17 diciembre, 2012

EL OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO


El lanzamiento oficial del Operador Económico Autorizado (OEA) en nuestro país nos obliga a preguntarnos cuál es la necesidad de contar con este sistema aduanero. Para responder a esta interrogante, en primer lugar observemos que en el entorno globalizado del comercio internacional se vienen adoptando diversos esquemas que permiten garantizar la seguridad y trazabilidad de todos los procesos y operaciones que impliquen el intercambio de mercancías entre los países, es decir la cadena logística internacional; y en segundo lugar, veamos que para lograr este propósito, se vienen formando alianzas estratégicas entre el sector público y privado; las cuales se traducen en la certificación del OEA como aquella oportunidad real de consolidar el crecimiento económico de las empresas.
Si nos remontamos al pasado inmediato, encontraremos como origen de estos sistemas aduaneros a la respuesta firme frente a los atentados ocurridos el 11 de setiembre de 2001 en los Estados Unidos, así como otros luctuosos sucesos ocurridos en España e Inglaterra, hechos lamentables y condenables por la comunidad internacional que unió a las organizaciones para diseñar modernos sistemas que permitan incrementar la seguridad en las fronteras enfrentando de ese modo el terrorismo internacional.
Surge así por un lado el programa Customs Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT) implementado por los Estados Unidos y por el otro, la iniciativa de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) mediante el concepto del Operador Económico Autorizado (OEA).
El C-TPAT constituye una iniciativa conjunta entre el gobierno americano y el sector privado para construir relaciones de cooperación que fortalezcan la seguridad de toda la cadena de suministro y la seguridad en las fronteras. C-TPAT otorga la responsabilidad a la Aduana de proveer el mayor grado de seguridad a través de una cercana cooperación entre los propietarios de la cadena de suministro: importadores, transportistas, agentes de aduana, almacenes de depósito, y empresas de manufactura.
La Organización Mundial de Aduanas (OMA) en su periodo de sesiones en Bruselas (2005), elaboró y aprobó normas destinadas a garantizar y facilitar la circulación cada vez mayor de mercancías que se produce en el comercio internacional. Estas normas están contenidas en el Marco Normativo SAFE ("Marco SAFE"), documento que establece los principios fundamentales con respecto a la seguridad y facilitación de la cadena mundial de suministro e incorpora el concepto de Operador Económico Autorizado (OEA).
En el numeral 5.1. Definiciones del Marco Normativo SAFE se define al Operador Económico Autorizado, como una parte involucrada en el movimiento internacional de mercancías cualquiera sea la función que haya asumido o en nombre de una Administración de Aduanas nacional y que cumpla las normas de la OMA o normas equivalentes de seguridad de la cadena logística. Para tal efecto, los Operadores Económicos Autorizados incluyen, entre otros, a fabricantes, importadores, exportadores, corredores de comercio, transportistas, agrupadores, intermediarios, puertos, aeropuertos, operadores de terminales, operadores integrados, almacenistas y distribuidores.
En el Perú la definición de Operador Económico Autorizado (OEA) está contenida en el artículo 2° de la Ley General de Aduanas modificado por el Decreto legislativo N° 1122:
"Operador de comercio exterior certificado por la SUNAT al haber cumplido con los criterios y requisitos dispuestos en el presente Decreto Legislativo, su Reglamento y aquellos establecidos por las normas pertinentes".
Es así que el artículo 44° de la citada Ley fija los siguientes criterios para el otorgamiento de la certificación de OEA:
  • Trayectoria satisfactoria de cumplimiento de la normativa vigente.
  • Adecuado sistema de registros contables y logísticos que permitan la trazabilidad de las operaciones.
  • Solvencia financiera y patrimonial, debidamente comprobada.
  • Nivel de seguridad adecuado.

Luego el artículo 45° de la mencionada Ley precisa que las facilidades que obtendrán los OEA, serán aquellas relativas al control y simplificación aduaneros siempre que cumpla con los criterios de otorgamiento establecidos. Termina diciendo que las referidas facilidades serán establecidas e implementadas gradualmente, en la forma y condiciones que establezca la Administración Aduanera. Motivo por el cual, se emitió el Decreto Supremo N°186-2012-EF precisando los requisitos generales que deben cumplir el exportador, almacén aduanero y agente de aduana para obtener la certificación como OEA:
  • Estar inscrito en el RUC y condición de habido.
