28 diciembre, 2020

Negocios Internacionales en la nueva normalidad

 


Dr. Javier Gustavo Oyarse Cruz[1].

     A.   Introducción

El año 2020 para muchos es considerado como un año atípico, donde priman las restricciones sanitarias que obligan al distanciamiento social, repercutiendo en las actividades de comercio, industria, educación, así como las actividades sociales, culturales, deportivas, entre otras.  Quizás podemos coincidir en que se trata de un año en que cualquier planificación empresarial estará sujeta a cambios constantes.

En este escenario de gran incertidumbre, surgen algunas voces respecto a que el virus COVID-19 estaría mutando, y la carrera contra el tiempo que vienen desarrollando los grandes laboratorios por encontrar una vacuna podrían resultar improductivos, en la medida que se requiere un mayor tiempo de estudios y experimentación para estar seguros de su eficacia[2].

Otros señalan con cierto pesimismo, que lo experimentado en este año 2020 no es más que el preámbulo de futuras pandemias, que vendrán teniendo mayor peligrosidad y agresividad para los habitantes de nuestro planeta. Por lo que me pregunto, ¿estamos realmente preparados para continuar realizando negocios internacionales en esa nueva normalidad?   

En las siguientes líneas permítanme responder esta interrogante, relevando la singular importancia de las operaciones de comercio internacional para el abastecimiento de los mercados y la ansiada reactivación económica. Lo haré revisando algunas iniciativas que surgieron para superar las restricciones que genera la cuarentena al momento de gestionar las actividades de comercio exterior.

B.   Negocios Internacionales

En Latinoamérica los gobernantes decidieron adoptar medidas de confinamiento a partir de marzo 2020, paralizando diversas actividades como la educación, las industrias, y el comercio en general que estuvo sujeto a varias restricciones. Lo cual, se entiende si tomamos en cuenta que el contagio masivo del coronavirus pone en peligro la vida de los pacientes infectados debido a la limitada capacidad de respuesta de los nosocomios en nuestro país.

Pero en este escenario de caos y desconcierto, cabe mencionar los riesgos latentes que provenían de compromisos o contratos firmados desde el año 2019 que comprometían a importadores y exportadores desde el Perú a realizar la nacionalización de bienes y/o gestionar embarques de mercancías durante el año 2020, bajo penalidades previstas en los respectivos contratos.

Por esa razón, fue necesario destrabar las restricciones al comercio internacional que los gobernantes habían impuesto por temor al contagio, flexibilizando las medidas para la recepción de naves en los puertos, y del mismo modo, creando protocolos para la recepción de aeronaves en los aeropuertos[3]. Es decir, no era prudente cerrar los mercados, porque agravaría aún más la crisis sanitaria. Lo cual, se vio golpeada duramente con el incremento de los fletes, que complicó un poco más esta tarea de reactivar las actividades vinculadas a los negocios internacionales.

Como deben suponer, estas medidas se plasman en normas que son emitidas por algunas entidades públicas con el firme propósito de lograr conectarse de manera competitiva con el mercado global de bienes y servicios. Normas que provienen de los diferentes sectores involucrados con los negocios internacionales, como por ejemplo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía y Finanzas, etc.

C.   Derecho Aduanero

Las normas a las que hacemos referencia en el acápite anterior regulan las actividades vinculadas a los negocios internacionales, y pertenecen al ámbito del Derecho Aduanero, como disciplina perteneciente a las ciencias jurídicas que se encarga de regular el ingreso, salida y traslado de mercancías, medios de transporte y personas por las fronteras de cada país. Se trata de una disciplina jurídica autónoma[4] que durante esta pandemia ha tenido que resolver sobre la marcha diversas situaciones que afectaban el comercio exterior.

El jurista mexicano Andrés Rhode (2002)[5], respecto a la autonomía del derecho aduanero señala como fundamento que se trata de tres tipos, entre las cuales destaca la científica o dogmática, la didáctica y la legislativa. Así tenemos que desde el punto de vista dogmático existen algunas instituciones jurídicas que son de naturaleza global, como por ejemplo el control aduanero, que desde mi modesta opinión forma parte de la identidad propia de la Administración Aduanera en el mundo.

En cuanto a la autonomía didáctica, puedo mencionar que algunas Escuelas de Posgrado de universidades públicas y privadas en el Perú, ya tienen incorporado dentro de su malla curricular curso de especialización, estudio, investigación y actualización en materia de Derecho Aduanero y Comercio Exterior. No es difícil presagiar que en el futuro inmediato, algunos estudiantes elegirán como tema de investigación para su Tesis, los efectos de la pandemia en los negocios internacionales, la gestión aduanera y el comercio exterior peruano.

Y en lo que respecta a la autonomía legislativa, partimos de la Constitución Política del Perú que consagra las libertades de comercio, las mismas que luego sirven de fundamento a la Ley General de Aduanas, Ley de Delitos Aduaneros y reglamentos. De manera concordante tenemos que cumplir con los Acuerdos Comerciales que nos vinculan con países amigos, considerados como socios comerciales para eliminar las barreras arancelarias y para arancelarias; dentro de los procesos de integración económica que el Perú viene desarrollando con singular acierto[6].

