24 agosto, 2011

Comercio Exterior de Servicios

I. Definiciones.

Los servicios son prestaciones que, a diferencia de los bienes, no se pueden ver, tocar o almacenar. Los servicios aunque no se ven están presentes en casi todas las actividades que realiza el ser humano, estos contribuyen en gran medida al bienestar de los ciudadanos.
En el ámbito local, algunos ejemplos de servicios son: las conferencias, un corte de cabello, un concierto, una transferencia bancaria, una cirugía, el transporte de una mercadería de un lugar a otro; en el ámbito internacional, un postgrado que se realiza en el exterior, la asistencia técnica que presta un operario de una empresa que compra una tecnología en un país diferente al suyo, una obra de ingeniería realizada por contratistas de otro país, etc.

Una exportación de servicios se realiza cuando el pago del mismo es efectuado por un residente en el extranjero, con independencia del lugar en el que se produce, en la práctica, la prestación del servicio.

En las transacciones de servicios, es necesario tener en cuenta el tiempo, el lugar de consumo y la proximidad entre el proveedor de servicios y el consumidor.
Tal proximidad puede lograrse mediante la presencia comercial en el país importador o a través del traslado temporal de personas a otro territorio para recibir o prestar el servicio.

En definitiva la exportación de servicios es el suministro de un servicio de cualquier sector brindado por un residente hacia otro no residente.

II. Modalidades de exportación de servicios.

Las modalidades de prestación de servicios son importantes, pues muestran las características que diferencian los bienes de los servicios y cómo se comercializan los mismos a nivel internacional. En efecto, el comercio internacional de bienes implica el movimiento físico de las mercancías de un país a otro, en tanto que son pocas las transacciones de servicios que entrañan movimientos trans-fronterizos.

Para la legislación peruana, dicha exportación adopta cualquiera de las siguientes modalidades:
1.- Comercio Transfronterizo (Se presta desde el Perú hacia el exterior): NO SE APLICA IGV. La Ley N° 29646 aprueba un listado con 14 operaciones que califican en esta modalidad.
2.- Consumo en el territorio del país (Se presta en el Perú a sujetos no domiciliados): No se aplica IGV. La Ley N° 29646 aprueba un listado con 7 operaciones que califican en esta modalidad.
3.- Servicios a turistas que permiten devolución del IGV. Se aplica IGV, que posteriormente es devuelto a la salida del territorio peruano.
4.- Servicios prestados en el exterior por generadores de cuarta categoría que permiten reintegro del crédito fiscal. El profesional domiciliado en el Perú, obtiene el reintegro del IGV pagado en la compra de bienes y servicios utilizados con motivo de la prestación de sus servicios en el exterior.

III. Marco Normativo.

Mediante la Ley Nº 29646 se tiene como finalidad establecer el marco normativo para el fomento del comercio exterior de servicios. Dicha norma entró en vigencia el día de 02 de enero de 2011. Las principales modificaciones que estipula dicha norma son las siguientes:
*El artículo 5° de la referida Ley incorpora información al segundo requisito sustancial contenido en el artículo 18° de la Ley del IGV.
*Se incorpora un párrafo en el texto del primer párrafo del artículo 33 de la Ley del IGV determinando que no se considera como exportación de servicios aquellos servicios prestados y consumidos en el territorio del país a favor de una persona natural no domiciliada. Se permite que en este supuesto la persona natural pueda solicitar la devolución del IGV, siempre que se cumplan las condiciones señalada en el artículo 76° de la Ley del IGV y respecto de los servicios consignados en el literal C del Apéndice V de la Ley del IGV.
*Se ha incorporado el texto del artículo 34-A a la Ley del IGV, según el cual se permite la posibilidad de reintegrar el Impuesto que les fuera trasladado a las personas naturales generadores de rentas de cuarta categoría cuando prestan servicios que califican como exportación con presencia física en el exterior.
*Se incorpora un segundo párrafo al artículo 76° de la Ley del IGV permitiendo que sea objeto de devolución el IGV que haya gravado los servicios prestados y consumidos en el territorio del país a favor de una persona natural no domiciliada, señalados en el literal C del Apéndice V de la Ley, al momento de su salida del país.
*Se ha incorporado el texto del artículo 33-A a la Ley del IGV, el cual contiene una serie de requisitos que se deben cumplir para que las operaciones señaladas en el Apéndice V de la Ley del IGV sean considerados como Exportación de Servicios.
*Se ha incorporado el texto del artículo 22-A a la Ley del IGV, el cual determina que los bienes, servicios y contratos de construcción que se destinen a operaciones gravadas o que se destinen a servicios prestados en el exterior no gravados con el Impuesto a los que se refiere el artículo 34-A de la Ley del IGV
*Se ha reordenado el texto y contenido del Apéndice V de la Ley del IGV permitiendo una mejor claridad en la aplicación de los supuestos, quedando ordenados de la siguiente manera: (i) comercio transfronterizo, (ii) consumo extranjero, (iii) presencia comercial y (iv) presencia de personas físicas.

