24 noviembre, 2011

EL Despacho Aduanero de las Donaciones

ASPECTOS CONCEPTUALES.
Las donaciones constituyen una liberalidad ejercida por un determinado donante quien motivado por la caridad o fines humanitarios decide entregar a otra persona natural o jurídica un bien material o dinero para el cumplimiento de sus propios fines y para su perfeccionamiento, requieren que sean aceptada dicha donación por la persona beneficiaria[1].
Cuando dichas donaciones provienen del extranjero, interviene también la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), la misma que según Ley N° 27692 es el ente rector de la cooperación técnica internacional y tiene la responsabilidad de conducir, programar, organizar y supervisar la cooperación internacional no reembolsable, en función de la política nacional de desarrollo, en el marco de las disposiciones legales que regulan la cooperación técnica internacional.
Desde el punto de vista tributario, las donaciones están exoneradas del pago de derechos arancelarios, especialmente las donaciones efectuadas a las entidades del Sector Público Nacional, con excepción de las empresas públicas, así como a las entidades religiosas y las fundaciones legalmente establecidas, cuyo instrumento de constitución comprendan alguno o varios de los siguientes fines: educación, cultura, ciencia, beneficencia, asistencia social y hospitalaria conforme a lo dispuesto en el Artículo 147º incisos e) y f) de la Ley General de Aduanas aprobada por el Decreto Legislativo N° 1053.
Las mercancías donadas provenientes del extranjero, consignadas al Gobierno Central, Gobiernos locales, Instituciones y Organismos Públicos, así como las donadas por concepto de Cooperación Técnica Internacional y las consignadas a Instituciones Privadas debidamente acreditadas en sus respectivos sectores, dedicadas a fines asistenciales o educacionales en forma gratuita, gozan del tratamiento preferencial en el despacho aduanero y están libres de pago de derechos arancelarios, según lo dispuesto en el Decreto Ley Nº 21942.
Asimismo, es oportuno comentar que las donaciones tampoco están gravadas con el Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, en los siguientes supuestos:
a)La Importación de Bienes donados a entidades religiosas
b)La importación de Bienes efectuada con financiación de donaciones del exterior, siempre que estén destinados a la ejecución de obras públicas por convenios realizados conforme a acuerdos bilaterales de cooperación técnica celebrados entre el Gobierno de Perú y otros Estados u Organismos Internacionales Gubernamentales de fuentes bilaterales y multilaterales.
c)La Importación o transferencia de bienes que se efectúe a título gratuito a favor de entidades y dependencias del Sector Público, excepto empresas, siempre que sea aprobada por Resolución Suprema refrendada por el Ministro de Economía y Finanzas y por el Ministro del Sector correspondiente.
ASPECTOS PROCEDIMENTALES.
Los donantes nacionales o extranjeros interesados en realizar donaciones de mercancías provenientes del exterior, deben inicialmente tomar contacto con las entidades peruanas públicas o privadas (donatarias) autorizadas a recibir y canalizar donaciones en el Perú. Luego de establecido este primer contacto, el donante remite al donatario una Carta de Donación para que éste último realice los trámites conducentes a la nacionalización de las mercancías donadas.
Cabe precisar que si la mercancía donada constituye mercancía restringida, el donatario debe gestionar ante el Sector Competente la emisión del documento autorizante con la debida anticipación a la llegada de la mercancía a nuestro país para evitar contratiempos o demora en el despacho aduanero[2].
Cuando la donación está dirigida a una entidad del sector público, el donatario debe presentar una solicitud al Sector correspondiente para la emisión de la Resolución de Aprobación de la Donación. Siendo importante mencionar que si el donatario es una entidad religiosa, no requiere tramitar la precitada Resolución.
Ahora bien, si nos remitimos en estricto al procedimiento de despacho aduanero para las donaciones;[3] veremos que inicialmente parte del supuesto que la entidad beneficiaria de las donaciones cuenta con toda la documentación que exige la ley para obtener el levante aduanero de las mercancías sin mayor inconveniente ante la Administración Aduanera. Por ello menciona que el dueño o consignatario al solicitar acogerse al beneficio tributario debe invocar el código liberatorio que le corresponda adjuntando entre otros, los siguientes documentos:
- Copia autenticada de la Resolución de aceptación o aprobación de la donación del Sector Competente, o por delegación, de la Oficina de Cooperación Técnica o Presupuesto o las que hagan sus veces; o
- Copia simple de la Resolución Suprema. En los casos que la Resolución Suprema hubiere sido publicada en el Diario Oficial "El Peruano" a la fecha del despacho, o a la fecha de regularización del mismo, el consignatario puede presentar una fotocopia de dicha publicación. Es importante mencionar que la precitada Resolución de aceptación o aprobación de la Donación es válida sólo para aquellas mercancías detalladas en la misma.
En caso que la mercancía donada haya llegado al Perú y el beneficiario no cuente con la Resolución Autorizante, entonces tiene la opción de presentar una garantía aduanera que le permita obtener el levante sin perjuicio de gestionar y obtener la Resolución respectiva, para lo cual, el beneficiario debe invocar el procedimiento de impugnación de derechos.[4]
En ese sentido, en caso las entidades o instituciones receptoras no cuenten con la respectiva "Resolución de aceptación o aprobación de la donación" por encontrarse aún en trámite ante el Sector correspondiente, por excepción la Administración Aduanera puede autorizar el despacho de las mercancías con la presentación de los siguientes documentos:
a) Copia de la Solicitud de Aceptación o Aprobación de la Donación en la que conste el cargo del Sector correspondiente que acredite el trámite para la expedición de dicha Resolución,b) La garantía aduanera[5] que respalde dicho despacho, pudiendo ser cualquiera de las modalidades previstas en el artículo 211º del Reglamento de la Ley General de Aduanas.c) Copia autenticada de la Constancia de Inscripción en el registro correspondiente.
Cuando por alguna causa ajena al beneficiario, la Resolución de Aceptación o Aprobación no hubiera sido expedida por el Sector competente dentro del plazo quince días[6], entonces el beneficiario puede optar por solicitar la suspensión del plazo para regularizar el mencionado despacho de conformidad con lo estipulado en el artículo 138º de la Ley General de Aduanas.
Sin perjuicio de lo expuesto, debemos mencionar que es obligación del agente de aduanas, despachador oficial o beneficiario de la donación cumplir con regularizar el despacho dentro de los diez (10) días[7] de recibida la Resolución de aceptación o aprobación de la donación, bajo apercibimiento de perder este tratamiento excepcional para aquellas importaciones que realice posteriormente.
La complejidad del procedimiento que hemos descrito se presenta cuando el Sector Competente no cumple oportunamente con emitir la respectiva Resolución autorizante. En este caso recurrimos al artículo 2° de la Ley N° 28095, norma que estipula en su último párrafo que transcurridos treinta (30) días, desde la fecha de levante de las mercancías, sin que el sector haya emitido la resolución de aceptación y/o aprobación según corresponda, se considerará que la donación ha sido aceptada o aprobada y se procederá a regularizar el despacho para efectos tributarios y aduaneros, sin perjuicio de las acciones administrativas, civiles y penales y de cualquier índole que correspondan a la entidad que debió aprobar o aceptar la donación.
A MANERA DE CONCLUSIÓN.
Tenemos entonces que existe para el despacho aduanero de las donaciones provenientes del exterior un tratamiento excepcional por parte de la Administración Aduanera en estricto cumplimiento de la Ley N° 28095 y los procedimientos específicos que hemos desarrollado en los párrafos precedentes. Lo cual se explica, dado que la facilitación del despacho aduanero de las mercancías provenientes del exterior que ingresan al país en el marco de la cooperación internacional no reembolsable a título de donación debe gozar siempre de este tipo de privilegios, precisando que los beneficiarios son entidades del sector público con excepción de las empresas que conforman la actividad empresarial del Estado; así como aquellas Entidades e Instituciones Extranjeras de Cooperación Internacional - ENIEX, Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo Nacionales - ONGPERU; Instituciones Privadas sin fines de lucro receptoras de donaciones de carácter asistencial o educacional – IPREDAS cumpliendo siempre con la formalidad de encontrarse inscritas en el registro correspondiente que tiene a su cargo la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI.
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[1] Definición que se recoge del artículo 618° del Código Civil.
[2] Para tal efecto debe observarse el plazo estipulado en el primer párrafo del artículo 4° de la Ley N° 28095.
[3] Procedimiento Específico INTA-PE.01.02.
[4] De conformidad con el Procedimiento Específico IFGRA-PE.29 que regula dicha materia.
[5] Para el despacho de mercancías donadas a que se refiere la Ley N° 28095, la SUNAT aceptará el otorgamiento de garantías nominales, salvo que la entidad beneficiaria tenga garantías requeridas pendientes de honrar, otorgadas para facilitar el despacho de donaciones anteriores.
[6] Plazo que hemos recogido de lo estipulado en el numeral 8) del rubro VII Descripción del Procedimiento Específico INTA-PE.01.02
[7] Plazo que hemos recogido de lo estipulado en el numeral 9) del rubro VII Descripción del Procedimiento Específico INTA-PE.01.02
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Autor: Mag. Javier Gustavo Oyarse Cruz
Publicado en la Revista Análisis Tributario AELE. Vol. XXIV N° 286. Noviembre 2011.