El Derecho Aduanero como disciplina jurídica se encuentra en constante cambio, no sólo por los avances de la ciencia y la tecnología que nos enfrentan a un entorno globalizado y competitivo de los negocios internacionales, sino fundamentalmente por los retos que surgen a raíz de la pandemia. Así podemos observar que varios procedimientos aduaneros se están adecuando progresivamente a plataformas digitales, con el objetivo de simplificar los trámites y ahorrar costos logísticos.

D. Gestión de negocios internacionales de manera virtual

En la parte introductoria del presente artículo nos planteamos la siguiente pregunta: ¿estamos realmente preparados para continuar realizando negocios internacionales en esa nueva normalidad?  Responder esta interrogante nos conduce a revisar algunos cambios que se produjeron desde marzo 2020 en adelante.  

Tenemos por ejemplo que, siendo necesario evitar el contagio de los usuarios aduaneros, los diversos organismos del Estado Peruano pusieron al servicio de los administrados, una Mesa de Partes Virtual para que se puedan gestionar los regímenes y servicios aduaneros de manera remota[7]. Y esta herramienta digital se viene utilizando para presentar solicitudes de clasificación arancelaria de mercancías, solicitudes de devolución por pagos indebidos o en exceso derivados de obligaciones tributaria aduaneras, solicitudes de fraccionamiento o aplazamiento de deudas aduaneras, etc.

Otro cambio importante, fue la digitalización de los regímenes aduaneros de exportación e importación, cuyo objetivo fundamental consiste en eliminar el uso de documentos impresos en hojas de papel, simplificar trámites administrativos y brindar mayor transparencia en las gestiones aduaneras. Sin duda, este fue el cambio más relevante, dado que se trata de la implementación de un nuevo modelo de despacho aduanero basado en la declaración anticipada de las mercancías.

También destaca el rol del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, para promover las exportaciones, lo cual se evidencia con la aprobación del reglamento para actualizar la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)[8], que permite obtener de manera digital los permisos y autorizaciones para mercancías restringidas, y también el certificado de origen para las transacciones comerciales realizadas entre los países miembros de la Alianza del Pacífico.

Otro cambio importante, fue la aprobación del Reglamento del Exportador Autorizado[9], que se convierte en un eficaz mecanismo que evidencia la confianza en los exportadores, para delegarles la responsabilidad de certificar el origen de sus propias mercancías, previo cumplimiento de algunos requisitos formales. En el fondo, este cambio persigue también la finalidad de ahorrar costos logísticos.

Merece un comentario singular, la dación del Decreto Legislativo N° 1492 que tiene dos grandes objetivos, por un lado la digitalización de los procedimientos logísticos para el movimiento de los contenedores mediante el endose en procuración utilizando medios electrónicos, y por otro lado, la transparencia en la fijación de las tarifas por los servicios logísticos que brindan algunos operadores de comercio exterior, como las líneas navieras, Depósitos Temporales, Agentes de carga y Agentes de Aduana.

Ojalá se apruebe pronto el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1492[10], para que sea implementada por las empresas vinculadas a la cadena logística internacional; dado que se trata de uno de los cambios relevantes en materia se simplificación y ahorro de costos vinculados al movimiento de contenedores dentro del territorio peruano, beneficiando de ce manera directa a los usuarios aduaneros que realizan operaciones de importación o exportación.

Siguiendo la misma línea de pensamiento expuesta en el párrafo anterior, se aprobó el Reglamento MISLO[11], que crea el Módulo de información sobre los servicios de logística de comercio exterior, con el propósito de brindar a los usuarios aduaneros (vale decir importadores y exportadores), la posibilidad de conocer con la debida antelación las tarifas o gastos que debe considerar en su planeamiento estratégico empresarial, de modo que puedan generar mayor competitividad.

D.   Oportunidades de mejora

Dentro de las iniciativas surgidas durante la pandemia, cabe mencionar que, a partir del 16 de marzo 2020, fecha en que se dispuso el aislamiento social obligatorio, los plazos y trámites que estaban pendientes por vencer tuvieron que suspenderse para no afectar los derechos del usuario aduanero y las facultades de control aduanero que ejerce la Administración Aduanera[12].

Siempre van a surgir algunas oportunidades de mejora en esta etapa de confinamiento y trabajo remoto, algunas basadas por ejemplo en la digitalización de procesos, las que actualmente caminan en velocidades distintas al momento de acceder a los servicios vinculados al comercio exterior y los negocios internacionales. Por un lado, tenemos lo que podría llamarse la velocidad crucero a cargo de la Administración Aduanera, que le ha permitido implementar con éxito las importaciones y exportaciones digitales.

Por otro lado, tenemos un avance a velocidad moderada del parte de los operadores de comercio exterior, quienes se encuentran implementando algunas plataformas digitales o servicios electrónicos que posibiliten a sus clientes, por lo general, usuarios aduaneros, el libre acceso de manera remota a su mercancía y documentos. Considero que, es aquí donde surge una visible oportunidad de mejora.