IV. Seis ventajas de la liberalización de los servicios

Eficacia económica.
La existencia de una infraestructura de servicios eficaz es una condición sine qua non para la prosperidad económica. Servicios tales como los de telecomunicaciones, banca, seguros y transporte contribuyen estratégicamente al desarrollo de todos los sectores, de bienes y servicios, con importantes aportaciones. Sin el acicate de la competencia, es poco probable que cumplan eficazmente esta función, con el consiguiente detrimento de los resultados y el crecimiento económico generales. Cada vez más gobiernos, pues, prefieren un entorno abierto y transparente para la prestación de servicios.
Desarrollo.
El acceso a los servicios mundiales ayuda a los exportadores y productores de los países en desarrollo a aprovechar su capacidad competitiva, independientemente de los bienes y servicios que estén vendiendo. Gracias a la inversión y competencia técnica extranjeras, varios países en desarrollo han podido también avanzar en los mercados de los servicios internacionales, desde el turismo y la construcción, al desarrollo de soporte lógico y la asistencia sanitaria. Así pues, la liberalización de los servicios se ha convertido en un elemento clave de muchas estrategias de desarrollo.
El ahorro de los consumidores.
Existen abundantes pruebas de que en muchos servicios, en particular los de telecomunicaciones, la liberalización hace bajar los precios, mejora la calidad y amplía las posibilidades de elección de los consumidores. Estas ventajas, a su vez, se abren paso a través del sistema económico y contribuyen a mejorar las condiciones de suministro de otros muchos productos.
Así pues, aunque algunos precios aumenten durante el proceso de liberalización, por ejemplo el costo de las llamadas locales, este incremento suele verse compensado con creces por las reducciones de precios y la mejora de la calidad en otros sectores. Además, en el marco del AGCS, los gobiernos siguen teniendo plena facultad, aun en un entorno completamente liberalizado, de imponer obligaciones universales en materia de servicios y medidas similares por motivos de política social.
Una innovación más rápida.
Los países donde los mercados de servicios están liberalizados han asistido a una mayor innovación de los productos y los procesos. El crecimiento explosivo de Internet en los Estados Unidos contrasta notablemente con el despegue más lento producido en muchos países de la Europa Continental que han vacilado más a la hora de emprender la reforma de las telecomunicaciones. Contrastes similares pueden apreciarse en los servicios financieros y de la tecnología de la información.
Mayor transparencia y previsibilidad.
Los compromisos de un país incluidos en su lista de servicios de la OMC equivalen a una garantía jurídicamente vinculante de que se autorizará a las empresas extranjeras a prestar sus servicios en condiciones estables. Esto da a cuantos tienen interés en el sector -productores, inversores, trabajadores y usuarios- una idea clara de las reglas del juego, pudiendo planificar su futuro con una mayor certidumbre, que estimula las inversiones a largo plazo.
Transferencia de tecnología.
Los compromisos asumidos en la OMC con respecto a los servicios contribuyen a estimular la inversión directa extranjera.
Esa inversión directa extranjera normalmente aporta nuevos conocimientos especializados y tecnologías que se dispersan de diversas maneras por toda la economía. Los empleados nacionales aprenden las nuevas técnicas (y las expanden cuando se van de la empresa). Las empresas nacionales adoptan las nuevas técnicas. Y las empresas de otros sectores que utilizan servicios—insumos del sector como las telecomunicaciones y la financiación también se benefician.
Fuentes: http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29646.pdf







23 agosto, 2011

LA RESERVA TRIBUTARIA

I. Definiciones básicas


En un principio, se consideraba que la Reserva Tributaria encontraba su sustento en el secreto profesional, de acuerdo al cual los trabajadores de la administración tributaria estaban impedidos de hacer públicos los hechos que conocieran durante el desarrollo de sus labores.Actualmente, se considera que el secreto profesional no es suficiente para explicarnos el porqué de la existencia y conveniencia de la institución que venimos analizando.