16 noviembre, 2011

LA REGALÍA MINERA

Como bien sabemos, los minerales son elementos inorgánicos que tienen una composición química única que los diferencia radicalmente de las rocas. Los minerales metálicos provienen directamente de la naturaleza y se encuentran siempre en estado sólido. Tenemos como ejemplos de este tipo de minerales, a aquellos que el Perú exporta permanentemente al mundo como el oro, plata, cobre, hierro, etc. La extracción y exportación de estos minerales metálicos explican en parte el crecimiento económico de nuestra patria; haciéndonos partícipes de un notorio éxito en los negocios internacionales.
Pero también existen los minerales no metálicos que se extraen por sus características físicas y químicas, siendo de mucha utilidad en la actividad industrial, al mezclarlos con otros componentes para la producción de los más diversos materiales. Así tenemos como ejemplos de este tipo de minerales no metálicos al azufre, boro, carbonato de calcio, carbonato de litio, cloruro de sodio, nitratos y yodo entre otros.
El actual gobierno ha emitido recientemente el marco legal que permite regular la regalía minera, definiéndola como aquella contraprestación económica que los sujetos de la actividad minera están obligados a pagar al Estado Peruano por la explotación de los recursos minerales metálicos y no metálicos.
Dentro de este marco normativo, son considerados como sujetos de la actividad minera los titulares de las concesiones mineras y los cesionarios que realizan actividades de explotación de recursos minerales metálicos según lo establecido en el Título Décimo Tercero del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por el Decreto Supremo N° 014-92-EM y normas modificatorias. Dicho término también incluye a las empresas integradas que realicen dichas actividades.
La Ley N° 29788 determina que la regalía minera debe ser calculada sobre la utilidad operativa trimestral de los sujetos de la actividad minera, considerando los trimestres calendarios siguientes: enero-marzo, abril-junio; julio-setiembre y octubre-diciembre, en base a la tasa efectiva que se estipula en el Anexo de la precitada ley. Dicha utilidad operativa se obtiene al deducir de los ingresos generados por las ventas de los recursos minerales realizadas en cada trimestre calendario; el costo de ventas y los gastos operativos, incluidos los gastos de ventas y los gastos administrativos incurridos para la generación de dichos ingresos.
Para tal efecto, los sujetos de la actividad minera tienen la obligación de presentar la declaración y efectuar el pago de la regalía minera correspondiente a cada trimestre, dentro de los últimos doce días hábiles del segundo mes siguiente al nacimiento de dicha obligación tributaria. Y en caso de vencerse dicho plazo, se le aplicará la Tasa de Interés Moratorio que ha fijado la SUNAT para las demás obligaciones tributarias que administra o recauda. Dicha declaración debe contener necesariamente la determinación de la base de cálculo de la regalía minera.
Finalmente, debemos mencionar que el monto efectivamente pagado por concepto de esta regalía minera será considerado como gasto para efectos del impuesto a la renta en el ejercicio correspondiente; en consecuencia, dicho gasto será deducible en el ejercicio en que se pague la regalía.



http://tributacionperuamatos.blogspot.com/2011/10/decreto-supremo-180-2011-ef-modifican.html
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Autor: Mag. Javier Gustavo Oyarse Cruz. Docente UPC y USMP. Negocios Internacionales.

09 noviembre, 2011

MEDIDAS EN FRONTERA

INTRODUCCIÓN.
La protección de la propiedad intelectual es una misión que deben cumplir todos los gobiernos del planeta con el firme propósito de crear conciencia en la ciudadanía de su importancia. Estamos convencidos que todos los esfuerzos que realicemos para lograr dicha protección, nos permitirán promover la generación de mayor creatividad en esta nueva era del conocimiento que rige los destinos de la humanidad.
En ese sentido, resulta necesario establecer mayores y mejores mecanismos para detectar los casos de mercancía pirata, confusamente similar o falsificada por las fronteras aduaneras, toda vez que el éxito en estos esfuerzos, le permitirá a nuestro país proyectar una imagen al mundo de protección firme y decidida a la propiedad intelectual.
DEFINICIONES.
Las Medidas en Frontera constituyen en la práctica ciertas medidas temporales diseñadas para evitar que se haga una importación o exportación de productos que infrinjan el registro de una marca y permiten la suspensión de la actividad aduanera y la destrucción o el decomiso de la mercancía pirata, confusamente similar o falsificada en fronteras.
Se considera mercancía pirata a cualquiera de las copias hechas sin el consentimiento del titular del derecho de autor o de una persona debidamente autorizada por él en el país de producción y que se realicen directa o indirectamente a partir de un artículo original. Por lo que la realización de dichas copias constituyen infracción del derecho de autor o de un derecho conexo reconocido por la legislación del país de importación.
En cambio, se define a la mercancía falsificada a cualquiera de las mercancías incluido su embalaje, que lleven puesta sin autorización una marca idéntica a la marca válidamente registrada para tales mercancías, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de esa marca. Precisándose que en este supuesto dichas mercancías violan los derechos de un titular de la marca reconocido por la legislación del país de importación.
La mercancía confusamente similar es cualquiera que teniendo una o más características propias de la mercancía con marca válidamente registrada, causa riesgo de confusión o de asociación con un aprovechamiento injusto del prestigio del signo, induciendo a error a los consumidores sobre la fuente real del producto, afectando su naturaleza distintiva, su valor comercial o publicitario.
NORMAS COMUNITARIAS.
Recurrimos en primer lugar a las disposiciones contenidas en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) sobre medidas en frontera, las mismas que se inspiran en el Artículo 9 del Convenio de París de 1883 que establece la posibilidad de que los productos con marca de fábrica, de comercio o nombre comercial, sean «embargados» al ser importados a cualquiera de los países de la Unión, siempre que en dichos países los referidos signos distintivos gocen de protección.
El citado Acuerdo sobre los ADPIC, en la Parte III Sección IV regula las medidas en frontera en los artículos 51° al 60°. Así tenemos por ejemplo que el artículo 51° estipula “La Suspensión del Despacho de Aduana”, facultando a los países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), a establecer procedimientos nacionales que permitan al titular de un derecho que tenga motivos válidos para sospechar que se prepara la importación de mercancías que supongan infracciones a sus derechos de propiedad intelectual, solicitar la suspensión del despacho de dichas mercancías para impedir la libre circulación. Este mismo artículo se considera como excepciones para la aplicación de dicho procedimiento a las importaciones de mercancías puestas en el mercado en otro país por el titular de un derecho o con su consentimiento con el fin de evitar que a través de estas medidas se frenen las importaciones paralelas ni se afecten a las mercancías que se encuentren solamente en tránsito.
Cabe precisar que el objeto esencial del procedimiento contenido en el Acuerdo sobre los ADPIC consiste en obtener la suspensión del despacho de aduana de aquellas mercancías que supongan infracciones a los derechos de propiedad intelectual, suspensión que no podrá exceder de 10 días hábiles, durante los cuales se debe dilucidar si realmente existe dicha infracción. Siendo oportuno destacar que las autoridades competentes también se encuentran facultadas para exigir al solicitante, cuando resultase infundado su reclamo, que realice el pago de la indemnización a favor del importador, del consignatario y del propietario de las mercancías en el supuesto que dicha retención y suspensión resulte infundada.
La Comunidad Andina cuenta con también con normas que regulan la protección de la propiedad industrial, plasmadas en la Decisión 486. Y en lo que concierne al Régimen Común sobre Propiedad Industrial y en materia de protección de los derechos de autor y derechos conexos, debemos recurrir a la Decisión 351.
NORMAS NACIONALES.
En nuestro país tenemos al Decreto Legislativo N° 1092 que regula el marco legal para la aplicación de las medidas en frontera para la protección de los derechos de autor y conexos y los derechos de marcas. Dicho Decreto establece dos tipos de procedimientos:
a) Procedimiento a solicitud de parte, que es iniciado por el titular del derecho ante la Administración Aduanera para solicitar por escrito o por cualquier otro medio la suspensión del levante de la mercancía cuando se presuma la existencia de mercancías con marcas falsificadas o confusamente similares o mercancía pirateada que lesiona el derecho de autor. En dicha solicitud, se debe describir las mercancías supuestamente pirateadas o falsificadas y brindar cualquier otra información que permita a la Administración Aduanera su identificación y ubicación. También deben presentar información respecto al importador, exportador, consignatario, país de origen o destino, país de procedencia, medio de transporte, así como el documento en el que conste la carta fianza o garantía equivalente y el requerimiento para participar en la inspección de la mercancía objeto de la suspensión, de ser el caso.
El solicitante debe constituir necesariamente una carta fianza, caución juratoria o garantía equivalente a fin de garantizar los perjuicios que eventualmente se causen al importador, exportador y/o consignatario. Así tenemos que dicha fianza será ejecutada de manera inmediata una vez que INDECOPI determine que las mercancías objeto de suspensión no constituyen una infracción a los Derechos de Autor o Derechos Conexos o Derechos de Marca.
La garantía debe constituirse por una suma no menor al 20% del valor FOB de la mercancía sobre la cual se solicita la suspensión. En el caso se trate de mercancía perecible, la garantía debe constituirse por el 100% de su valor FOB. Asimismo, la garantía debe tener un plazo de vigencia no menor a treinta días calendario.
Tratándose de este procedimiento iniciado a solicitud de parte, tenemos que el plazo máximo para la suspensión es diez días hábiles contados desde la fecha de notificación al solicitante. Durante este plazo el solicitante debe demostrar que ha iniciado la acción por infracción o interpuesto la denuncia respectiva, logrando de ese modo que dicha suspensión se prorrogue por otros diez días hábiles adicionales. Debemos precisar que si dentro de dicho periodo la autoridad competente no dictase una medida cautelar destinada a la retención de la mercancía, entonces la Administración Aduanera se encuentra facultada para levantar la suspensión. La misma facultad ostenta la Aduana en caso el solicitante no le comunique la interposición de la acción por infracción o la denuncia respectiva ante la autoridad competente dentro del citado plazo de suspensión.
b) Procedimiento de oficio, que constituye una atribución de la Administración Aduanera para disponer la suspensión del levante de la mercancía destinada a los regímenes de importación, exportación o tránsito, cuando existan sospechas razonables para presumir que se trata de mercancía falsificada o pirateada. En este supuesto, una vez suspendió el levante se le notifica al titular del derecho para que demuestre en el plazo de tres días que ha interpuesto la acción por infracción o denuncia correspondiente ante la autoridad competente. Es oportuno indicar, que en este caso, también el plazo máximo de suspensión del levante es de diez días hábiles.
Ahora bien, si el titular del derecho demuestra haber interpuesto alguna acción o denuncia, entonces la suspensión puede prolongarse por diez días adicionales. Y si dentro de dicho periodo la autoridad competente no dicta una medida cautelar destinada a la retención de la mercancía, entonces la Administración Aduanera se encuentra facultada para levantar la suspensión. La misma facultad ostenta la Aduana en caso el titular del derecho no le comunique la interposición de la acción por infracción o la denuncia respectiva ante la autoridad competente durante los primeros tres días hábiles de haber sido notificado de la suspensión.
El Reglamento del Decreto Legislativo N° 1092 aprobado por el Decreto Supremo N° 003-2009-EF precisa que si bien es cierto las medidas de frontera resultan aplicables cuando se presuma que la mercancía destinada a los regímenes de importación, exportación o tránsito es mercancía pirata o falsificada; quedan excluidas de dichas medidas, las pequeñas cantidades de mercancías que no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros o se envíen en pequeñas partidas, precisando que en todo caso, se trata de aquellas mercancías cuyo valor FOB declarado no supera los US $ 200.
De otro lado, el mencionado Reglamento precisa que los titulares del derecho deben inscribirse en el registro a cargo de la Administración Aduanera, debiendo tener en cuenta que dicho registro deberá ser renovado anualmente dentro de los primeros 30 días de cada año calendario bajo apercibimiento de declararse la caducidad de pleno derecho del registro. Es necesario, indicar que un requisito sine qua nom para autorizarse el registro, consiste en que la Administración Aduanera solicite la opinión previa del INDECOPI.
Finalmente, en nuestra legislación nacional debemos citar al Procedimiento Específico INTA-PE.00.12 que establece las pautas a seguir por la Administración Aduanera para aplicar las medidas en frontera, siendo rescatable la precisión en el sentido que si a consecuencia de la aplicación de la suspensión del levante, vencieran los plazos a que están sujetos los regímenes aduaneros correspondientes, entonces sólo en este caso opera la suspensión de plazo de oficio.
A MANERA DE CONCLUSIÓN.
Para adoptar de manera eficiente las medidas en frontera se requiere de una alianza estratégica entre las Aduanas e INDECOPI, dado que se trata de proteger al titular del derecho de autor o derechos conexos en su calidad de persona natural o jurídica, siempre que se encuentre plenamente facultado para autorizar o prohibir todo acto de explotación o utilización por cualquier medio de su obra artística, científica o literaria, de una interpretación o ejecución artística, de una emisión de radiodifusión o de un fonograma; no dejando de mencionar la protección que debe brindarse también al titular del derecho de marca.
Contamos con la legislación comunitaria y nacional que, sin apartarnos del principio aduanero que consiste en contribuir permanentemente a la facilitación del comercio, nos permite también proteger y hacer respetar los derechos de autor y los derechos de marca. Para lograr este propósito las Aduanas se encuentran facultadas para adoptar aquellas medidas temporales diseñadas para evitar que se haga una importación o exportación de productos que infrinjan dichos derechos; llegando en casos extremos a destruir las mercancías piratas, confusamente similar o falsificadas por disposición de la autoridad competente o por mandato judicial, salvo que el titular del derecho consienta que se disponga de otra forma.
Finalmente, resulta oportuno mencionar que la ley permite en algunos casos que las mercancías de marcas falsificadas puedan ser donadas con fines caritativos cuando la remoción de la marca elimine las características infractoras de las mercancías y estas ya no puedan ser identificables con la marca removida. Pero debemos precisar con respecto a las mercancías de marca falsificada, que la simple remoción de la marca adherida ilegalmente no será suficiente para permitir que las mercancías ingresen válidamente dentro de los canales comerciales. Agregando que en ningún caso está permitido que las mercancías falsificadas o pirateadas puedan ser exportadas ni sometidas a un régimen aduanero diferente, salvo en circunstancias excepcionales.