El mundo ha cambiado y los servicios digitales están basados en una nueva normalidad que tiene como denominador común el e-commerce o comercio electrónico, por lo que todo servicio creado en esta etapa permanecerá incluso superada la pandemia, por lo que, resistirse al cambio no aporta de manera significativa a la competitividad de los operadores de comercio exterior. Mas bien los conduce hacia una zona de riesgo, si no reaccionan a tiempo para fidelizar a sus clientes internos y externos.

En ese sentido, considero que se deberían emprender con mayor dinamismo planes de virtualización de procesos con el objetivo de acercarse a las necesidades del usuario aduanero, evitando en la medida de lo posible los trámites presenciales, el uso del papel impreso y, sobre todo, permitiendo que puedan realizar la trazabilidad en tiempo real del movimiento de sus mercancías mediante aplicativos móviles de libre acceso.

Cabe mencionar que existen algunos proyectos y avances que vemos con expectativa, como por ejemplo la posibilidad de generalizar el uso de los conocimientos de embarque en formatos digitales[13], eliminando para siempre el requisito del endose en procuración mediante la firma y sello en el documento impreso para su validez como tal. Lo cual, definitivamente aportará a la mayor competitividad de nuestro país.

E.    Conclusiones

Empezamos este artículo preguntándonos si ¿estamos realmente preparados para continuar realizando negocios internacionales en esa nueva normalidad?  Respondo afirmativamente indicando que, han transcurrido varios meses desde que se declaró la emergencia sanitaria en el Perú, y con el transcurrir del tiempo, nos vamos adaptando a nuevas formas de gestionar los negocios internacionales, desde la comodidad de sus hogares u oficinas y sin necesidad de desplazarse a las oficinas del sector público o privado.

La nueva normalidad permite que podamos realizar reuniones virtuales en diversas plataformas digitales para exponer planes estratégicos, gerenciar empresas, medir resultados, liderar equipos de alto rendimiento o concretar algunos contratos internacionales. Destacando nuestra capacidad de adaptación a nuevos hábitos de convivencia social en la comunicación utilizando dichos medios electrónicos.

El Derecho Aduanero como disciplina jurídica autónoma se encuentra en constante cambio, no sólo por los avances de la ciencia y la tecnología que nos enfrentan a un entorno globalizado y más competitivo de los negocios internacionales, sino fundamentalmente por los retos que surgen a raíz de la crisis sanitaria global. Por lo que, debemos estar en capacidad de responder con un marco jurídico que garantice la continuidad de las transacciones vinculadas al comercio exterior de bienes y servicios.

Tengo el convencimiento que la pandemia ha generado un efecto positivo en la digitalización de servicios aduaneros, tanto en el sector público como en el sector privado, de modo que los usuarios del comercio exterior hoy cuentan con mayores herramientas digitales para gestionar los negocios internacionales aportando de ese modo a la eficiencia y simplificación de trámites administrativos.

Pero siempre surgirán nuevas oportunidades de mejora, basadas en la aldea digital que estamos construyendo en el Perú, y el reto consiste en seguir avanzando a la misma velocidad, incluso superada la pandemia, para hacer realidad otros proyectos más ambiciosos, como por ejemplo la creación de los Smart Ports[14]; empezando por el Callao, luego Paita, después Mollendo y así sucesivamente.



[1] Abogado. Maestro en Derecho Civil y Comercial. Máster International Business. Doctor en Educación. Docente en Escuelas de Posgrado UNMSM, PUCP, USMP y UPC.

[2] Según la revista The Econimist, el gobierno de Francisco Sagasti proyecta tener 150 mil vacunas antes de fin de año 2020, pero las millones de vacunas que se esperan no llegarían sino hasta el 2022.

[3] Resolución de Presidencia de Directorio Nº 0007-2020-APN-PD que aprueba los Lineamientos obligatorios para desarrollar procedimientos y protocolos para prevenir el contagio del COVID-19 en las instalaciones portuarias.

[4] La autonomía del Derecho Aduanero es sostenida en Europa por Francisco Pelecha Sosaya (2009), Fernando Muñoz García (1974); en América es defendida por Ariosto D. Gonzales (1983), Manuel Gonzales Carrizales (1990), German Pardo (2009), Máximo Carvajal (2007); Ricardo Xavier Basaldúa (1992), Andrés Rhode (2202) y Héctor Vidal Albarracín (2004); entre otros.

[5] Andrés Rhode Ponce, Derecho aduanero mexicano. México D. F.  Ediciones Fiscales ISEF, Año 2002.

[6] Los acuerdos comerciales vigentes para el Perú en  http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/

[7] Las instrucciones para acceder a dicha herramienta digital los pueden encontrar en

 https://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/personas-menu/centro-de-tramites-virtual/mesa-de-partes-virtual

[8] Decreto Supremo N° 008-2020-MINCETUR que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30860, Ley de fortalecimiento de la Ventanilla Única de Comercio Exterior.

[9] Decreto Supremo N° 005-2020-MINCETUR que aprueba el Reglamento del Exportador Autorizado.

[10] El proyecto de Reglamento fue publicado en Junio 2020

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/864192/RM_N__102.pdf

[11] Decreto Supremo N° 005-2020-MINCETUR que aprueba el Reglamento del artículo 10 de la Ley N° 28977 para la implementación del Módulo de Información sobre los Servicios de Logística de Comercio Exterior.

