales como el Pase Personal Laboral a quienes trabajen en transporte de carga y mercancías, actividades conexas, así como servicios logísticos de apoyo al transporte de carga, incluyendo aquellas actividades y/o servicios de comercio exterior necesarios para la importación y exportación de mercancías.
Adicionalmente, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones emitió la Resolución Ministerial Nro. 0238-2020-MTC /01.02 precisando que las disposiciones sobre el transporte de carga y mercancías señaladas en el numeral 9.3 del artículo 9 del D.S. Nro. 044-2020-PCM, comprende además de las operaciones de carga y mercancías en el ámbito terrestre, acuático, aéreo y ferroviario; a toda otra actividad conexa a dichas operaciones vinculadas al comercio nacional o comercio exterior como son los servicios portuarios, aeroportuarios, aduaneros, logísticos, postales y demás que, de modo enunciativo, mas no taxativo, desarrollan las personas naturales o jurídicas tales como, administradores de infraestructura portuaria de titularidad pública y privada, agencias generales, agencias marítimas, fluviales y lacustres, agencias de aduana, agencias de carga, empresas de servicios postales, almacenes aduaneros, local del importador o exportador o lugar que éste disponga para la descarga y carga de mercancías, respectivamente, otros operadores de comercio exterior, operadores logísticos y demás mencionados en dicha  norma.
8.- Priorizando la vida humana antes que la economía.
Tal como puede advertirse, nuestro país se enfrenta con todos sus recursos al gran reto de vencer al virus COVID-19 con el menor costo de vidas humanas, priorizando la vida antes que la economía, la contención del coronavirus antes que la continuidad de las actividades de comercio.
Las decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo van encaminadas a lograr ese objetivo, siendo conscientes que el aislamiento social obligatorio y la inamovilidad social obligatoria, como medidas drásticas, van a perjudicar la economía del país y sus fuerzas productivas.
En ese contexto, las gestiones aduaneras no están funcionando en el nivel acostumbrado, por lo que genera algunas molestias en los importadores y exportadores, a lo cual se suman algunas dificultades que vienen afrontando al realizar sus operaciones logísticas. Pero debemos entender que se trata de un periodo excepcional, de carácter temporal que obliga en muchos casos a priorizar los bienes de primera necesidad o los indispensables para enfrentar al coronavirus.
Es aquí donde debe destacarse el esfuerzo que vienen haciendo las Aduanas Operativas por continuar brindando el servicio esencial de control en todos los puertos, aeropuertos y puntos de frontera, con los escasos recursos que tiene en acatamiento a las disposiciones de emergencia nacional. Sabiendo que se trata de un servicio esencial para el país[12].
En el mismo sentido, confiamos en que los operadores de comercio exterior, (depósitos temporales, agencias de aduana, agencias de carga, transportistas, empresas de envíos de entrega rápida, depósitos aduaneros autorizados; entre otros); adopten las mejores decisiones comerciales en este momento de emergencia nacional, para no perjudicar económicamente a los operadores intervinientes (importadores y exportadores), dado que las demoras en el retiro o movimiento de la carga, se generan básicamente por la difícil situación que atraviesa el país.
Confío en que el ejemplo mostrado por algunas entidades bancarias, empresas de servicios públicos, y la propia SUNAT, se replique en todos los operadores de comercio exterior, dado que es el momento de hacer historia demostrando la solidaridad entre peruanos, para juntos reactivar la economía y superar exitosamente esta pandemia.
9.- A manera de conclusión.
Durante el periodo de emergencia nacional se ven afectados los sectores productivos, la población económicamente activa y toda la economía en su conjunto. Pero coincidimos plenamente con el Poder Ejecutivo en que se debe priorizar la vida antes que los negocios.
De allí que debemos ser tolerantes con algunas dificultades o demoras en las gestiones aduaneras y operaciones de comercio exterior, porque somos conscientes que se trata de una medida temporal, que debe permitirnos demostrar lo mejor de nuestros valores éticos y muestras de solidaridad como peruanos.
Por su parte el Poder Ejecutivo dentro del rol que le corresponde, se encuentra adoptando diversas medidas conducentes a reactivar la economía, facilitar el libre tránsito de las personas naturales y jurídicas dedicadas a las operaciones de carga y mercancías en el ámbito terrestre, acuático, aéreo y ferroviario; y toda otra actividad conexa a dichas operaciones vinculadas al comercio nacional o comercio exterior como son los servicios portuarios, aeroportuarios, aduaneros, logísticos y postales.