Autor: Mag. Javier Gustavo Oyarse Cruz. Docente de la UPC y USMP.

11 octubre, 2011

El Cabotaje

Para definir al cabotaje podemos recurrir al jurista Guillermo Cabanellas[1], quien en su Diccionario Enciclopédico de Derecho usual precisa que consiste en la navegación costera de puerto a puerto, más o menos cercanos; concepto recogido también en el Diccionario de Comercio Exterior[2], al mencionar que cabotaje “Es el comercio que se practica por vía acuática entre puertos pertenecientes a un mismo Estado”.
Similar definición podemos obtener también del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española[3], donde se define al cabotaje como la “Navegación o tráfico que hacen los buques entre los puertos de su nación sin perder de vista la costa, o sea siguiendo derrota de cabo a cabo. La legislación marítima y la aduanera de cada país suelen alterar sus límites en el concepto administrativo, pero sin modificar su concepto técnico”.
Desde el punto de vista normativo, tenemos la Decisión N° 671 de la Comunidad Andina referida a la armonización de los Regímenes Aduaneros la misma que en su artículo 48° se refiere al Transporte de Mercancías por Cabotaje como “el régimen aduanero aplicable a las mercancías comunitarias en libre circulación y a las mercancías importadas, que no hayan sido declaradas, bajo la condición que sean transportadas en un buque distinto al buque en que fueron importadas en el territorio aduanero de un País Miembro, siendo cargadas a bordo de un buque en un lugar del territorio aduanero de ese país y transportadas a otro lugar dentro del mismo territorio aduanero donde serán descargadas”.
Dicha norma comunitaria se encuentra vigente desde el 01 de junio de 2009 y forma parte de nuestro ordenamiento jurídico nacional. Asimismo, tenemos una definición similar en el artículo 2° del Decreto Legislativo N.° 683[4] donde se estipula que “el transporte acuático comercial en tráfico nacional o cabotaje es el que se realiza entre puertos peruanos”.
En consecuencia, el cabotaje desde el punto de vista de la legislación comunitaria y nacional que hemos comentado, corresponde únicamente a la navegación o tráfico que realizan los buques entre los puertos de nuestro país. Razón por la cual, no se admite ningún tratamiento aduanero a las mercancías que se transportan como cabotaje, debido a que corresponden en esencia al comercio interno de mercancías realizado entre los puertos del Perú.

Respecto al cabotaje marítimo en el Perú puede encontrarse información en el siguiente link: http://www.iehmp.org.pe/pages/qactiv/qactiv2008/Foros_Realidad_Maritima/Exp_10/2_el_cab_mar_peru.pdf

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[1] Guillermo Cabanellas. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 21° Edición. Tomo II. Pág. 9
[2] Diccionario de Comercio Exterior. Edilcex. Edición 2000. Pág. 91.
[3] El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española en su Edición. 2001 también define al CABOTAJE como la “Navegación o tráfico que hacen los buques entre los puertos de su nación sin perder de vista la costa, o sea siguiendo derrota de cabo a cabo. La legislación marítima y la aduanera de cada país suelen alterar sus límites en el concepto administrativo, pero sin modificar su concepto técnico”.
[4] El mencionado Decreto Legislativo N.° 683 establece en su artículo 4° el cabotaje fronterizo como excepción que puede ser ejercido por los buques mercantes propios de las Empresas Navieras Extranjeras correspondientes, o por los buques fletados u operados por éstas, de acuerdo a los Tratados, Convenios o Acuerdos Internacionales.

24 agosto, 2011

Comercio Exterior de Servicios

I. Definiciones.

Los servicios son prestaciones que, a diferencia de los bienes, no se pueden ver, tocar o almacenar. Los servicios aunque no se ven están presentes en casi todas las actividades que realiza el ser humano, estos contribuyen en gran medida al bienestar de los ciudadanos.
En el ámbito local, algunos ejemplos de servicios son: las conferencias, un corte de cabello, un concierto, una transferencia bancaria, una cirugía, el transporte de una mercadería de un lugar a otro; en el ámbito internacional, un postgrado que se realiza en el exterior, la asistencia técnica que presta un operario de una empresa que compra una tecnología en un país diferente al suyo, una obra de ingeniería realizada por contratistas de otro país, etc.

Una exportación de servicios se realiza cuando el pago del mismo es efectuado por un residente en el extranjero, con independencia del lugar en el que se produce, en la práctica, la prestación del servicio.

En las transacciones de servicios, es necesario tener en cuenta el tiempo, el lugar de consumo y la proximidad entre el proveedor de servicios y el consumidor.
Tal proximidad puede lograrse mediante la presencia comercial en el país importador o a través del traslado temporal de personas a otro territorio para recibir o prestar el servicio.

En definitiva la exportación de servicios es el suministro de un servicio de cualquier sector brindado por un residente hacia otro no residente.

II. Modalidades de exportación de servicios.

Las modalidades de prestación de servicios son importantes, pues muestran las características que diferencian los bienes de los servicios y cómo se comercializan los mismos a nivel internacional. En efecto, el comercio internacional de bienes implica el movimiento físico de las mercancías de un país a otro, en tanto que son pocas las transacciones de servicios que entrañan movimientos trans-fronterizos.

Para la legislación peruana, dicha exportación adopta cualquiera de las siguientes modalidades:
1.- Comercio Transfronterizo (Se presta desde el Perú hacia el exterior): NO SE APLICA IGV. La Ley N° 29646 aprueba un listado con 14 operaciones que califican en esta modalidad.
2.- Consumo en el territorio del país (Se presta en el Perú a sujetos no domiciliados): No se aplica IGV. La Ley N° 29646 aprueba un listado con 7 operaciones que califican en esta modalidad.
3.- Servicios a turistas que permiten devolución del IGV. Se aplica IGV, que posteriormente es devuelto a la salida del territorio peruano.
4.- Servicios prestados en el exterior por generadores de cuarta categoría que permiten reintegro del crédito fiscal. El profesional domiciliado en el Perú, obtiene el reintegro del IGV pagado en la compra de bienes y servicios utilizados con motivo de la prestación de sus servicios en el exterior.