[12] Informe N° 110-2020-SUNAT-340000 publicado en el Portal Institucional

    http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficiosAd/2020/2020-INF-110-340000.pdf

[13] Respecto al conocimiento de embarque digital, los invito a revisar la publicación siguiente:



22 diciembre, 2020

Facultad de control posterior de las autoridades de los países miembros de la CAN

 

Asunto controvertido:

 El tema controvertido en el Proceso N° 200-IP-2019  consiste en determinar si el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) debió efectuar obligatoriamente el reconocimiento físico de las mercancías de conformidad con lo previsto en el último párrafo del artículo 14 de la Decisión 778.

Asimismo, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario con sede en Cuenca, Provincia de Azuay, República del Ecuador, solicita la interpretación prejudicial del último párrafo del artículo 14 de la Decisión 778 de la Comisión de la Comunidad Andina, respondiendo a la siguiente consulta: ¿Para que una Declaración Aduanera de Importación (DAI) pueda ser sometida a un proceso de control posterior, debe necesariamente realizarse una constatación física de las mercancías en el lugar donde se encuentren, sin cuyo requisito la Administración Aduanera estaría impedida de practicar dicha determinación?

Comentarios:

La Administración Aduanera tiene facultades reconocidas por ley para controlar el ingreso, permanencia, traslado y salida de personas, mercancías y medios de transporte, dentro del territorio aduanero, así como para aplicar y hacer cumplir las disposiciones legales y reglamentarias que regulan el ordenamiento jurídico aduanero.

En el ejercicio de esta facultad, los administradores y concesionarios, o quienes hagan sus veces, de los puertos, aeropuertos, terminales terrestres y almacenes aduaneros, deben proporcionar a la autoridad aduanera las instalaciones e infraestructura idóneas para el ejercicio de la potestad aduanera[1].

De otro lado, cabe precisar que la Administración Aduanera ejerce su potestad disponiendo la ejecución de acciones de control, antes y durante el despacho de las mercancías, con posterioridad a su levante o antes de su salida del territorio aduanero. De allí que, en la Ley General de Aduanas peruana se haya definido al control aduanero como, aquel “Conjunto de medidas adoptadas por la Administración Aduanera con el objeto de asegurar el cumplimiento de la legislación aduanera, o de cualesquiera otras disposiciones cuya aplicación o ejecución es de competencia o responsabilidad de ésta”.[2]

Desde el punto de vista de la legislación supranacional, tenemos que la Decisión 778 en su artículo 2 señala expresamente que: “El control aduanero se aplicará al ingreso, permanencia, traslado, circulación, almacenamiento y salida de mercancías y sobre unidades de transporte y de carga, hacia y desde el territorio aduanero nacional de cada País Miembro. Asimismo, el control aduanero se ejercerá sobre las personas que intervienen en las operaciones de comercio exterior y sobre las que entren o salgan del territorio aduanero nacional de cada País Miembro”.

Queda claro entonces que la Decisión 778 establece las normas que las autoridades aduaneras de los países miembros de la Comunidad Andina deberán aplicar para el control de las operaciones de comercio exterior, dentro de sus circunscripciones aduaneras. De allí la importancia de precisar los objetivos que se persiguen en una acción de control aduanero, para lo cual, nos remitimos al artículo 5 de la precitada Decisión 778 que transcribimos a continuación:

 “Artículo 5.- Las acciones de control e investigación efectuadas por las Administraciones Aduaneras de cada País Miembro, tienen por objeto comprobar:

a) La exactitud de los datos declarados relativos a las destinaciones amparadas en una o más declaraciones presentadas por un declarante durante un determinado periodo de tiempo;

b) El cumplimiento de los requisitos exigidos a mercancías ingresadas a un País Miembro mientras permanezcan bajo un régimen de perfeccionamiento activo o de importación temporal o cualquier régimen de importación con suspensión de tributos o con tratamiento preferencial;

c) El cumplimiento de los requisitos exigidos a las mercancías ingresadas a un País Miembro al amparo de uno de los demás destinos aduaneros o con la exención de tributos; y,

d) La legal circulación de las mercancías en el territorio aduanero de cada País Miembro”.

En ese sentido, la referida norma comunitaria señala precisamente que las acciones de control aduanero, están orientadas a verificar la veracidad de la información brindada en las declaraciones aduaneras, para efecto de comprobar el cumplimiento de las normas relativas a una determinada destinación aduanera de las mercancías, y de ese modo permitir su libre circulación dentro del territorio aduanero.

Cabe precisar que los principios de buena fe y de presunción de veracidad son base para todo trámite y procedimiento administrativo aduanero de comercio exterior[3]; por lo que el asunto controvertido que es materia del presente análisis, se refiere no a la generalidad de las declaraciones presentadas ante la Administración Aduanera, sino a una declaración específica que bajo indicadores de riesgo, fue seleccionada para su revisión por parte de la autoridad aduanera.