  • Haber presentado ante la SUNAT los Estados Financieros y Balance de comprobación en los últimos 4 años.
  • Haber presentado y regularizado sus declaraciones de obligaciones tributarias y aduaneras durante los doce meses anteriores.
  • Los representantes legales no deben encontrarse involucrados en delitos tributarios y/o aduaneros.
  • Que por intermedio del operador no hayan realizado hechos que constituyan indicios de la existencia de delito tributario, aduanero, lavado de activos, tráfico ilícito de drogas y/o delito contra derechos intelectuales.
  • No haber generado deudas por obligaciones tributarias y aduaneras, que hayan ameritado trabar medidas cautelares previas al procedimiento de cobranza coactiva en los últimos 4 años.
  • Mantener vigentes los permisos y licencias que exigen las autoridades competentes en el local o locales destinados a operaciones aduaneras.
  • No haber sido sancionados en los últimos 4 años por infracciones relativas a la legislación tributaria y aduanera de acuerdo a la forma que establezca la SUNAT.

Este dispositivo legal también desarrolla los aspectos que serán evaluados en cuanto al nivel de seguridad adecuado, fijando los siguientes parámetros:
  1. Generales y planeamiento de seguridad en la cadena logística.
  2. De seguridad con relación al asociado de negocio.
  3. De seguridad física en las instalaciones.
  4. De acceso físico de las personas a las instalaciones.
  5. De seguridad de procesos de las mercancías.
  6. De seguridad del contenedor y demás unidades de carga.
  7. De seguridad en el proceso de transporte.
  8. De seguridad en el proceso de transporte
  9. De seguridad de la información y del sistema informático.
  10. De entrenamiento en seguridad y conciencia de amenazas.
Para tal efecto, la solicitud que presenten ante la Administración Aduanera para obtener la certificación como OEA debe contener como mínimo:
  • Información general del operador
  • Información contable, logística, financiera y patrimonial; e
  • Información del nivel de seguridad.

El plazo para la evaluación integral es de 90 días hábiles y de verificarse el cumplimiento de todos los requisitos previstos en las normas citas anteriormente, entonces se emite la Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas que otorga la certificación de Operador Económico Autorizado (OEA); certificación que es de carácter intransferible y válida por tres años, la misma que  surte efectos a partir del día siguiente de su notificación.
Finalmente, estamos convencidos del acierto al implementar este sistema aduanero en nuestro país, toda vez que brindará ventajas y beneficios a nuestras empresas peruanas, tal como ha venido ocurriendo en Colombia, Estados Unidos, Unión Europea, Chile, España y Japón; países donde las empresas certificadas como OEA obtuvieron:
  • La mayor simplificación en los trámites aduaneros incluso pudiendo gestionar dichos trámites de manera prioritaria desde sus propias plantas o fábricas.
  • Trazabilidad y seguridad en las operaciones de comercio exterior.
  • Mejora en la competitividad de las exportaciones e importaciones garantizando una cadena logística impecable.
  • Capacitaciones periódicas para el mejoramiento permanente de la seguridad.
  • Fortalecimiento del buen nombre de la empresa y consolidación de su marca.
  • Reconocimiento internacional en las relaciones comerciales cuando se suscriben acuerdos o Tratados de Libre Comercio con otros países.
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Autor: Mag. Javier Gustavo Oyarse Cruz. Docente universitario (ESAN - USMP - UPC)

30 noviembre, 2012

Incorporación de la Orden de Pago dentro del Régimen Tributario Aduanero

Introducción.
El Decreto Legislativo N° 1122 modifica, entre otros, al artículo 146° de la Ley General de Aduanas aprobada por el Decreto Legislativo N° 1053, incorporando a la Orden de Pago dentro de la sección sexta referida al Régimen Tributario Aduanero; lo cual nos invita a compartir con nuestros discípulos universitarios algunas precisiones respecto a este nuevo tipo de documento de determinación de la deuda tributaria aduanera.