III. Marco Normativo.

Mediante la Ley Nº 29646 se tiene como finalidad establecer el marco normativo para el fomento del comercio exterior de servicios. Dicha norma entró en vigencia el día de 02 de enero de 2011. Las principales modificaciones que estipula dicha norma son las siguientes:
*El artículo 5° de la referida Ley incorpora información al segundo requisito sustancial contenido en el artículo 18° de la Ley del IGV.
*Se incorpora un párrafo en el texto del primer párrafo del artículo 33 de la Ley del IGV determinando que no se considera como exportación de servicios aquellos servicios prestados y consumidos en el territorio del país a favor de una persona natural no domiciliada. Se permite que en este supuesto la persona natural pueda solicitar la devolución del IGV, siempre que se cumplan las condiciones señalada en el artículo 76° de la Ley del IGV y respecto de los servicios consignados en el literal C del Apéndice V de la Ley del IGV.
*Se ha incorporado el texto del artículo 34-A a la Ley del IGV, según el cual se permite la posibilidad de reintegrar el Impuesto que les fuera trasladado a las personas naturales generadores de rentas de cuarta categoría cuando prestan servicios que califican como exportación con presencia física en el exterior.
*Se incorpora un segundo párrafo al artículo 76° de la Ley del IGV permitiendo que sea objeto de devolución el IGV que haya gravado los servicios prestados y consumidos en el territorio del país a favor de una persona natural no domiciliada, señalados en el literal C del Apéndice V de la Ley, al momento de su salida del país.
*Se ha incorporado el texto del artículo 33-A a la Ley del IGV, el cual contiene una serie de requisitos que se deben cumplir para que las operaciones señaladas en el Apéndice V de la Ley del IGV sean considerados como Exportación de Servicios.
*Se ha incorporado el texto del artículo 22-A a la Ley del IGV, el cual determina que los bienes, servicios y contratos de construcción que se destinen a operaciones gravadas o que se destinen a servicios prestados en el exterior no gravados con el Impuesto a los que se refiere el artículo 34-A de la Ley del IGV
*Se ha reordenado el texto y contenido del Apéndice V de la Ley del IGV permitiendo una mejor claridad en la aplicación de los supuestos, quedando ordenados de la siguiente manera: (i) comercio transfronterizo, (ii) consumo extranjero, (iii) presencia comercial y (iv) presencia de personas físicas.

IV. Seis ventajas de la liberalización de los servicios

Eficacia económica.
La existencia de una infraestructura de servicios eficaz es una condición sine qua non para la prosperidad económica. Servicios tales como los de telecomunicaciones, banca, seguros y transporte contribuyen estratégicamente al desarrollo de todos los sectores, de bienes y servicios, con importantes aportaciones. Sin el acicate de la competencia, es poco probable que cumplan eficazmente esta función, con el consiguiente detrimento de los resultados y el crecimiento económico generales. Cada vez más gobiernos, pues, prefieren un entorno abierto y transparente para la prestación de servicios.
Desarrollo.
El acceso a los servicios mundiales ayuda a los exportadores y productores de los países en desarrollo a aprovechar su capacidad competitiva, independientemente de los bienes y servicios que estén vendiendo. Gracias a la inversión y competencia técnica extranjeras, varios países en desarrollo han podido también avanzar en los mercados de los servicios internacionales, desde el turismo y la construcción, al desarrollo de soporte lógico y la asistencia sanitaria. Así pues, la liberalización de los servicios se ha convertido en un elemento clave de muchas estrategias de desarrollo.
El ahorro de los consumidores.
Existen abundantes pruebas de que en muchos servicios, en particular los de telecomunicaciones, la liberalización hace bajar los precios, mejora la calidad y amplía las posibilidades de elección de los consumidores. Estas ventajas, a su vez, se abren paso a través del sistema económico y contribuyen a mejorar las condiciones de suministro de otros muchos productos.
Así pues, aunque algunos precios aumenten durante el proceso de liberalización, por ejemplo el costo de las llamadas locales, este incremento suele verse compensado con creces por las reducciones de precios y la mejora de la calidad en otros sectores. Además, en el marco del AGCS, los gobiernos siguen teniendo plena facultad, aun en un entorno completamente liberalizado, de imponer obligaciones universales en materia de servicios y medidas similares por motivos de política social.
Una innovación más rápida.
Los países donde los mercados de servicios están liberalizados han asistido a una mayor innovación de los productos y los procesos. El crecimiento explosivo de Internet en los Estados Unidos contrasta notablemente con el despegue más lento producido en muchos países de la Europa Continental que han vacilado más a la hora de emprender la reforma de las telecomunicaciones. Contrastes similares pueden apreciarse en los servicios financieros y de la tecnología de la información.
Mayor transparencia y previsibilidad.
Los compromisos de un país incluidos en su lista de servicios de la OMC equivalen a una garantía jurídicamente vinculante de que se autorizará a las empresas extranjeras a prestar sus servicios en condiciones estables. Esto da a cuantos tienen interés en el sector -productores, inversores, trabajadores y usuarios- una idea clara de las reglas del juego, pudiendo planificar su futuro con una mayor certidumbre, que estimula las inversiones a largo plazo.
Transferencia de tecnología.
Los compromisos asumidos en la OMC con respecto a los servicios contribuyen a estimular la inversión directa extranjera.
Esa inversión directa extranjera normalmente aporta nuevos conocimientos especializados y tecnologías que se dispersan de diversas maneras por toda la economía. Los empleados nacionales aprenden las nuevas técnicas (y las expanden cuando se van de la empresa). Las empresas nacionales adoptan las nuevas técnicas. Y las empresas de otros sectores que utilizan servicios—insumos del sector como las telecomunicaciones y la financiación también se benefician.
Fuentes: http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29646.pdf







23 agosto, 2011

LA RESERVA TRIBUTARIA

I. Definiciones básicas


En un principio, se consideraba que la Reserva Tributaria encontraba su sustento en el secreto profesional, de acuerdo al cual los trabajadores de la administración tributaria estaban impedidos de hacer públicos los hechos que conocieran durante el desarrollo de sus labores.Actualmente, se considera que el secreto profesional no es suficiente para explicarnos el porqué de la existencia y conveniencia de la institución que venimos analizando.

Para estos efectos creemos que es necesario tener presente que la Reserva Tributaria se origina en la confluencia de dos intereses: el interés del deudor tributario y el interés de la sociedad.

La Reserva Tributaria existe en interés del deudor tributario porque él se encuentra obligado a manifestar sin reservas todos los hechos y circunstancias personales o de terceros que le sean requeridos por la Administración y le conviene que tales contingencias se mantengan en secreto dado que la divulgación de alguna de ellas podría afectarle fuera del ámbito tributario.

La Reserva Tributaria existe, también, en interés de la sociedad ya que ésta incentiva el incremento de los ingresos tributarios del Estado. En efecto, el deudor tributario está más dispuesto a manifestar sus circunstancias personales cuanto más garantía tenga de que la Administración utiliza todos los hechos por ella conocidos para fines impositivos. Este motivo psicológico tiene un trasfondo jurídico real. Dado que nadie está obligado a exponerse a sí mismo al riesgo de la persecución penal, la obligación jurídico-impositiva de cooperación e información del deudor tributario termina allí donde cesa la protección mediante la reserva tributaria.

La reserva tributaria es una garantía para los deudores tributarios consagrada constitucionalmente, dado que obliga a guardar secreto a la Administración Tributaria sobre determinada información referida a las relaciones jurídico-tributarias que los contribuyentes aporten en sus declaraciones o informaciones, o que la Administración haya podido obtener de la fiscalización o de otras fuentes.

La reserva tributaria se encuentra sustentada en dos principios de origen constitucional:

a) el derecho al secreto e inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados y

b) el derecho a la intimidad.

Lo cual se sustenta en que no se puede acceder libremente a documentos ajenos si no se cuenta con la debida autorización del titular o propietario, ni transmitir la información obtenida sin la aprobación de la persona involucrada.
Ahora bien, la Administración Tributaria tiene la facultad de acceder a la información reservada para exigir a los ciudadanos el cumplimiento de su deber de contribuir, pero debe observar la limitación respecto al uso de la información confidencial de los deudores tributarios, dado que solo puede utilizarla para sus propios fines.

Sin duda la información proporcionada por los deudores tributarios o terceros está vinculada con datos económicos y personales, que de ser divulgados podrían causarles perjuicio. Debido a este riesgo de vulnerabilidad es que la información se encuentra protegida por un deber especial de reserva de parte de los entes que la manejan, y así, la reserva tributaria viene a ser una protección adicional a la protección ordinaria prevista en el Código de Ética de la Función Pública, Ley N.° 27815, la cual establece la discreción como un principio de la actuación del servidor público.


II. Marco Normativo vigente

Como lo hemos expuesto inicialmente, la reserva tributaria tiene como sustento nuestra carta Magna y está recogida tambipen en el Texto Único Ordenado del Código Tributario.
Así tenemos que, el primer párrafo del artículo 85° del citado Texto establece que tendrá carácter de información reservada, y únicamente podrá ser utilizada por la Administración Tributaria, para sus fines propios, la cuantía y la fuente de las rentas, los gastos, la base imponible, o cualesquiera otros datos relativos a ellos, cuando estén contenidos en las declaraciones e informaciones que obtengan por cualquier medio de los contribuyentes, responsable o terceros.
Es oportuno precisar, que el precitado artículo estipula algunos supuestos que se encuentran exceptuados de la reserva tributaria, tal es el caso por ejemplo de las exhibiciones de documentos y declaraciones que ordene el Poder Judicial, el Fiscal de la Nación en los casos de presunción de delito, o las Comisiones Investigadoras del Congreso, con acuerdo de la comisión respectiva, con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso investigado.

Conforme al artículo 85º del Código Tributario, no sólo la administración tributaria está obligada a mantener el secreto de las declaraciones e informaciones sino que esta obligación se extiende, así mismo, a las entidades del sistema bancario y financiero que celebren convenios con aquélla para recibir y procesar declaraciones y otras comunicaciones dirigidas a ella.