Efectuada esa necesaria precisión, nos remitimos  al artículo 7 de la Decisión 778, para identificar las tres fases que comprenden las acciones de control aduanero, teniendo en cuenta la propia naturaleza de las operaciones de comercio exterior:

“Artículo 7.- El control aduanero podrá realizarse en las fases siguientes:

a) Control anterior o previo: el ejercido por la Administración Aduanera antes de la admisión de la declaración aduanera de mercancías.

b) Control durante el despacho: el ejercido desde el momento de la admisión de la declaración por la aduana y hasta el momento del levante o embarque de las

mercancías.

c) Control posterior: el ejercido a partir del levante o del embarque de las mercancías despachadas para un determinado régimen aduanero.

En caso la legislación nacional de algún País Miembro lo contemple, las fases de control anterior y durante el despacho podrán estar comprendidas en una sola fase”.

La norma comunitaria citada anteriormente señala que la autoridad aduanera puede realizar el control aduanero antes de la numeración de la declaración aduanera, durante el trámite del despacho aduanero y después de otorgado el levante aduanero, lo cual, en el contexto peruano es conocido, como el control previo, el control concurrente y el control posterior.

Pasemos ahora a analizar el artículo 14 de la Decisión 778, que es el asunto controvertido en el Proceso 200-IP-2019 que nos ocupa, y veremos que está referido específicamente a regular las actuaciones de la autoridad aduanera cuando ejerce su facultad de control posterior.  

 Artículo 14.- Una vez autorizado el levante o el embarque de las mercancías y con el objeto de garantizar la exactitud y veracidad de los datos contenidos en la declaración, las autoridades aduaneras podrán proceder al control posterior de:

a) Mercancías, documentos y demás datos relativos a las operaciones de importación, exportación o tránsito aduanero de las mercancías de que se trate;

b) Documentos y datos relativos a las operaciones comerciales posteriores o anteriores vinculadas a la importación, exportación o tránsito aduanero de las mercancías de que se trate, incluyendo el Documento Único Aduanero (DUA) y la Declaración Andina del Valor (DAV);

c) Operaciones de transformación, elaboración, montaje, reparación y otras a las que estén sometidas las mercancías importadas al amparo de un régimen de perfeccionamiento activo, así como los productos obtenidos de estas operaciones; o

d) El cumplimiento de los requisitos exigidos a las mercancías en importación temporal y demás regímenes suspensivos del pago de los derechos e impuestos a la importación y recargos, o sujetos a tratamientos preferenciales y a las mercancías importadas al amparo de los demás destinos aduaneros.

 Las acciones de control posterior sobre las declaraciones, manifiesto de carga y demás documentos comerciales, contables y bancarios relativos a una determinada operación comercial, comprenderán el reconocimiento de las mercancías en el lugar en el que se encuentren.  (Énfasis añadido)

El artículo 14 de la Decisión 778 señala de manera enunciativa los documentos que la autoridad aduanera esta facultada a requerir en sus acciones de control, lo cual no impide que, dependiendo de cada caso en concreto, pueda solicitar alguna documentación adicional[4].  El Tribunal de Justicia menciona que “Si bien la norma, al momento de detallarla información susceptible de requerimiento por parte de la autoridad aduanera, muestra un artículo numerus apertus, ello no faculta a la autoridad aduanera a solicitar información o documentación que no se encuentre relacionada con la operación aduanera, lo cual deberá analizarse en cada caso concreto”.

Y respecto a las mercancías, menciona que comprende su reconocimiento en el lugar en el que se encuentren, dado que, habiéndose concedido el levante aduanero, es obvio que dicha mercancía, puede no estar en posesión o propiedad del declarante, por haber sido comercializado dentro del territorio del país miembro. Por su parte el Tribunal de Justicia señala que “en el ejercicio del control posterior la autoridad aduanera no siempre está obligada a realizar el reconocimiento sobre las mercancías físicas, generalmente realiza el reconocimiento sobre los documentos que forman parte de la declaración aduanera, por cuanto, lógicamente, esto dependerá de la naturaleza de las mercancías, del tiempo que haya transcurrido entre el levante o embarque de la mercancía (recordando que la prescripción de la facultad de control posterior dependerá de lo establecido por la norma interna de cada país miembro), y por supuesto del destino de estas, en el entendido de que el importador busca comercializar de la manera más rápida posible sus mercancías, y en muchas ocasiones ya no existe en inventario. Es decir, la autoridad aduanera hace el reconocimiento de las mercancías en el lugar en tanto ello sea posible y lo considere pertinente”.

Cabe precisar que basado en esta línea de pensamiento, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina concluye señalando que, para que una Declaración Aduanera de Importación (DAI) pueda ser sometida a un proceso de control posterior, no debe necesariamente realizarse una constatación física de las mercancías en el lugar donde se encuentren, por lo que este requisito no le impide a la Administración Aduanera ejercer su facultad de determinación de la deuda aduanera.

Es importante señalar que este pronunciamiento del Tribunal de Justicia desarrolla a manera de fundamento, los aspectos vinculados a la valoración aduanera, que motivaron el cuestionamiento de las facultades de control a cargo del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE). Para lo cual invoca el artículo 54 de la Resolución 1684 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, donde se señala que los documentos que pueden ser obtenidos por las autoridades aduaneras para comprobar los elementos de hecho y circunstancias comerciales de la negociación y del cumplimiento de las disposiciones previstas en el Acuerdo sobre Valoración de la OMC, la Decisión 571.  