La Administración Aduanera por su parte ha dispuesto ejercer su facultad discrecional para no determinar ni aplicar sanciones aduaneras hasta el 09 de junio de 2020, demostrando con esta medida su firme voluntad de facilitar el comercio exterior y extender la marcha blanca para los operadores de comercio exterior, operadores intervinientes y terceros, durante este periodo de emergencia nacional.
También resulta elogiable la disminución de la tasa de interés moratorio aplicable a las deudas tributario aduaneras a partir del 1 de abril de 2020; así como la reducción temporal del arancel aduanero hasta el 0% para setenta y siete subpartidas nacionales, que corresponden a bienes sumamente necesarios para proteger la salud de la población frente al coronavirus.
Un aspecto que también debemos mencionar es que se ha postergado la entrada en vigencia de nuevos procedimientos aduaneros, como es el caso de exportación definitiva y material de uso aeronáutico, que requieren se normalicen las actividades de comercio exterior para poder aplicarse.
Finalmente, no olvidemos que el esfuerzo que hacemos todos los peruanos por cumplir con la cuarentena y permanecer en nuestras casas junto a la familia para evitar el contagio, dará resultados positivos en el corto plazo, si nos comportamos de manera disciplinada y acatamos las disposiciones del Poder Ejecutivo protegiendo a la población más vulnerable. Tengamos fe, lo vamos a superar siempre unidos y más solidarios que nunca.


[1] Abogado. Maestro en Derecho. Máster in Business International. Doctor en Educación.
[2] Mediante Decreto Supremo Nro. 008-2020-SA se declaró la emergencia sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 días calendario debido a la existencia en el Perú del COVID-19.
[3] Suponemos que dicha suspensión vencería el 24 de abril de este año 2020.
[4] Artículo 138.- Suspensión de plazos
El plazo de los trámites y regímenes se suspenderá mientras las entidades públicas o privadas obligadas no entreguen al interesado la documentación requerida para el cumplimiento de sus obligaciones aduaneras, por causas no imputables a él, por fallas en los sistemas internos o falta de implementación informática atribuibles a la SUNAT, o por caso fortuito o de fuerza mayor debidamente acreditado ante la autoridad aduanera.
Cuando la suspensión es a petición de parte, la solicitud debe ser presentada durante la vigencia del plazo de los trámites y regímenes”.
[5] Los operadores de comercio exterior que obtengan la categoría A tienen como principal beneficio que el monto de su garantía para operar el siguiente año, no va a sufrir ninguna variación, y por lo tanto no va afectar su patrimonio.
[6] Persona natural o jurídica que necesita una autorización de la Administración Aduanera para su funcionamiento como tal. Ejemplo: Agencia de Aduana, Depósito Temporal, Transportista, Agente de carga, etc.
[7] Es operador interviniente el importador, exportador, beneficiario de los regímenes aduaneros, pasajero, administrador o concesionario de las instalaciones portuarias, aeroportuarias o terminales terrestres internacionales, operador de base fija, laboratorio, proveedor de precinto, y en general cualquier persona natural o jurídica interviniente en un régimen o trámite aduanero, o en una operación relacionada a aquellos, que no sea operador de comercio exterior.
[8] Se trata del tercero vinculado a la operatividad aduanera o a otra operación relacionada a esta, que no califique como operador de comercio exterior u operador interviniente.
[9] Texto extraído del cuarto considerando del D.S. Nro.059-2020-EF.
[10] Cabe mencionar que la TIM mensual para deudas tributarias expresadas en moneda nacional era de 1.2% y en moneda extranjera era 0.6% mensual.
[11] Mediante Decreto Supremo Nro. 051-2020-PCM se dispuso la prórroga del Estado de Emergencia Nacional por el término de trece días hábiles contados a partir del 31 de marzo del año 2020.
[12] Artículo 4º.- Facilitación del comercio exterior
Los servicios aduaneros son esenciales y están destinados a facilitar el comercio exterior, a contribuir al desarrollo nacional y a velar por el control aduanero y el interés fiscal. (LGA)