No obstante, conforme a la doctrina moderna, la Reserva Tributaria tiene un alcance más amplio ya que debe incluir a los funcionarios de la Administración Tributaria, a los Jueces y Fiscales, a los peritos a los que se ha recurrido oficialmente y a cualquier otro funcionario público o privado que de algún modo conociese las circunstancias del sujeto de deberes tributarios. Por ejemplo, si un juez solicita información tributaria a la Administración, los hechos que ella le comunique se encontrarán protegidos por la Reserva Tributaria, en virtud de la cual el Juez se encontrará impedido de dar un uso distinto a aquella información.




III. Implicancias legales por incumplimiento de la reserva tributaria
Si revisamos el último párrafo del artículo 186° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, veremos que son pasibles de las sanciones de suspensión o destitución, de acuerdo a la gravedad de la falta, los funcionarios y servidores públicos de la Administración Tributaria que contravengan lo establecido en el artículo 85° de dicho cuerpo normativo.
De manera que el incumplimiento de las reglas de la reserva tributaria da origen a medidas disciplinarias que deben ser observadas por los funcionarios públicos de la Administración Tributaria.
Al respecto, debe hacerse la salvedad que no incurren en responsabilidad los funcionarios y empleados de la Administración Tributaria que divulguen información no reservada ni aquellos que se abstengan de proporcionar información por estar comprendida en la reserva tributaria.
Sin perjuicio de lo expuesto, debe quedar claro que aquel funcionario de la Administración Tributaria que, indebidamente, divulgue información protegida por la reserva tributaria podría ser denunciado por incurrir en el delito de Abuso de Autoridad tipificado por el artículo 376° del Código Penal, sancionado con una pena privativa de libertad hasta de tres (3) años, en concurso -según el caso- con delitos informáticos tipificados en los artículos 207°-A y 207°-C del Código Penal, sancionados con pena privativa de libertad hasta de siete (7) años.
Adicionalmente cabe precisar el caso del funcionario que perciba un beneficio por transgredir la reserva tributaria, quien podría ser denunciado por incurrir en el delito de cohecho pasivo propio, tipificado en el artículo 393° del Código citado en el párrafo anterior, reprimido con pena privativa de la libertad hasta de ocho (8) años.


IV. A manera de conclusión.

Toda persona es dueña de manera exclusiva de la información sobre su situación patrimonial, puesto que forma parte de su ámbito secreto y personal. El secreto bancario y la reserva tributaria constituyen, en ese sentido, manifestaciones del derecho a la privacidad e implican una limitación a la actividad fiscalizadora de la administración, evitándose la divulgación de tal información y, que junto a los datos estrictamente económicos, se puedan facilitar aquellos que permitan la reconstrucción de los avatares personales a través de las operaciones económicas.
Este tipo de información sólo puede verse lícitamente invadida por la administración pública mediante la actuación de la autoridad tributaria en su función de controlar y fiscalizar las contribuciones al fisco. El derecho a la intimidad económica debe ceder, por ende, frente al interés público general, expresado en la obligación de los ciudadanos de contribuir con las cargas públicas.

22 agosto, 2011

DEPÓSITOS TEMPORALES Y DEPÓSITOS ADUANEROS

I. DEPÓSITO TEMPORAL.
Al revisar las definiciones en materia de almacenes aduaneros para identificar los cambios normativos más saltantes que nos trajo el Decreto Legislativo N° 1053, podemos encontrar en su artículo 2° referido lo siguiente:

“Depósito temporal.- Local donde se ingresan y/o almacenan temporalmente mercancías pendientes de la autorización de levante por la autoridad aduanera”.

Tenemos entonces que los anteriormente denominados Terminales de Almacenamiento han pasado a llamarse ahora depósitos temporales, manteniendo en esencia las misma naturaleza y características; pero esta vez sujeto a nuevas y rigurosas obligaciones establecidas en el artículo 31° de la actual Ley General de Aduanas concordado con los artículos 38° y 39° de su Reglamento.

Dentro de esta obligaciones específicas de estos almacenes aduaneros, tenemos que deben estar localizados a una distancia máxima razonable del terminal portuario, aeroportuario o terrestre internacional de ingreso de la mercancía, la misma que será determinada en cada caso por el Ministerio de Economía y Finanzas a propuesta de la Administración Aduanera y en coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Otra de las obligaciones es aquella que obliga a los almacenes a disponer de un sistema de monitoreo por cámaras de televisión que permitan a la aduana visualizar en línea las operaciones que puedan realizarse en el mismo. Asimismo, poner a disposición de la aduana las instalaciones, equipos y medios que permitan satisfacer las exigencias de funcionalidad, seguridad e higiene para el ejercicio del control aduanero.

En caso de verificarse objetivamente que dichos recintos no prestan la logística necesaria, impidan u obstaculicen la realización de las labores de reconocimiento, inspección o fiscalización dispuestas por la autoridad aduanera, así como el acceso a sus sistemas informáticos, serán pasibles de la aplicación de una multa que asciende a 3 UIT,[1] la misma que se encuentra excluida del beneficio tributario denominado Régimen de Incentivos.

II. DEPÓSITO ADUANERO.
En lo que respecta al depósito aduanero el artículo 2° de la actual Ley General de Aduanas aprobada por el Decreto Legislativo N° 1053, lo define en los siguientes términos:

“Depósito aduanero.- Local donde se ingresan y almacenan mercancías solicitadas al régimen de depósito aduanero. Pueden ser privados o públicos”.

En esta definición se establece claramente que los depósitos aduaneros sólo admiten mercancías que ingresan a nuestro país bajo el régimen de depósito, vale decir con la condición de tener los derechos de aduana y demás tributos suspendidos en el pago por el plazo máximo de doce meses. A diferencia de los depósitos temporales que pueden recibir mercancías que se van a destinar a cualquier régimen aduanero pendiente de levante.

Pero se ha omitido establecer la diferencia entre el depósito aduanero privado y público, tal como ocurría en la anterior Ley General de Aduanas, por lo que debemos recurrir a la Decisión N° 671 de la Comunidad Andina referida a la armonización de los regímenes aduaneros, donde se establecen las siguientes definiciones:

“a) Depósito Aduanero público, un depósito aduanero que pueda utilizar cualquier persona que tenga derecho a disponer de las mercancías, debidamente autorizado por la autoridad aduanera.
b)Depósito aduanero privado, un depósito aduanero reservado al uso exclusivo de determinadas personas cuando las necesidades particulares del comercio lo justifiquen, debidamente autorizado por la autoridad aduanera”.

En consecuencia, si tomamos en cuenta que la Decisión N° 671 se encuentra vigente y está incorporado en nuestro ordenamiento jurídico nacional, podemos utilizarla para cubrir este vacío legal en nuestra actual Ley General de Aduanas, habida cuenta que dicha norma comunitaria resulta aplicable en todos los países que conforman la Comunidad Andina en la medida que entre otros supuestos, no exista norma nacional que se oponga a estas definiciones.
Otro aspecto que debemos mencionar es que los recintos o almacenes aduaneros son considerados como zona primaria dado que son locales destinados a la custodia temporal de las mercancías cuya administración puede estar a cargo de la autoridad aduanera, de otras dependencias públicas o de personas naturales o jurídicas; en cuyo supuesto se incluyen a los depósitos temporales y depósitos aduaneros[2]

En ese sentido, tenemos que los artículos 113° y 114° de la actual Ley General de Aduanas regulan la posibilidad que las mercancías puedan ser entregadas directamente a un depósito aduanero elegido como punto de llegada, siempre que se haya numerado una declaración que destine las mismas al régimen de depósito aduanero, suponemos que en este supuesto se trata de una destinación aduanera solicitada bajo la modalidad de despacho anticipado.

III. A MANERA DE CONCLUSIÓN.
La actual Ley General de Aduanas denomina Depósito Temporal a aquellos recintos autorizados para custodiar mercancías nacionales y/o extranjeras que se encuentran pendientes de levante aduanero. En cambio, se considera como depósito aduanero a los recintos que están facultados para recibir mercancías destinadas solamente para el régimen de depósito.

Ambos recintos tienen sus propias obligaciones y responsabilidades específicas frente a la Administración Aduanera, teniendo como denominador común el que puedan constituirse en puntos de llegada. Asimismo, las diferencias entre el depósito aduanero público y privado se encuentran reguladas en la Decisión N° 671 de la Comunidad Andina.
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[1] Sanción cuantificada en la Tabla de Sanciones Aduanera aprobada por el Decreto Supremo N° 031-2009-EF.
[2]El artículo 2° de la Ley General de Aduanas cuando define a los almacenes aduaneros incluye en dicha definición a los depósitos aduaneros de manera expresa.

* Escrito por: Mag. Javier Gustavo Oyarse Cruz. Docente de la UPC, USMP y CAEN.