Conclusiones:

Las acciones de control aduanero forman parte de la misión que las Aduanas deben cumplir en el mundo, para supervisar el ingreso y salida legal de mercancías por las fronteras, así como proteger la vida y salud de los consumidores en el mercado dentro del marco de la ley.

Es así que, la Decisión 778 constituye el marco legal comunitario que permite fortalecer dichas acciones de control aduanero y permitir que se ejerzan dichos actos administrativos antes, durante y después de culminado el despacho aduanero.

Si bien es cierto, dichas facultades de control tienen como objetivo verificar el cumplimiento de los requisitos legales para la correcta destinación aduanera de las mercancías, queda claro que se puede realizar mediante la constatación de la veracidad de la información contenida en los documentos y de ser factible, en el reconocimiento físico de las mercancías.

En consecuencia, si se realiza el control posterior al levante aduanero y la mercancía no es posible de ser reconocida físicamente por haberse comercializado y/o consumido en el mercado nacional, este requisito puede ser suplido con la verificación de los documentos que respaldan la destinación aduanera.

Recomendaciones:

Partiendo de la premisa que, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, no brinda respuestas que resuelven un caso en concreto, solo se limita a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina y tampoco califica los hechos materia de un proceso, le corresponde a las autoridades administrativas y judiciales de los países miembros de la Comunidad Andina, en el marco de sus competencias, resolver cada caso en concreto, aplicando los criterios o interpretaciones emitidos por el mencionado Tribunal así como las demás fuentes del Derecho.

Respecto a las acciones de control posterior, se debe tener en cuenta la recomendación del Tribunal de Justicia en el sentido que, las autoridades aduaneras deben adecuar sus actuaciones a los planes o programas que deben ser elaborados de forma periódica (anual), basado en criterios de objetividad, oportunidad, selectividad y capacidad operativa. En dichos planes se debe tomar en cuenta, el periodo de prescripción o caducidad de las acciones según la legislación nacional[5].

Finalmente, las administraciones aduaneras deben continuar articulando con otros órganos nacionales o de cooperación aduanera internacional para fortalecer sus acciones de control y documentar sus actuaciones conforme a lo estipulado en los artículos 18, 19, 20 y 21 de la Decisión 778.



[1] De conformidad con el artículo 164 de la Ley General de Aduanas aprobada por el D. Leg. 1053.

[2] Definición contenida en el artículo 2 de la Ley General de Aduanas aprobada por el Decreto Legislativo N° 1053.

[3] De conformidad con lo previsto en el artículo 8 de la Ley General de Aduanas probado por el D. Leg. 1053.

[4] El inciso b del artículo 166 de la Ley General de Aduanas aprobada por el D. Leg. 1053 señala que la autoridad aduanera, a efectos de comprobar la exactitud de los datos contenidos en una declaración aduanera, podrá exigir al declarante que presente otros documentos que permitan concluir con la conformidad del despacho.

[5] Para tal efecto recomendamos revisar el artículo 155 de la Ley General de Aduanas modificado por el D. Leg. 1433.