Para estos efectos creemos que es necesario tener presente que la Reserva Tributaria se origina en la confluencia de dos intereses: el interés del deudor tributario y el interés de la sociedad.

La Reserva Tributaria existe en interés del deudor tributario porque él se encuentra obligado a manifestar sin reservas todos los hechos y circunstancias personales o de terceros que le sean requeridos por la Administración y le conviene que tales contingencias se mantengan en secreto dado que la divulgación de alguna de ellas podría afectarle fuera del ámbito tributario.

La Reserva Tributaria existe, también, en interés de la sociedad ya que ésta incentiva el incremento de los ingresos tributarios del Estado. En efecto, el deudor tributario está más dispuesto a manifestar sus circunstancias personales cuanto más garantía tenga de que la Administración utiliza todos los hechos por ella conocidos para fines impositivos. Este motivo psicológico tiene un trasfondo jurídico real. Dado que nadie está obligado a exponerse a sí mismo al riesgo de la persecución penal, la obligación jurídico-impositiva de cooperación e información del deudor tributario termina allí donde cesa la protección mediante la reserva tributaria.

La reserva tributaria es una garantía para los deudores tributarios consagrada constitucionalmente, dado que obliga a guardar secreto a la Administración Tributaria sobre determinada información referida a las relaciones jurídico-tributarias que los contribuyentes aporten en sus declaraciones o informaciones, o que la Administración haya podido obtener de la fiscalización o de otras fuentes.

La reserva tributaria se encuentra sustentada en dos principios de origen constitucional:

a) el derecho al secreto e inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados y

b) el derecho a la intimidad.

Lo cual se sustenta en que no se puede acceder libremente a documentos ajenos si no se cuenta con la debida autorización del titular o propietario, ni transmitir la información obtenida sin la aprobación de la persona involucrada.
Ahora bien, la Administración Tributaria tiene la facultad de acceder a la información reservada para exigir a los ciudadanos el cumplimiento de su deber de contribuir, pero debe observar la limitación respecto al uso de la información confidencial de los deudores tributarios, dado que solo puede utilizarla para sus propios fines.

Sin duda la información proporcionada por los deudores tributarios o terceros está vinculada con datos económicos y personales, que de ser divulgados podrían causarles perjuicio. Debido a este riesgo de vulnerabilidad es que la información se encuentra protegida por un deber especial de reserva de parte de los entes que la manejan, y así, la reserva tributaria viene a ser una protección adicional a la protección ordinaria prevista en el Código de Ética de la Función Pública, Ley N.° 27815, la cual establece la discreción como un principio de la actuación del servidor público.


II. Marco Normativo vigente

Como lo hemos expuesto inicialmente, la reserva tributaria tiene como sustento nuestra carta Magna y está recogida tambipen en el Texto Único Ordenado del Código Tributario.
Así tenemos que, el primer párrafo del artículo 85° del citado Texto establece que tendrá carácter de información reservada, y únicamente podrá ser utilizada por la Administración Tributaria, para sus fines propios, la cuantía y la fuente de las rentas, los gastos, la base imponible, o cualesquiera otros datos relativos a ellos, cuando estén contenidos en las declaraciones e informaciones que obtengan por cualquier medio de los contribuyentes, responsable o terceros.
Es oportuno precisar, que el precitado artículo estipula algunos supuestos que se encuentran exceptuados de la reserva tributaria, tal es el caso por ejemplo de las exhibiciones de documentos y declaraciones que ordene el Poder Judicial, el Fiscal de la Nación en los casos de presunción de delito, o las Comisiones Investigadoras del Congreso, con acuerdo de la comisión respectiva, con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso investigado.

Conforme al artículo 85º del Código Tributario, no sólo la administración tributaria está obligada a mantener el secreto de las declaraciones e informaciones sino que esta obligación se extiende, así mismo, a las entidades del sistema bancario y financiero que celebren convenios con aquélla para recibir y procesar declaraciones y otras comunicaciones dirigidas a ella.