13 junio, 2011

BREVES APUNTES RESPECTO AL COMERCIO ELECTRÓNICO

I. DEFINICIONES. De las variadas definiciones que circulan en la web, nosotros escogimos las siguientes, que nos parecen apropiadas para entender esta materia: “Es el conjunto de transacciones comerciales y financieras realizadas por medios electrónicos. Esto es, el procesamiento y la transmisión electrónica de datos, incluyendo texto, sonido e imagen”
“El comercio electrónico es aquél donde se utiliza para la comunicación y acuerdo entre las partes, el intercambio de datos, a través de medios electrónicos, electromagnéticos, ópticos u otros, de naturaleza análoga”.
La Comisión Europea define el comercio electrónico como "Cualquier actividad que involucre a empresas que interactúan y hacen negocios por medios electrónicos, bien con clientes, bien entres ellas, o bien con la Administración. Se incluye el pedido y pago electrónico y on-line de bienes que se envían por correo u otro servicio de mensajería, así como el envío on-line de servicios como publicaciones, software e información. Asimismo, se incluyen actividades como diseño e ingeniería cooperativa, Marketing, comercio compartido (Trade Sharing), subastas y servicios post-venta”.
II.CLASIFICACIÓN DEL COMERCIO ELECTRÓNICO. Dentro de los tipos de comercio electrónico identificables por el momento, es posible distinguir a los siguientes:
Empresa - Empresa (B2B): Esta categoría agrupa a las empresas que por ejemplo ordenan pedidos a los proveedores, recibiendo los cargos y haciendo los pagos utilizando la red. Este tipo de comercio electrónico utiliza el llamado EDI (Electronic Data Interchange), sobre redes privadas o de valor añadido.
Empresa - Consumidor (B2C): Esta categoría se suele equiparar con la venta electrónica. Se ha ido expandiendo con la llegada de la World Wide Web. Existen ya en la actualidad muchos tipos de galerías que ofrecen a través de Internet todo tipo de bienes consumibles, desde computadores a vinos, vehículos, materiales, libros, etc.
Empresa - Administración (B2A): Aquí se cubre todo tipo de transacciones entre las empresas y las organizaciones gubernamentales. Esta categoría es bastante importante ya que se piensa que a través de ella se podrá promover la calidad, la seriedad y el crecimiento del comercio electrónico.
Consumidor - Administración (C2A): Esta categoría es la que más dificultades parece encontrar para su crecimiento o expansión. Sin embargo, en la medida que crezcan y se extiendan las categorías anteriores, la Administración podrá extender las interacciones electrónicas a áreas tales como los pagos de pensiones, el asesoramiento, o las devoluciones de tasas; por citar algunos servicios públicos.
III. VENTAJAS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO. No cabe duda que con el acelerado avance de las tecnologías de la información, resulta cada vez más simple realizar negocios internacionales de manera virtual o electrónica entre compradores y vendedores ubicados en países distintos y distantes. Por ello es que reproducimos las siguientes ventajas que aportan a su crecimiento vertiginoso en el comercio exterior peruano:
1. El comercio electrónico ofrece muy variadas oportunidades de negocio a los proveedores, quienes pueden ofertar sus bienes y servicios sin tener que desplazarse físicamente hasta los mercados donde pretende penetrar o posicionarse.
2. Reducción de costos: a través de la eliminación de catálogos, manuales y otro tipo de documentación que normalmente es enviada a los clientes.
3. Mejora de la satisfacción de los clientes y reducción de los costos de soporte mediante servicios de ayuda on-line durante las 24 horas del día, correo electrónico para dudas, consultas, recomendaciones.
4. Creación de oportunidades de negocio, incrementando la notoriedad y la posibilidad de conseguir clientes potenciales dentro y fuera del país.
5. Prestigio. En la medida que se pueda registrar on line todos los comentarios que evidencien la satisfacción de sus clientes por el servicio o bien adquirido.
6. Establecimiento de relaciones comerciales fluidas y sólidas en el tiempo.
7. Uso masivo de la tecnología multimedia, permitiendo el transporte de video y sonido.
8. Apertura de mercados internacionales cada vez más competitivos.
9. Intercambio de información constante y en tiempo real.
10. Acceso a mercados especializados y realización de pruebas de mercado.
11. Retroalimentación por parte de los clientes que se convierte en el principal motor que conduce el proceso de mejoramiento constante del comercio electrónico.
12. Uso de facturas y comprobantes de pago electrónicos, asimismo el uso masivo del pago electrónico para las transacciones comerciales.
IV. MARCO LEGAL. En nuestro país no existe una ley marco que se ocupe de manera específica todos os aspectos vinculados al comercio electrónico. Pero se ha producido variada legislación en materia de publicidad en línea, uso de correo electrónico y en la prestación de servicios para el acceso a Internet (así como para las operadoras y los medios de pago), entre otros aspectos. Por ello, les presentamos la lista de leyes que directa o indirectamente regulan el comercio electrónico hasta la fecha:
- Ley de firmas y certificados digitales, Ley N° 27269,modificatoria, reglamento de la ley, normas técnicas. El ámbito de aplicación de la Ley de Firmas y Certificados Digitales es sobre aquellas firmas electrónicas que, puestas sobre un mensaje de datos o añadidas o asociadas lógicamente a los mismos, puedan vincular e identificar al firmante, así como garantizar la autenticación e integridad de los documentos electrónicos, tal como lo establece el artículo 2º de la mencionada Ley. http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/6/par/normalizacion/ley%2027269.pdf

- Ley de delitos informáticos – Ley N° 27309.
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/27309.pdf

- Ley de manifestación de la voluntad por medio electrónico – Ley N° 27291. http://www.idea.edu.pe/alegales/manifestacionesdevoluntadyfirmaelectronica.PDF
- Ley anti SPAM – Ley N° 28493.
http://www.upch.edu.pe/CCUCH/CCI/IRP/Ley28493.htm

- Ley de control de contenidos (pornografía infantil). Ley N° 27459. http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/27459.pdf
- Ley que regula las Centrales privadas de información de riesgo y de protección al titular de la información – Ley N° 27489. http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/27863.pdf
- Decreto Legislativo Nº 681, ampliado y modificado por la Ley Nº 26612 y el Decreto Legislativo Nº 827 - Ley del Uso de Tecnologías Avanzadas en materia de Generación, Transmisión y Archivo de Documentos e Información Electrónica de entidades públicas o privadas.
- Ley de Derechos de Autor – Decreto Legislativo N° 822
- Ley de Propiedad Industrial – Decreto Legislativo N° 823
- Decisión Andina de derechos de autor – Decisión 351
- Decisión Andina de propiedad industrial – Decisión 486
- Legislación sobre tributación de contenidos digitales: En principio tenemos al Decreto legislativo N° 945 que incorporó a los servicios digitales prestados por sujetos no domiciliados a través del internet dentro de los supuestos que generan renta de fuente peruana, en la medida que, entre otros criterios, los mismos sean aprovechados o utilizados en nuestro país. Su reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 086-2004-EF estableció como concepto de servicio digital a todo servicio que se pone a disposición del usuario a través del internet mediante accesos en línea y que se caracteriza por ser esencialmente automático y no ser viable en ausencia de la tecnología de la información. Esta norma contempla algunos casos concretos de servicios que se encuentran comprendidos dentro del concepto de servicios digitales. Y cabe mencionar también el Decreto Legislativo N° 970 que modificó algunos aspectos de la regulación vinculada a los servicios digitales en el Impuesto a la Renta incorporando dentro del ámbito de aplicación no solamente a los servicios prestados a través del internet, sino aquellos que puedan ser prestados mediante cualquier adaptación o aplicación de protocolos, plataformas o de tecnología utilizada por internet o cualquier otra red a través de la que se presten servicios equivalentes.
Además de estas leyes, son importantes los capítulos sobre propiedad intelectual y comercio electrónico del texto del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos; asimismo, los capítulos similares de los TLC negociados con Canadá, la Unión Europea y los países del EFTA (en castellano, la Asociación Europea de Libre Comercio, formada por Noruega, Liechtenstein, Islandia y Suiza).
Fuentes de consulta e información complementaria:
http://blog.pucp.edu.pe/media/avatar/111.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_electr%C3%B3nico
http://apece.org.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=58
http://www.ipdt.org/editor/docs/06_XJorIPDT_BDLVR.pdf
http://www.myownbusiness.org/espanol/s9/


Actividad Académica: Apenas concluyas esta lectura estas cordialmente invitado a dejarnos tu comentario en este blog, manifestando tu percepción respecto a si resulta necesario continuar regulando normativamente el comercio electrónico o a lo mejor, identificando aquellos aspectos que aún faltan por regular legislativamente en esta materia.

20 mayo, 2011

Garantías Previas a la numeración de la Declaración

El Acuerdo de Promoción Comercial celebrado con los Estados Unidos (tlc), comprometió a nuestro país a adoptar o mantener procedimientos aduaneros simplificados para el despacho eficiente de las mercancías, con el fin de facilitar el comercio entre ambos países; tales como permitir que los importadores retiren las mercancías de sus aduanas antes de cualquier decisión final por parte de su autoridad aduanera acerca de los aranceles aduaneros, impuestos y cargos que sean aplicables. Para lograr dicho propósito “Cada parte puede exigir que un importador provea suficiente garantía en la forma de una fianza, depósito o cualquier otro instrumento que sea apropiado y que cubra el pago definitivo de los aranceles aduaneros, impuestos y cargos relacionados con la importación de la mercancía”.

Este compromiso ha sido regulado en el artículo 160° de la Ley General de Aduanas estableciéndose a la garantía previa a la numeración de la declaración como un nuevo mecanismo destinado a sustentar el despacho aduanero de importación, con la particularidad que le permite al importador garantizar la deuda tributaria aduanera, derechos antidumping y compensatorios, percepciones y demás obligaciones aplicables a este régimen.

Es preciso mencionar que el Procedimiento IFGRA-PE.39 ha previsto hasta tres tipos de garantías que pueden utilizarse en este sistema de garantías previas a la numeración de la declaración: Carta Fianza, Póliza de Caución y Garantía Nominal. Las cuales permitirán aseguran el pago del íntegro de la deuda vinculada a los siguientes regímenes o solicitudes:
a) Importación para el consumo.
b) Admisión temporal para perfeccionamiento activo.
c) Admisión Temporal para reexportación en el mismo estado.
d) Restitución de derechos arancelarios.
e) Tránsito.
f) Envíos de entrega rápida, cuando las empresas de Envíos de entrega rápida actúan como importadores.
g) Transferencia de mercancías importadas con exoneración o inafectación tributaria.
h) Traslado de mercancías de zonas de tributación especial a zonas de tributación común.
Frente a este amplio panorama de regímenes y solicitudes aduaneras que pueden ser cubiertas con la citada garantía, resulta necesario precisar que el importador puede elegir cualquiera de las siguientes modalidades para su presentación:

a) Garantía global: la cual asegura el cumplimiento de las obligaciones vinculadas a más de una declaración y tiene como plazo de vigencia no mayor a un año. El monto de esta garantía debe ser no menor a un porcentaje del monto de las deudas tributarias aduaneras y/o recargos registrados durante los doce meses anteriores al inicio del trámite de presentación de la garantía más un porcentaje por riesgo.

b) Garantía específica: La cual asegura el cumplimiento de obligaciones derivadas de una declaración o solicitud de régimen aduanero y tiene como plazo de vigencia no mayor a tres meses. El monto de esta garantía debe ser no menor a un porcentaje del valor de la mercancía fijado en función del riesgo del usuario, más el monto de la deuda tributaria aduanera y recargos.