31 agosto, 2020

Importaciones y Exportaciones Digitales


Dr. Javier Gustavo Oyarse Cruz[1]
I.    Introducción
La crisis sanitaria global está obligando a todos a cambiar hábitos y formas de trabajo o estudio con el uso masivo de la tecnología, lo cual definitivamente ha permitido que el ritmo de vida se desarrolle de manera silenciosa en las oficinas y centros de estudio, debido al confinamiento que todos estamos obligados a cumplir para evitar el contagio.  
En paralelo vemos con mucha expectativa el desarrollo de diversas plataformas digitales que simplifican las actividades comerciales o los servicios que usualmente se hacían de manera presencial, pero hoy, dadas las actuales circunstancias, deben realizarse de manera remota utilizando las videograbadoras.
Nuestra habitualidad ha cambiado, por lo que debemos darle una mirada al comercio exterior, para comprobar si están surgiendo nuevas herramientas digitales que simplifiquen las operaciones de importación y exportación, dentro del objetivo de alcanzar la reactivación de las actividades de comercio exterior.
II. Importaciones Digitales
Desde el 31.12.2019 empezamos a aplicar los cambios aprobados en la Ley General de Aduanas mediante el Decreto Legislativo 1433, lo cual involucra una nueva forma de identificar a los sujetos de la obligación aduanera, que ahora están agrupados en:
 a)    Operadores de comercio exterior
 b)    Operadores intervinientes, y 
 c)    Terceros
Así como un nuevo régimen de infracciones y sanciones aduaneras que tuvo como novedad la Tabla de Infracciones y Sanciones Aduaneras[2], identificando a las infracciones por códigos y estableciendo niveles de graduación, por lo que ahora existen sanciones leves, graves y muy graves.
Pero, llegó la pandemia a mediados de Marzo y fue necesario aplicar la facultad discrecional en materia de sanciones, para efecto de suspender la aplicación de sanciones debido al aislamiento social obligatorio la que estuvieron sometidos los operadores de Comercio Exterior.
Pero las gestiones de importación han continuado desarrollándose dentro de este periodo, priorizando los bienes indispensables para combatir el coronavirus y adquirir los equipos de protección personal, con la participación activa de los importadores y agentes de aduana, quienes no se vieron afectados directamente en sus actividades, debido a la existencia de plataformas digitales creadas por la Administración Aduanera.
Cabe resaltar que la aduana peruana desde mediados de los años 90 había desarrollado con singular acierto proyectos, que le permitieron automatizar sus trámites y procedimientos, siendo oportuno felicitar al equipo de ingenieros de sistemas, quienes crearon el primer software con la denominación de Sistema Integrado de Gestión Aduanera (SIGAD) para realizar la migración de todos los regímenes aduaneros hacia un nuevo lenguaje electrónico.
Actualmente dicha plataforma digital con todas sus actualizaciones y mejoras recibidas en el tiempo, se convirtió en el principal mecanismo de facilitación del comercio exterior y una respuesta oportuna para atender los requerimientos formulados por los operadores de comercio exterior y operadores intervinientes en este nuevo escenario, dónde se busca evitar la presencia del personal que se dedica a labores logísticas en las oficinas de aduanas, almacenes, agencias de carga, navieras y demás entidades vinculadas a los negocios internacionales.
Debemos destacar qué varios años antes de la pandemia, la aduana peruana puso en funcionamiento una casilla electrónica corporativa aduanera (CECA), para que los agentes de aduana y demás operadores de comercio exterior puedan entregar sus documentos de manera digital, y cumplir de esa manera sencilla con los requerimientos vinculados a las acciones de control a cargo de la autoridad aduanera. Este mecanismo electrónico tiene como principal potencialidad que se encuentra a disposición de los usuarios aduaneros las 24 horas y los 365 días del año.
El inicio del trámite de importación se realiza mediante el mandato electrónico[3] que el importador puede gestionar desde el portal institucional de la SUNAT de manera libre y gratuita, eligiendo al agente de aduana de su preferencia ya sea para una sola operación de importación o por un período de tiempo que puede ser máximo 12 meses. Incluso pueden modificar o revocar dicho mandato electrónico sin costo alguno, dado que se basa en el principio de la libre contratación y la transparencia en la información.
También los importadores tienen la posibilidad de gestionar el sistema de despacho anticipado[4] para lograr con ello simplificar sus trámites aduaneros ahorrar los costos logísticos y agilizar todo trámite para conseguir en sólo 48 horas el levante aduanero, qué le permitirá colocar la mercancía en el mercado nacional y generar mayor competitividad frente a sus clientes.
Otro aspecto que debemos considerar dentro de los servicios aduaneros digitales que permiten agilizar el despacho aduanero, es la garantía previa la numeración de la declaración[5], cuya gestión a partir del presente año 2020, ha permitido que los importadores acudan a cualquier entidad bancaria sin la necesidad de obtener la carta fianza en papel impreso para presentarlo ante la administración aduanera, dado que las propias entidades bancarias enviaron digitalmente dicho documento a la aduana para respaldar sus operaciones de importación.
También debemos enfatizar que actualmente las acciones de control aduanero se realizan en base a modernas tecnologías basadas en indicadores de riesgos, razón por la cual, si una mercancía es seleccionada a canal rojo, el reconocimiento físico se puede realizar utilizando los equipos de escáner que existen tanto en el puerto marítimo del Callao como en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
Finalmente, los importadores tienen mayor acceso a la información respecto al estado de sus declaraciones con solo ingresar al portal institucional de la SUNAT y digitar el número de su declaración, para conocer de una fuente confiable, cualquier requerimiento pendiente de trámite ante la aduana o la autorización otorgada para la liberación de la carga.
III.   Exportaciones digitales
A partir del 31 de julio 2020[6] la aduana peruana ha implementado un nuevo sistema de despacho aduanero para las exportaciones qué es 100% online, y recoge un moderno formato digital para las exportaciones que está alineado con las directivas emitidas por la Organización Mundial de Aduanas (OMA).
Este moderno sistema tiene singular importancia, si tomamos en cuenta que las exportaciones generan aproximadamente 1,6 millones de empleos asociados a las exportaciones, por lo que se convierte en una herramienta eficaz para lograr la reactivación económica.
Cabe mencionar que esta moderna plataforma aduanera de exportaciones beneficia a más de 8000 empresas exportadoras, de las cuales el 72% de ellas son micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme). Además, debemos considerar que el comercio de bienes y servicios ha pasado a significar de 35% del PBI en el año 2000 a 46% en 2019, por lo que es una herramienta de diversificación productiva, si comprobamos que son 4755 los productos que exportamos anualmente.
Lo primero que debemos destacar en este nuevo procedimiento de exportaciones[7], es su moderno diseño basado en la presentación de documentos digitales, tales como la Factura Electrónica que sustenta el valor FOB de exportación, los permisos o autorizaciones emitidos por la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), el mandato electrónico que deben gestionar antes de efectuar la numeración de la declaración de exportación y las notificaciones electrónicas para subsanar cualquier requisito observado por la autoridad aduanera.
Adicionalmente, debemos mencionar que en el pasado, al realizar un inventario de todas las aduanas del Perú en un año calendario, se podía comprobar que las exportaciones generaban mas de dos millones de papeles impresos, lo cual evidentemente iba en contra de la política de Estado orientada a la protección de la ecología y el medio ambiente. Con este nuevo procedimiento digital de exportaciones se elimina toda posibilidad de imprimir documentos[8].
Lo segundo es que, para acceder a todos los beneficios en simplificación de trámites para el exportador, solo necesita tener su RUC activo, requisito que se convierte en la llave mágica que le abre las puertas a los servicios aduaneros digitales que ofrece la SUNAT, así como a la obtención del documento autorizante o el certificado de origen digital desde la VUCE.
Lo tercero, es que la selección a los canales de control tiene como novedad que ahora solo hay dos canales, rojo y verde con lo cual, se simplifica la revisión de la carga, dado que el mismo sistema selecciona al contenedor que será abierto para el reconocimiento físico y el despachador de aduana o exportador pueden programar la diligencia de manera electrónica para agilizar sus despachos.
Lo cuarto que debemos mencionar es, que para el traslado de mercancías por zona secundaria no será necesario la emisión de documentos impresos en papel, debido a que la Administración Aduanera en este nuevo sistema digital permite la emisión del código QR electrónico insertado en la relación de la carga lista para embarcar, para efecto de controlar dicho traslado con el uso de la tecnología.
Por último, debemos relevar que ahora la regularización de la declaración no requiere la transmisión de una segunda declaración aduanera, y corre por cuenta del exportador confirmar los datos de su exportación y con ello obtener de manera inmediata no solo la regularización de su declaración[9], si no la posibilidad de acceder a la restitución simplificada de derechos arancelarios debemos destacar, (drawback) y a la devolución del IGV o saldo a favor del exportador[10].
IV. A manera de conclusión.
La Aduana Digital es una realidad en el Perú, siendo el resultado de una labor permanente de modernización que empezó a mediados de los años 90, y en esta etapa de pandemia, ha logrado demostrar su utilidad por encontrarse al servicio de todos los operadores de comercio exterior y operadores intervinientes.
En medio de esta crisis sanitaria global que afecta a todas las actividades productivas y de comercio, la Administración Aduanera se ha convertido en un aliado estratégico de los importadores y exportadores, ofreciendo plataformas digitales y calidad del servicio aduanero, que nos dan la buena impresión de ser una entidad pública que se comporta como si fuera una empresa eficiente del sector privado.  
Los importadores cuentan con la posibilidad de gestionar sus mandatos electrónicos autorizaciones y permisos digitales para mercancías restringidas, posibilidad de gestionar sus garantías previas a la numeración de la declaración de manera electrónica y sobre todo un nuevo sistema de despacho anticipado que genera mayor competitividad en un entorno globalizado.
Los exportadores tienen acceso a un nuevo procedimiento totalmente digital que les permite la trazabilidad de sus operaciones y la eficiencia en sus planes estratégicos exportación que se basan en la búsqueda permanente de ampliar la oferta exportable y conquistar nuevos mercados, ahora con la eliminación de requisitos basados en el papel impreso y el uso de modernas tecnologías para el reconocimiento físico de sus mercancías, lo cual anula el riesgo de su contaminación o deterioro.
Definitivamente la aduana peruana viene demostrando durante esta pandemia el liderazgo en la gestión pública, brindando a todos los usuarios herramientas digitales y canales de atención para que no tengan la necesidad de salir de sus casas u oficinas; por lo que concluimos señalando que la Administración Aduanera se ha convertido en una aliada estratégica de los importadores y exportadores para alcanzar la reactivación de las operaciones de comercio exterior.