¿Qué es la Orden de Pago?
La orden de pago constituye aquel documento mediante el cual se facilitan las acciones de cobranza  de una deuda tributaria determinada y liquidada por el propio sujeto pasivo de la obligación tributaria en su calidad de deudor o responsable. En consecuencia, no se trata solamente del ejercicio de la facultad de determinación ejercida por la Administración Tributaria, dado que no se origina siempre como consecuencia de algún procedimiento de fiscalización. Es también la expresión de la voluntad de pago del contribuyente, de allí que se considere deuda exigible desde su formulación.
Si nos remitimos al artículo 78° del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por el Decreto Supremo N° 135-99-EF y modificatorias, podemos identificar los cinco supuestos en los cuales se puede aplicar la Orden de Pago:
“Artículo 78º.- ORDEN DE PAGO
La Orden de Pago es el acto en virtud del cual la Administración exige al deudor tributario la cancelación de la deuda tributaria, sin necesidad de emitirse previamente la Resolución de Determinación, en los casos siguientes:
1. Por tributos autoliquidados por el deudor tributario.
2. Por anticipos o pagos a cuenta, exigidos de acuerdo a ley.
3. Por tributos derivados de errores materiales de redacción o de cálculo en las declaraciones, comunicaciones o documentos de pago. Para determinar el monto de la Orden de Pago, la Administración Tributaria  considerará la base imponible del período, los saldos a favor o créditos declarados en períodos anteriores y los pagos a cuenta realizados en estos últimos.[1]
Para efectos de este numeral, también se considera el error originado por el deudor tributario al consignar una tasa inexistente.
4. Tratándose de deudores tributarios que no declararon ni determinaron su obligación o que habiendo declarado no efectuaron la determinación de la misma, por uno o más períodos tributarios, previo requerimiento para que realicen la declaración y determinación omitidas y abonen los tributos correspondientes, dentro de un término de tres (3) días hábiles, de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo siguiente, sin perjuicio que la Administración Tributaria pueda optar por practicarles una determinación de oficio.
5. Cuando la Administración Tributaria realice una verificación de los libros y registros contables del deudor tributario y encuentre tributos no pagados.
Las Órdenes de Pago que emita la Administración, en lo pertinente, tendrán los mismos requisitos formales que la Resolución de Determinación, a excepción de los motivos determinantes del reparo u observación”.
¿Cómo se aplicaría en la operatividad aduanera?
Si analizamos los supuestos que el Código Tributario ha considerado como válidos para utilizar la Orden de Pago, entonces cabe suponer que para los fines propios de la operatividad aduanera pueden utilizarse los numerales 1), 3) y 5), toda vez que por su propia naturaleza facilitarían el acto de determinación de la deuda tributaria aduanera y su cobranza inmediata.
Nuestra suposición se enmarca dentro de la definición contenida en el artículo 141° de la Ley General de Aduanas, donde se regula que la determinación de la obligación tributaria aduanera puede realizarse por la Administración Aduanera o por el contribuyente o responsable. En base al mencionado artículo, podemos colegir que la Declaración Aduanera de Mercancías es un documento de determinación formulado por el despachador de aduanas en representación del dueño o consignatario de la mercancía; vale decir, es una forma de autodeterminación de tributos aduaneros que consiste en el registro en dicho formato de toda la información y documentos necesarios para la correcta determinación de la obligación tributaria aduanera. 
En caso la Declaración Aduanera de Mercancías contenga errores, los operadores de comercio exterior proceden a emitir Liquidaciones de Cobranza Tipo 0026[2] para la Autoliquidación de Tributos, subsanando algún tributo impago o un error en el cálculo en los mismos.  De ese modo se adelantan a la Resolución de Determinación que pueda emitir en su oportunidad la Administración Aduanera y de paso acceden a los beneficios tributarios aplicables al pago de las multas rebajadas, en caso hayan incurrido en alguna infracción aduanera; para lo cual pueden emitir  la Liquidación de Cobranza Tipo 0027 Autoliquidación de Multas invocando el Régimen de Incentivos[3] o el Régimen de Gradualidad,[4] si fuera aplicable.