Asimismo, el importador puede consultar dicha garantía mediante el Portal de la Administración Tributaria utilizando su clave sol, accediendo de este modo a una cuenta corriente que le permitirá verificar si las declaraciones aduaneras de importación para el consumo se encuentran cubiertas con la misma.

Otro aspecto, que se debe resaltar es que la presentación de la citada garantía constituye un requisito básico para acceder al beneficio del levante aduanero en sólo 48 horas, lo cual indudablemente agiliza los despachos y se convierte en otro atractivo más para su elección por parte del importador. Adicionalmente, ofrece la ventaja de iniciar el cómputo de los intereses moratorios recién a partir del día veintiuno del mes siguiente de producida la descarga (despacho anticipado) o de numerada la declaración aduanera (despacho excepcional); con lo cual queda remota la posibilidad de su ejecución en caso de incumplimiento de pago de la deuda.

Hasta aquí hemos presentado las bondades y ventajas del sistema de garantías previas a la numeración de la declaración aduanera, las cuales corresponden al marco normativo vigente. Avizoramos que con el paso del tiempo y su debida difusión, se podrá alcanzar el ansiado objetivo de masificar su uso entre los importadores, para lo cual formulamos algunas ideas que podrían ayudar en este cometido:
*Enfatizar que este sistema de garantías es multipropósito, vale decir que no sólo se aplica para el régimen de importación para el consumo. Su ámbito de cobertura es mayor llegando incluso a aplicarse en los regímenes aduaneros de admisión temporal, tránsito, envíos de entrega rápida y drawback.
*Publicar en el Portal de la Administración Tributaria una tabla de tarifas y comisiones que hayan fijado oficialmente las diferentes entidades bancarias, financieras y de seguros para este tipo de garantías; así como las estadísticas mensuales que evidencien el crecimiento del número de despachos aduaneros que cuentan con garantía previa en las Intendencias de Aduana Marítima, Aérea y Tacna.
*Realizar una campaña de difusión de este sistema en los gremios empresariales contando con la activa participación de las Entidades Bancarias, Financieras y de Seguros, para efecto de generar competitividad.

Finalmente, tenemos que concluir estas líneas señalando que el sistema de garantías previas a la numeración de la declaración es una herramienta novedosa en nuestro país y brinda a los importadores considerables ventajas que deben ser conocidas por todos, de manera que puedan tomar la decisión correcta al momento de gestionar sus despachos de importación. Por ejemplo, si partimos del supuesto que la declaración hubiera sido numerada el 01 de Abril, el plazo para el pago de la deuda tributaria aduanera sin intereses recién vence el 20 de Mayo. Es decir 50 días calendarios después de la numeración. Durante este periodo, el mencionado importador puede aprovechar para financiar dicho pago con el dinero obtenido por la venta de las mercancías; dado que ha obtenido el levante aduanero con la sola presentación de la garantía previa sin perjuicio de cumplir con las demás formalidades aduaneras.
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Mag. Javier Gustavo Oyarse Cruz. Docente de la UPC, USMP y CAEN.

Publicado en Revista Logista. Mayo 2011. Perú.

13 mayo, 2011

MODALIDADES DE DESPACHO ADUANERO DE MERCANCIAS

I. EL DESPACHO ADUANERO
Ha sido definido el despacho aduanero como el cumplimiento del conjunto de formalidades aduaneras necesarias para que las mercancías sean sometidas a un determinado régimen aduanero.
Vale decir que esta institución jurídica aduanera precisa que existen una serie de obligaciones formales y sustanciales que deberá cumplir obligatoriamente el dueño o consignatario de la mercancía, como requisito para lograr el levante en el régimen aduanero de su elección.
Consideramos por ello que resulta necesario analizar las nuevas modalidades de despacho aduanero que han sido reguladas en la novísima legislación aduanera aprobada por el Decreto Legislativo N° 1053.
II. NUEVAS MODALIDADES DE DESPACHO ADUANERO
Estas modalidades de despacho constituyen tres opciones sujetas a libre elección del importador o declarante con el propósito de agilizar el procedimiento de desaduanaje de su mercancía; lo cual permitirá que se vuelva más competitivo gracias a las siguientes medidas de facilitación del comercio exterior:
A. Despacho Anticipado: El despacho anticipado permite la numeración de la declaración antes de la llegada de las mercancías, motivo por el cual no procede efectuar esta modalidad cuando el medio de transporte haya arribado al lugar de ingreso al país. La razón fundamental para condicionar esta modalidad de despacho se sustenta en que se requiere adelantar los trámites aduaneros de la importación para efecto de que las mercancías puedan ser trasladadas al almacén del dueño o consignatario, antes del levante, previo pago u otorgamiento de la garantía por la deuda tributaria aduanera así como los derechos antidumping, derechos compensatorios y percepción del Impuesto General a las Ventas, cuando corresponda.
Un aspecto muy importante para destacar es que el dueño o consignatario debe contar con un almacén declarado como local anexo en el Registro Único de Contribuyentes de la SUNAT, con infraestructura adecuada y brindar el apoyo logístico necesario para el reconocimiento físico de las mercancías, dado que el haber elegido esta modalidad de despacho no lo excluye del sistema de selección aleatoria de canales, con lo cual de ser seleccionado al canal rojo debe contar con toda la infraestructura y servicios logísticos para facilitar las labores de reconocimiento físico por parte de la autoridad aduanera.
Debemos tener en cuenta que se puede solicitar el despacho anticipado dentro del plazo de quince (15) días calendario antes de la llegada del medio de transporte, mediante la declaración aduanera.
Es oportuno mencionar que se viene aplicando actualmente el procedimiento Específico INTA-PE.01.17-A que regula el despacho anticipado de importación para el consumo en las Aduanas Marítima y Aérea del Callao; que tiene como una de sus principales características que el dueño o consignatario de la mercancía puede tramitar el despacho anticipado:
1.- Con descarga y levante en el terminal portuario o terminal de carga aéreo. (Esta posibilidad resulta novedosa).
2.- Con traslado a depósito temporal (Antes denominado descarga al punto de llegada).
3.- Con traslado al local con autorización especial de zona primaria. (Antes denominado al local del importador).
B. Despacho Urgente: Para esta modalidad de despacho aduanero que tiene como elemento característico la determinación del tipo de mercancía que puede gozar de estas facilidades, resulta oportuno precisar que se consideran como despachos urgentes a los envíos de urgencia y los envíos de socorro.
En ese orden de ideas, tenemos entonces que se reconocen a como ENVÍOS DE URGENCIA a las mercancías que por su naturaleza o el lugar donde deban ser almacenadas requieran de un tratamiento preferencial, pudiendo ser destinadas a los regímenes de importación para el consumo, admisión temporal para perfeccionamiento activo, admisión temporal para reexportación en el mismo estado o depósito aduanero.
Su trámite se puede iniciar antes de la llegada del medio de transporte o hasta siete (7) días calendarios posteriores a la fecha del término de la descarga; con lo cual debe quedar claro que si se vence este plazo, la mercancía sólo podrá ser despachada bajo la modalidad de despacho excepcional. Otro aspecto muy importante por destacar es que las declaraciones sujetas a esta modalidad de despacho no eximen al declarante de la obligación de cumplir con todas las formalidades y documentos exigidos por el régimen solicitado.
Esta modalidad de despacho comprende al siguiente tipo de mercancías de conformidad con el artículo 231° del Reglamento de la Ley General de Aduanas: a)Órganos, sangre, plasma sanguíneo de origen humano; b) Mercancías y materias perecederas susceptibles de descomposición o deterioro, destinadas a la investigación científica, alimentación u otro tipo de consumo; c) Materiales radioactivos; d) Animales vivos; e)Explosivos, combustibles y mercancías inflamables; f)Documentos, diarios, revistas y publicaciones periódicas; g)Medicamentos y vacunas; h)Piedras y metales preciosos, billetes, cuños y monedas; i)Mercancías a granel; j)Máquinas y equipos de gran peso y volumen, incluso aeronaves; k)Partes y piezas o repuestos para maquinaria para no paralizar el proceso productivo, solicitados por el productor; l)Carga peligrosa; m)Insumos para no paralizar el proceso productivo, solicitados por el productor; y n)Otras mercancías que a criterio de la Administración Aduanera merezcan tal calificación.
En cambio se consideran como ENVIOS DE SOCORRO a las mercancías destinadas a ayudar a las víctimas de catástrofes naturales, de epidemias y siniestros, pudiendo ser destinadas a los regímenes de importación para el consumo o admisión temporal para reexportación en el mismo estado. Cabe añadir que esta modalidad de despacho está sujeta solo a control documentario.
La relación de mercancías que han sido reconocidas como envíos de socorro por el artículo 232° del Reglamento de la Ley General de Aduanas para tramitarse bajo esta modalidad de despacho comprende a las siguientes: a)Vehículos u otros medios de transporte; b)Alimentos; c)Contenedores para líquidos y agua, bolsas y purificadores de agua; d)Medicamentos, vacunas, material e instrumental médico quirúrgico; e)Ropa y calzado; f)Tiendas y todos de campaña; g)Casas o módulos prefabricados; h)Hospitales de campaña; e i)Otras mercancías que a criterio de la Administración Aduanera constituyan envíos de socorro y aquellas que se establezcan por normas especiales.
C. Despacho Excepcional: Esta última modalidad de despacho permite solicitar la destinación aduanera hasta el plazo máximo de treinta (30) días calendarios posteriores a la fecha del término de la descarga. Advierte la legislación aduanera que transcurrido este plazo la mercancía sólo podrá ser sometida al régimen de importación para el consumo.
También debemos mencionar que a partir de su vigencia, esta modalidad de despacho traerá consigo también la posibilidad de que la mercancía incurra en abandono legal al vencimiento de los 30 días calendarios posteriores a la descarga, en el supuesto que no haya sido sometida a ninguna destinación aduanera.
Finalmente, como su propio nombre lo indica esta modalidad de despacho es una excepción a la regla, y por lo tanto con su aplicación quedará superada aquella práctica de larga data que nos acostumbró a considerar como despacho normal a la destinación aduanera solicitada después del ingreso de la mercancía a zona primaria.
III. LEVANTE CON GARANTIA PREVIA A LA NUMERACION.
Resulta necesario mencionar dentro de las medidas orientadas a agilizar el levante aduanero, a esta nueva alternativa que tendrán los importadores de poder garantizar previamente las obligaciones de pago correspondientes a la declaración (sea con garantía global o específica) para obtener el levante antes de la determinación final del monto de la deuda tributaria aduanera.
Las obligaciones cubiertas por las precitadas garantías podrán ser deudas tributarias aduaneras determinadas dentro del plazo de culminación del despacho y/o las determinadas durante la fiscalización posterior al despacho formando parte de las acciones de control extraordinario.
La legislación aduanera ha previsto hasta dos tipos de garantías que podrán ser utilizadas por el importador para obtener el levante aduanero de manera inmediata (máximo 48 horas), las mismas que se encuentran reglamentadas en el Procedimiento Específico IFGRA-PE.39, en los siguientes términos:
a) Garantía global: cuando asegura cuando asegura el cumplimiento de las obligaciones vinculadas en más de una declaración y tiene como plazo de vigencia no mayor a un año. El monto de esta garantía debe ser no menor a un porcentaje del monto de las deudas tributarias aduaneras y/o recargos registrados durante los doce meses anteriores al inicio del trámite de presentación de la garantía más un porcentaje por riesgo.
b) Garantía específica: cuando asegura el cumplimiento de obligaciones derivadas de una declaración o solicitud de régimen aduanero y tiene como plazo de vigencia no mayor a tres meses. El monto de esta garantía debe ser no menor a un porcentaje del valor de la mercancía fijado en función del riesgo del usuario, más el monto de la deuda tributaria aduanera y recargos.