No obstante, conforme a la doctrina moderna, la Reserva Tributaria tiene un alcance más amplio ya que debe incluir a los funcionarios de la Administración Tributaria, a los Jueces y Fiscales, a los peritos a los que se ha recurrido oficialmente y a cualquier otro funcionario público o privado que de algún modo conociese las circunstancias del sujeto de deberes tributarios. Por ejemplo, si un juez solicita información tributaria a la Administración, los hechos que ella le comunique se encontrarán protegidos por la Reserva Tributaria, en virtud de la cual el Juez se encontrará impedido de dar un uso distinto a aquella información.




III. Implicancias legales por incumplimiento de la reserva tributaria
Si revisamos el último párrafo del artículo 186° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, veremos que son pasibles de las sanciones de suspensión o destitución, de acuerdo a la gravedad de la falta, los funcionarios y servidores públicos de la Administración Tributaria que contravengan lo establecido en el artículo 85° de dicho cuerpo normativo.
De manera que el incumplimiento de las reglas de la reserva tributaria da origen a medidas disciplinarias que deben ser observadas por los funcionarios públicos de la Administración Tributaria.
Al respecto, debe hacerse la salvedad que no incurren en responsabilidad los funcionarios y empleados de la Administración Tributaria que divulguen información no reservada ni aquellos que se abstengan de proporcionar información por estar comprendida en la reserva tributaria.
Sin perjuicio de lo expuesto, debe quedar claro que aquel funcionario de la Administración Tributaria que, indebidamente, divulgue información protegida por la reserva tributaria podría ser denunciado por incurrir en el delito de Abuso de Autoridad tipificado por el artículo 376° del Código Penal, sancionado con una pena privativa de libertad hasta de tres (3) años, en concurso -según el caso- con delitos informáticos tipificados en los artículos 207°-A y 207°-C del Código Penal, sancionados con pena privativa de libertad hasta de siete (7) años.
Adicionalmente cabe precisar el caso del funcionario que perciba un beneficio por transgredir la reserva tributaria, quien podría ser denunciado por incurrir en el delito de cohecho pasivo propio, tipificado en el artículo 393° del Código citado en el párrafo anterior, reprimido con pena privativa de la libertad hasta de ocho (8) años.


IV. A manera de conclusión.

Toda persona es dueña de manera exclusiva de la información sobre su situación patrimonial, puesto que forma parte de su ámbito secreto y personal. El secreto bancario y la reserva tributaria constituyen, en ese sentido, manifestaciones del derecho a la privacidad e implican una limitación a la actividad fiscalizadora de la administración, evitándose la divulgación de tal información y, que junto a los datos estrictamente económicos, se puedan facilitar aquellos que permitan la reconstrucción de los avatares personales a través de las operaciones económicas.
Este tipo de información sólo puede verse lícitamente invadida por la administración pública mediante la actuación de la autoridad tributaria en su función de controlar y fiscalizar las contribuciones al fisco. El derecho a la intimidad económica debe ceder, por ende, frente al interés público general, expresado en la obligación de los ciudadanos de contribuir con las cargas públicas.

22 agosto, 2011

DEPÓSITOS TEMPORALES Y DEPÓSITOS ADUANEROS

I. DEPÓSITO TEMPORAL.
Al revisar las definiciones en materia de almacenes aduaneros para identificar los cambios normativos más saltantes que nos trajo el Decreto Legislativo N° 1053, podemos encontrar en su artículo 2° referido lo siguiente:

“Depósito temporal.- Local donde se ingresan y/o almacenan temporalmente mercancías pendientes de la autorización de levante por la autoridad aduanera”.

Tenemos entonces que los anteriormente denominados Terminales de Almacenamiento han pasado a llamarse ahora depósitos temporales, manteniendo en esencia las misma naturaleza y características; pero esta vez sujeto a nuevas y rigurosas obligaciones establecidas en el artículo 31° de la actual Ley General de Aduanas concordado con los artículos 38° y 39° de su Reglamento.

Dentro de esta obligaciones específicas de estos almacenes aduaneros, tenemos que deben estar localizados a una distancia máxima razonable del terminal portuario, aeroportuario o terrestre internacional de ingreso de la mercancía, la misma que será determinada en cada caso por el Ministerio de Economía y Finanzas a propuesta de la Administración Aduanera y en coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Otra de las obligaciones es aquella que obliga a los almacenes a disponer de un sistema de monitoreo por cámaras de televisión que permitan a la aduana visualizar en línea las operaciones que puedan realizarse en el mismo. Asimismo, poner a disposición de la aduana las instalaciones, equipos y medios que permitan satisfacer las exigencias de funcionalidad, seguridad e higiene para el ejercicio del control aduanero.