De otro lado, durante las acciones de control ordinarias y extraordinarias[5] efectuadas por la Administración Aduanera, puede darse el caso que el operador de comercio exterior presente también dichas autoliquidaciones para subsanar el pago de los tributos pendientes que se detectan durante la revisión de las declaraciones aduaneras; siendo perfectamente válida esta práctica, teniendo en cuenta que simplifica las acciones de cobranza. En este segundo supuesto también se podrían acoger a la rebaja de multas mediante la transmisión electrónica de las  autoliquidaciones que son una práctica habitual en la operatividad aduanera.
¿Qué sucede si las autoliquidaciones presentadas por escrito o transmitidas electrónicamente no se pagan?
El Procedimiento Específico de Autoliquidación de deuda aduanera IFGRA-PE.11[6] estipula que la declaración expresada en el Formato de Autoliquidación tiene carácter de declaración jurada para todos sus efectos, pudiendo ser presentada por escrito o mediante la transmisión por vía electrónica. En todos los casos mencionados, el pago de la autoliquidación debe efectuarse en efectivo, cheque certificado, cheque de gerencia o documento valorado, hasta el día hábil siguiente de la emisión de la liquidación de cobranza. Si no se cancela en el mencionado plazo, la liquidación de cobranza es anulada automáticamente por el sistema.
Dicho procedimiento se inspira en el principio de facilitación del comercio exterior[7], según el cual la Administración Aduanera se encuentra facultada para expedir normas que regulen la emisión, transferencia, uso y control de documentos e información, relacionados con las actividades aduaneras, sea por medios documentales o electrónicos que gozan de plena validez legal.
¿Qué pasaría si consideramos a las autoliquidaciones como órdenes de pago?
Si partimos de la premisa que la Orden de Pago es el documento en virtud del cual la Administración Tributaria exige la cancelación de la deuda tributaria originada al constatarse que una obligación se ha vuelto exigible, entonces, cabe suponer que si le otorgamos la categoría de Orden de Pago a las autoliquidaciones aduaneras, éstas ya no podrían ser anuladas de manera automática en caso se venza el plazo legal para su cancelación, toda vez que siendo exigible la deuda declarada en la autoliquidación, debería someterse a las acciones de cobranza coactiva.
Esto obligaría a los operadores de comercio exterior ha tener sumo cuidado y realizar verificaciones previas antes de presentar por escrito o por transmisión electrónica sus autoliquidaciones; ya que si cometen algún error en su formulación deberán pagar, de todas maneras, la orden de pago (autoliquidación) como requisito previo para su reclamación; tal como expresamente lo disponen los artículos 135° y 136° del TUO del Código Tributario, excepto en el caso establecido en el numeral 3 del inciso a) del artículo 119°.
A manera de conclusión.   
Al haber incorporado normativamente a la Orden de Pago dentro del Régimen Tributario Aduanero simplificará las acciones de cobranza y permitirá agilizar el trámite para la subsanación de las incidencias detectadas dentro de las acciones de control ordinarias y extraordinarias; lo cual desde el punto de vista fiscal significará un mayor fortalecimiento de las facultades de determinación, fiscalización y recaudación; en el supuesto que se trate de órdenes de pago emitidas de oficio por la Administración Aduanera.
Los mismos efectos se producirían si le otorgamos el carácter de orden de pago a las actuales autoliquidaciones de tributos y/o multas presentadas por los operadores de comercio exterior ya sea por escrito o de manera electrónica, toda vez que no podrían anularse de manera automática dado que al tener el carácter de deuda exigible, deben ser cobradas coactivamente por la Administración Aduanera.
Finalmente, todas las órdenes de pago que se emitan dentro del régimen tributario aduanero deberán ser pagadas por el operador de comercio exterior dentro del plazo legal, ya que constituyen deuda exigible y si deciden reclamarlas, tendrán que cumplir necesariamente con el requisito del pago previo, para admitir a trámite su impugnación; salvo el caso de la suspensión temporal de la cobranza coactiva respecto a determinadas órdenes de pago donde medien otras circunstancias que evidencien que la cobranza podría ser improcedente.