El dueño o consignatario tendrá como plazo para pagar la deuda tributaria aduanera sin intereses hasta el día veinte del mes siguiente de numerada la declaración aduanera en un despacho excepcional, siendo remota la posibilidad de su ejecución en caso de incumplimiento de pago; toda vez que la exigibilidad de las deudas garantizadas recién se producirá el vigésimo primer día del mes siguiente de numerada la declaración.
En el supuesto negado que se decida ejecutar la garantía por falta de pago de la deuda tributaria aduanera dentro del plazo legal mencionado anteriormente, deberá aplicarse el siguiente orden de prelación conforme a la regla de imputación prevista en la normatividad aduanera:
1. Intereses Moratorios o Compensatorios
2. Derechos arancelarios y demás impuestos a la importación para el consumo
3. Multas
4. Percepciones del IGV
5. Tasa de Despacho Aduanero
6. Derechos Antidumping y compensatorios provisionales o definitivos
7. Demás obligaciones de pago relacionadas con el ingreso o salida de mercancías encargadas a la Administración Aduanera o que correspondan a ésta
IV. LEVANTE DE ENVIOS DE ENTREGA RÁPIDA (Express Shipments)
Se trata de un procedimiento aduanero separado, ágil y muy expeditivo que en circunstancias normales permitirá culminar el procedimiento de despacho dentro de las seis (06) horas siguientes a la presentación de los documentos aduaneros necesarios, pero siempre que el envío haya arribado a nuestro país. Su regulación nacional se encuentra inspirada en el artículo 5.7 del Capítulo Cinco del Acuerdo de Promoción Comercial Perú ‐ Estados Unidos.

En este procedimiento los usuarios gozarán de una inafectación tributaria completa cuando de trate de envíos de entrega rápida realizados en condiciones normales siempre que constituyan:
1)Correspondencia, documentos, diarios y publicaciones periódicas, sin fines comerciales.
2)Mercancías hasta por un valor de doscientos y 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$ 200,00).
Finalmente debemos precisar que mediante el Decreto Supremo N° 011-2009-EF se aprobó el Reglamento del Régimen Aduanero Especial de Envíos de Entrega Rápida incluyendo en el capítulo 98 del Arancel de Aduanas a la partida 98.09 que se utilizará para la clasificación, diferenciación e identificación de dichos envíos. El precitado Reglamento está vigente desde el 01 de Febrero de 2011; salvo Los artículos 12 y 13 y el Título VIII del mismo, incluyendo las obligaciones e infracciones aplicables a las empresas de servicio de entrega rápida dispuestas en el Decreto Legislativo Nº 1053 que estarán vigentes desde el 31 de Diciembre de 2011, conforme a lo dispuesto por el D.S. N° 137-2010-EF.

Autor: Mag. Javier Gustavo Oyarse Cruz. Catedrático de la UPC, USMP y CAEN

09 mayo, 2011

Ventanilla Unica de Comercio Exterior (VUCE)

¿Qué es una Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE?

La Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE se define como un mecanismo de facilitación que permite a las partes involucradas, en el comercio y el transporte, alojar información estandarizada y documentos en un solo punto de entrada para cumplir con todos los trámites de importación, exportación y tránsito. La información al ser electrónica, debe ser remitida una sola vez.


La VUCE se conceptualiza como "un sistema integrado que permite a las partes involucradas en el comercio exterior y transporte internacional gestionar, a través de medios electrónicos, los trámites requeridos por las entidades competentes de acuerdo con la normatividad vigente, o solicitados por dichas partes, para el tránsito, ingreso o salida del territorio nacional de mercancías".


¿Por qué crear una Ventanilla Única de Comercio Exterior?

La ampliación de mercados e integración comercial con otros países tiene un impacto positivo en el actual ritmo de crecimiento del comercio exterior que se desarrolla en nuestro país. Por ello, asegurar su eficiencia y sostenibilidad futura exigen una mayor calidad, transparencia, eficiencia y rapidez en los procesos relacionados con los controles que ejercen las entidades públicas del Estado, de tal forma que reduzca la diversidad y dispersión de trámites, permitiendo controles integrados y una respuesta rápida, equivalente y transparente ante similares requerimientos de los exportadores, importadores y de los propios mercados internacionales, y sobre todo, facilite en términos de menores costos y plazos las operaciones de entrada y salida en general de mercancías al país. Este ordenamiento, integración y simplificación de procesos y documentos impactará en la eficiencia y los costos operacionales, a nivel del Estado como del sector privado e incrementará, sin duda, nuestra competitividad frente a otros países.


La VUCE se justifica en los siguientes aspectos:



  • Existencia de mercancías sujetas a control por parte del Estado (sanidad, seguridad, patrimonio, drogas, etc.).


  • Numerosos intervinientes en el control


  • Procesos deficientes, engorrosos y desintegrados.


  • Duplicidad en los requerimientos exigidos por las instituciones gubernamentales.


  • Exigencia de presentación de documentos emitidos por el mismo Estado


  • Organismos que tienen a cargo supervisión o verificación de mercancías no coordinan entre sí el momento de inspección


  • Predictibilidad en los trámites

¿Cómo funcionará la VUCE?

El componente de mercancías restringidas, se implementará a través del uso de medios electrónicos para la obtención de los permisos, certificaciones, licencias y demás autorizaciones que se exigen ante las entidades del Estado para la realización de las operaciones de importación y exportación de mercancías, así como para la recepción, estadía y despacho de naves de transporte internacional. Las entidades del Estado que, por mandato legal, deben intervenir en la inspección física de la mercancía al momento de su ingreso o salida del país llevarán a cabo esta diligencia de manera simultánea al reconocimiento físico que efectúa la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT en el despacho aduanero, cuando corresponda.

Marco Normativo.
R.M. 037-2011-MINCETUR – Aprueban la ampliación de la relación de procedimientos administrativos que se tramitan a través de la VUCE 14/02/2011
R.M. 261-2010-MINCETUR – Incluyen 21 procedimientos administrativos en la relación que se tramita a través de la VUCE 29/12/2010
R.M. 233-2010-MINCETUR – Amplían la relación de Procedimientos Administrativos que se tramitan a través de la VUCE 12/11/2010
R.M. 137-2010-MINCETUR – Aprueban relación de Procedimientos Administrativos que se tramitarán a través de la VUCE 15/07/2010
R.M. 074-2009-MINCETUR – Incorporan miembros a la Comisión VUCE 08/06/2009
D.S. 009-2008-MINCETUR – Aprueban Reglamento del Dec. Leg 1036 que establece los alcances de la Ventanilla de Comercio Exterior 05/12/2008
Dec. Leg. 1036 - Decreto Legislativo que establece los alcances de la Ventanilla Única de Comercio Exterior 25/06/2008
Dec.Leg. 1022 – Decreto Legislativo que modifica la Ley de Sistema Portuario Nacional Ley N 27943 17/06/2008
D.S. 010-2007-MINCETUR – Aprueban Reglamento para la implementación de la Ventanilla Única de Comercio Exterior 28/10/2007
Ley N 28977 – Ley de Facilitación del Comercio Exterior 09/02/2007
D.S.199-2006-EF – Modifican el D.S. 165-2006-EF 14/12/2006
D.S. 165-2006-EF – Crean la Ventanilla Única de Comercio Exterior 03/11/2006