En caso de verificarse objetivamente que dichos recintos no prestan la logística necesaria, impidan u obstaculicen la realización de las labores de reconocimiento, inspección o fiscalización dispuestas por la autoridad aduanera, así como el acceso a sus sistemas informáticos, serán pasibles de la aplicación de una multa que asciende a 3 UIT,[1] la misma que se encuentra excluida del beneficio tributario denominado Régimen de Incentivos.

II. DEPÓSITO ADUANERO.
En lo que respecta al depósito aduanero el artículo 2° de la actual Ley General de Aduanas aprobada por el Decreto Legislativo N° 1053, lo define en los siguientes términos:

“Depósito aduanero.- Local donde se ingresan y almacenan mercancías solicitadas al régimen de depósito aduanero. Pueden ser privados o públicos”.

En esta definición se establece claramente que los depósitos aduaneros sólo admiten mercancías que ingresan a nuestro país bajo el régimen de depósito, vale decir con la condición de tener los derechos de aduana y demás tributos suspendidos en el pago por el plazo máximo de doce meses. A diferencia de los depósitos temporales que pueden recibir mercancías que se van a destinar a cualquier régimen aduanero pendiente de levante.

Pero se ha omitido establecer la diferencia entre el depósito aduanero privado y público, tal como ocurría en la anterior Ley General de Aduanas, por lo que debemos recurrir a la Decisión N° 671 de la Comunidad Andina referida a la armonización de los regímenes aduaneros, donde se establecen las siguientes definiciones:

“a) Depósito Aduanero público, un depósito aduanero que pueda utilizar cualquier persona que tenga derecho a disponer de las mercancías, debidamente autorizado por la autoridad aduanera.
b)Depósito aduanero privado, un depósito aduanero reservado al uso exclusivo de determinadas personas cuando las necesidades particulares del comercio lo justifiquen, debidamente autorizado por la autoridad aduanera”.

En consecuencia, si tomamos en cuenta que la Decisión N° 671 se encuentra vigente y está incorporado en nuestro ordenamiento jurídico nacional, podemos utilizarla para cubrir este vacío legal en nuestra actual Ley General de Aduanas, habida cuenta que dicha norma comunitaria resulta aplicable en todos los países que conforman la Comunidad Andina en la medida que entre otros supuestos, no exista norma nacional que se oponga a estas definiciones.
Otro aspecto que debemos mencionar es que los recintos o almacenes aduaneros son considerados como zona primaria dado que son locales destinados a la custodia temporal de las mercancías cuya administración puede estar a cargo de la autoridad aduanera, de otras dependencias públicas o de personas naturales o jurídicas; en cuyo supuesto se incluyen a los depósitos temporales y depósitos aduaneros[2]

En ese sentido, tenemos que los artículos 113° y 114° de la actual Ley General de Aduanas regulan la posibilidad que las mercancías puedan ser entregadas directamente a un depósito aduanero elegido como punto de llegada, siempre que se haya numerado una declaración que destine las mismas al régimen de depósito aduanero, suponemos que en este supuesto se trata de una destinación aduanera solicitada bajo la modalidad de despacho anticipado.

III. A MANERA DE CONCLUSIÓN.
La actual Ley General de Aduanas denomina Depósito Temporal a aquellos recintos autorizados para custodiar mercancías nacionales y/o extranjeras que se encuentran pendientes de levante aduanero. En cambio, se considera como depósito aduanero a los recintos que están facultados para recibir mercancías destinadas solamente para el régimen de depósito.

Ambos recintos tienen sus propias obligaciones y responsabilidades específicas frente a la Administración Aduanera, teniendo como denominador común el que puedan constituirse en puntos de llegada. Asimismo, las diferencias entre el depósito aduanero público y privado se encuentran reguladas en la Decisión N° 671 de la Comunidad Andina.
.......................................................................................
[1] Sanción cuantificada en la Tabla de Sanciones Aduanera aprobada por el Decreto Supremo N° 031-2009-EF.
[2]El artículo 2° de la Ley General de Aduanas cuando define a los almacenes aduaneros incluye en dicha definición a los depósitos aduaneros de manera expresa.

* Escrito por: Mag. Javier Gustavo Oyarse Cruz. Docente de la UPC, USMP y CAEN.