[1] Este numeral 3 fue  sustituido por el Artículo 32° del Decreto Legislativo N° 953, publicado el 5 de febrero de 2004 y está vigente  desde el  6 de febrero de 2004.
[2] Regulado en el Anexo 1 del Procedimiento IFGRA-PG.05 Determinación y Control de la Deuda Tributaria Aduanera y Recargos.
[3] El Régimen de Incentivos se encuentra regulado en los artículos 200°, 201°, 202°  y 203° de la Ley General de Aduanas.
[4] El Régimen de Gradualidad se encuentra contemplado en el artículo 204° de la Ley General de Aduanas y reglamentado con la Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas N° 473-2012/SUNAT/A.
[5] Se considera a las acciones de control aduanero definidas en el artículo 2° de la Ley General de Aduanas a aquellas que corresponden adoptarse para el trámite aduanero de ingreso, salida y destinación aduanera de mercancías, conforme a la normatividad vigente pudiendo disponerse antes, durante o después del trámite de despacho por las aduanas operativas o las intendencias facultadas para dicho fin.
[6] Aprobado mediante la Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas N° 00367-2008/SUNAT/A.
[7] Principio consagrado en el artículo 4° de la Ley General de Aduanas.

24 octubre, 2012

Nuevo tratamiento legal para las multas administrativas aduaneras

INTRODUCCION
La Ley General de Aduanas aprobada por el Decreto Legislativo N° 1053, regula entre otros aspectos propios de la operatividad aduanera, las sanciones administrativas que pueden imponerse a los operadores de comercio exterior en caso de incumplimiento de sus obligaciones, facultades o atribuciones previstas en dicho cuerpo normativo.
Estas sanciones pueden ser multas administrativas, suspensión de actividades, cancelación e inhabilitación, respecto a las cuales el artículo 209° de la Ley General de Aduanas, estipula que constituye última instancia administrativa, el Superintendente Nacional Adjunto de Aduanas; quien asume competencia en el caso de apelaciones interpuestas por los operadores que pretenden contradecir las resoluciones de la Administración Aduanera que les imponga este tipo de sanciones administrativas.
Recientemente, mediante Decreto Legislativo N° 1122, se ha modificado algunos artículos de la Ley General de Aduanas, estipulando que las multas administrativas deben gozar de un tratamiento como si fueran multas tributarias; aspecto que pretendemos analizar en las siguientes líneas con el ánimo de contribuir al debate académico y doctrinario sobre esta materia.
NATURALEZA DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS
Desde nuestra formación jurídica en las aulas universitarias nos han enseñado que se debe entender como infracción a la “transgresión, quebrantamiento, violación, incumplimiento de ley, reglamento, convenio, tratado, contrato u orden”. A partir de esta definición se han venido desarrollando las diversas instituciones jurídicas vinculadas a la potestad sancionadora contenida en el Derecho Administrativo, Derecho Tributario y Derecho Penal, entre otros.
Ahora bien, sí nos centramos en la materia que nos convoca, es decir las multas administrativas, debemos recurrir al numeral 4) del artículo 230° de la Ley del Procedimiento Administrativo General, que regula uno de los principios de la potestad sancionadora administrativa, como es el principio de tipicidad, estipulando que “Sólo constituyen conductas sancionables administrativamente, las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía”. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha completado esta definición al mencionar que dicho principio de legalidad constituye uno de los límites que se le impone al legislador para que cuando emita normas que establezcan prohibiciones que definen sanciones, sean éstas penales o administrativas, estén redactadas con un nivel de precisión suficiente que le permita a cualquier ciudadano de formación básica, comprender sin dificultad lo que se está proscribiendo bajo amenaza de sanción en una determinada disposición legal.
En consecuencia, tenemos que las infracciones de índole administrativa deberían ser aquellas que comporten el incumplimiento de disposiciones de índole netamente administrativa. Tales como por ejemplo, el supuesto que los almacenes aduaneros “No informen o no transmitan a la Administración Aduanera, la relación de las mercancías en situación de abandono legal, en la forma y plazos establecidos por la SUNAT” . Razón por la cual, originariamente el Tribunal Fiscal carecía de competencia para pronunciarse en última instancia administrativa, debido a que para estos efectos, resultan aplicables las reglas de impugnación previstas en la Ley N° 27444 que permiten ser resueltas al interior de la Administración Aduanera pero respetando el principio de la pluralidad de instancias.