[1] Abogado. Maestro en Derecho Civil y Comercial. Máster in Business International. Doctor en Educación. Prestigiado catedrático en las Escuelas Posgrado UNMSM, PUCP, USMP, UPT y UPC.
[2] Aprobado por Decreto Supremo Nro. 418-2019-EF y modificado por D.S, Nro. 169-2020-EF.
[3] El mandato electrónico es obligatorio en el régimen de importación para el consumo y el régimen de exportación definitiva conforme a lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley General de Aduanas. (Decreto Legislativo 1433).
[4] El despacho anticipado es obligatorio en el régimen de importación para el consumo, conforme a lo dispuesto en el artículo 131 del Reglamento de la Ley General de Aduanas (Decreto Legislativo 1433).
[5] Conforme a lo previsto en el artículo 160 de la Ley General de Aduanas.
[6] Conforme a lo dispuesto en la Resolución de Superintendencia Nro. 063-2020/SUNAT.
[7] Nos referimos al Procedimiento DESPA-PG.02 versión 7.
[8] El Anexo IV del Procedimiento DESPA-PG.02 permite que el exportador solicite el uso de la casilla electrónica corporativa aduanera (CECA) y de la casilla electrónica del usuario (CEU).
[9] De conformidad con el artículo 83 del Reglamento de la Ley General de Aduanas (D.S. Nro. 367-2019-EF).
[10] Para acogerse a los beneficios tributarios o aduaneros aplicables a la exportación, la declaración de exportación definitiva debe estar regularizada conforme a lo previsto en el artículo 84 del Reglamento de la Ley General de Aduanas (D.S. Nro. 367-2019-EF).