DIFERENCIAS ENTRE MULTAS TRIBUTARIAS Y MULTAS ADMINISTRATIVAS
Para establecer las diferencias más resaltantes entre las multas administrativas y las multas tributarias, cabe remitirnos al origen de dicha infracción y de otro lado al perjuicio que causa la comisión de esta infracción. Así tenemos que destacar las siguientes:
• Las multas tributarias se originan, principalmente, porque derivan de infracciones que comportan un detrimento en el pago de los derechos arancelarios y demás tributos. Vale decir, que causan perjuicio directo al Fisco. Como por ejemplo, en el caso de los dueños, consignatarios o consignantes cuando formulen una declaración incorrecta o proporcionen información incompleta de las mercancías respecto a su valor . En cuyo caso, la multa a imponerse equivale al doble de los tributos y recargos dejados de pagar, cuando incidan directamente en su determinación o guarden relación con la determinación de un mayor valor en aduana con un mínimo de 0.2 UIT por declaración.
• Las multas administrativas, por el contrario, tienen su origen en cautelar los aspectos vinculados al cumplimiento de algunas obligaciones específicas a cargo del operador de comercio exterior. Y el perjuicio que pudiera causar el incumplimiento de las precitadas obligaciones al funcionamiento global de un sector del tráfico social, por lo que su finalidad es evitar que este sector colapse tal como lo sostiene el jurista J. M. Silva Sánchez . Así tenemos el supuesto infraccional de los despachadores de aduanas, cuando destinen mercancías de importación restringida, sin contar con la documentación exigida por las normas específicas para cada mercancía o cuando la documentación no cumpla con las formalidades previstas para su aceptación. En cuyo caso, la sanción corresponde a una multa equivalente a 2 UIT por declaración.
• Las multas tributarias van dirigidas, principalmente, al administrado en su calidad de contribuyente o responsable solidario, debido a que es el deudor principal en el supuesto de los tributos dejados de pagar o es el beneficiario en el caso de la restitución simplificada de derechos arancelarios. Así tenemos, por ejemplo, que si se comprueba que ha consignado datos incorrectos en la solicitud de restitución o no acredita los requisitos o condiciones establecidos para el acogimiento al régimen del drawback, la multa equivale al doble del monto restituido indebidamente, cuando exista sobrevaloración de mercancías o simulación de hechos para gozar del beneficio del drawback.
• Las multas administrativas, en cambio, van dirigidas no sólo al administrado en su calidad de contribuyente, también se aplican fundamentalmente a los operadores de comercio exterior que incumplen las obligaciones específicas impuestas en la ley. Así tenemos, el supuesto de aquellas empresas de envíos de entrega rápida que no mantengan actualizado el registro de los envíos de entrega rápida, desde la recolección hasta su entrega, en la forma y condiciones establecidas en su reglamento. En cuyo caso, la multa equivale a 0.1 UIT.
En mérito a las diferencias sustanciales anotadas, observamos que las multas administrativas difieren de las multas tributarias y como tal gozaban de un tratamiento jurídico procesal diferente por parte de la Administración al momento de ejercer la potestad sancionadora. Pero el Derecho es una de las ciencias que se transforma y renueva constantemente, razón por la cual analizamos el Decreto Legislativo N° 1122, y la primera impresión que nos surge, es el quebrantamiento de aquella línea tradicional impuesta en los cuerpos legislativos anteriores respecto a la regulación de las multas administrativas.
NUEVO MARCO LEGAL PARA LAS MULTAS ADMINISTRATIVAS ADUANERAS
En principio tenemos que el Decreto Legislativo N° 1122 modifica el artículo 209° de la Ley General de Aduanas, quedando redactado del siguiente modo: “Las sanciones administrativas de suspensión, cancelación o inhabilitación de la presente Ley que se impongan serán apelables en última instancia ante el Superintendente Nacional Adjunto de Aduanas, cuya resolución agotará la vía administrativa. Las sanciones administrativas de multa de la presente Ley que se impongan serán apelables al Tribunal Fiscal”.
Con esta redacción, queda claro entonces, que las sanciones administrativas en materia aduanera han quedado divididas en dos grandes bloques. El primero, corresponde a las sanciones administrativas de suspensión, cancelación e inhabilitación, que continuarán siendo tramitadas siguiendo las reglas propias de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444. El segundo, corresponde a las multas administrativas que reciben un tratamiento diferenciado a la tradición jurídica de nuestro país. Lo cual puede evidenciarse a partir de las formalidades para la emisión y notificación de las resoluciones de multas administrativas de la Ley General de Aduanas, precisando que estas se regirán ahora por las reglas del Código Tributario. Vale decir, que para otorgar validez al acto administrativo de la notificación de las multas administrativas, deben aplicarse cualquiera de las formas de notificación previstas en el artículo 104° del Código Tributario.
Empero, no parece del todo sencilla nuestra lectura e interpretación, toda vez que los efectos de esta modificatoria podrían conducirnos a suponer que el Capítulo III denominado Eficacia de los Actos Administrativos, del Título IV Del régimen jurídico de los actos administrativos de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, devendría en inaplicables sólo para el caso de las multas administrativas previstas en la Ley General de Aduanas. Lo cual se deduce válidamente al revisar la forma en que ha sido redactada esta modificatoria del artículo 146° de la Ley General de Aduanas; donde se remiten los aspectos vinculados a la notificación de las resoluciones de multas administrativas a las reglas del Código Tributario.
Otro aspecto que debemos mencionar es aquel regulado en el Decreto Legislativo N° 1109, referido a que las mismas formas de extinción para obligaciones tributarias también resultan aplicables a las sanciones administrativas . Vale decir, que asumir a partir de la dación de esta modificatoria, cualquiera de las sanciones administrativas pueden extinguirse además de los supuestos señalados en el Código Tributario, por la destrucción, adjudicación, remate, entrega al sector competente, por la reexportación o exportación de la mercancía sometida a los regímenes de admisión temporal para reexportación en el mismo estado y admisión temporal para perfeccionamiento activo, así como por el legajamiento de la declaración de acuerdo a los casos previstos en el Reglamento.
Habrá que esperar la casuística que se presente al momento de pretender aplicar esta novedosa forma de extinguir las sanciones administrativas. Pero imaginemos aquel supuesto caso de aplicarse la sanción de multa administrativa a determinado despachador de aduana por haber gestionado el despacho de una mercancía restringida sin contar con el documento autorizante. ¿Significa que se extingue dicha sanción en caso se legaje la declaración aduanera, que sirvió de sustento para la determinación de la infracción? Vamos a suponer que sí, por el mandato expreso de la legislación aduanera vigente.
NUEVO PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO PARA LAS MULTAS ADMINISTRATIVAS ADUANERAS
Recordemos que hasta hace poco, el procedimiento contencioso en materia aduanera era diferente en caso el administrado decidiera impugnar las multas administrativas en comparación con las multas tributarias. Para el caso de las multas administrativas, se debían cumplir estrictamente las reglas previstas en la Ley N° 27444, siendo la Administración Aduanera la única entidad competente para resolver dichas impugnaciones, respetando el principio de la doble instancia administrativa. Pero en el caso de las multas tributarias, debían impugnarse aplicando las reglas previstas en el Código Tributario que tienen como primera instancia a la Administración Aduanera y como segunda instancia en vía de apelación, el Tribunal Fiscal.
El Decreto Legislativo N° 1122 al modificar la Ley General de Aduanas, delimita el nuevo marco procesal señalando de manera expresa que “Las sanciones administrativas de multa de la presente Ley que se impongan serán apelables al Tribunal Fiscal”. Lo primero que se nos ocurrió meditar al leer este nuevo dispositivo, fue que el Tribunal Fiscal no contaba con dicha competencia expresa establecida por ley, teniendo en cuenta lo sostenido en la doctrina por el jurista J.C. Morón Urbina, en el sentido que “La competencia es la facultad para decidir válidamente sobre determinadas materias, adquirida por un órgano administrativo y que sólo puede tener como fundamento la Constitución o la ley”.
Entonces, nos percatamos que el propio Decreto Legislativo subsana este requisito precisando que constituyen órganos de resolución en materia de multas administrativas reguladas en el artículo 192° de la Ley:
a) La SUNAT, que resolverá los procedimientos contenciosos en primera instancia.
b) El Tribunal Fiscal, que resolverá los procedimientos contenciosos en segunda instancia.
En ese sentido, tenemos entonces que a partir de la vigencia del Decreto Legislativo N° 1122, todas las multas administrativas que se impugnen desde la primera instancia deben regularse por esta nueva norma procedimental, quedando en todo caso; los procedimientos contenciosos iniciados por multas administrativas con anterioridad a la vigencia de esta modificatoria, sujetas a las reglas de la Ley N° 27444, donde la Administración Aduanera actuaba como primera y segunda instancia, conforme lo estipulaba el artículo 209° de la Ley General de Aduanas hasta antes de esta modificatoria.
La importancia de esta modificatoria nos permite recoger la opinión de Giovani Priori, cuando precisa que “El derecho administrativo contempla una serie de principios y normas procedimentales que rigen el procedimiento a través del cual el administrado se relaciona con la administración: el procedimiento administrativo”. Y es precisamente esta modificatoria relacionada a los procedimientos para emitir, notificar, extinguir e impugnar las multas administrativas, aspectos propios del derecho administrativo; que nos obligan a estudiarlas dentro del marco legal aduanero.
AMPLIACIÓN DE COMPETENCIAS AL TRIBUNAL FISCAL EN MATERIA DE MULTAS ADMINISTRATIVAS
Un aspecto que refuerza el nuevo marco normativo aplicable a las multas administrativas aduaneras, es la ampliación de competencias otorgadas al Tribunal Fiscal mediante el Decreto Legislativo N° 1122. Así tenemos que son nuevas atribuciones del órgano colegiado:
1. Conocer en última instancia administrativa, las apelaciones presentadas contra resoluciones que expida la SUNAT en los expedientes vinculados a multas administrativas señaladas en la presente Ley.
2. Resolver los recursos de queja que presenten los sujetos obligados al pago de las multas administrativas contra las actuaciones o procedimientos que los afecten directamente.
3. Proponer al Ministro de Economía y Finanzas las normas que juzgue necesarias para cubrir las deficiencias en la legislación sobre las multas administrativas recogidas en la presente Ley.
4. Resolver en vía de apelación las intervenciones excluyentes de propiedad que se interpongan con motivo del procedimiento de cobranza coactiva en las multas administrativas recogidas en la presente Ley.
El tiempo nos dirá si los administrados encontrarán alguna ventaja al aplicar este nuevo marco procedimental tributario cuando pretendan reclamar y apelar las multas administrativas. Una primera impresión, es que a lo mejor decidan declinar de este propósito cuando evalúen el costo de optar por este procedimiento tributario en comparación con el beneficio potencial que podrían obtener en caso resulte favorable dicha impugnación. Otro aspecto que también será materia de estudio en el futuro, es la carga procesal que esta medida pudiera originar en el Tribunal Fiscal, que como bien sabemos, por tradición solo cuenta con una Sala Especializada en Materia Aduanera. Nos preguntamos si la naturaleza jurídica propia de las multas administrativas, que en algunos casos corresponden a montos menores a una Unidad Impositiva Tributaria, concuerdan con aquellos plazos extensos que deben cumplirse en la tramitación de los reclamos y apelaciones tributarias.
Finalmente, tenemos que el Decreto Legislativo N° 1122 precisa que “Al resolver el Tribunal Fiscal deberá aplicar la norma de mayor jerarquía. En dicho caso, la resolución deberá ser emitida con carácter de jurisprudencia de observancia obligatoria, de acuerdo a lo establecido en el artículo 154° del Código Tributario”. Esta norma guarda estricta concordancia con las modificaciones recientes al Código Tributario, donde se han establecido que las resoluciones del Tribunal Fiscal que interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido, de normas tributarias, las emitidas aplicando la norma de mayor jerarquía, así como las emitidas en virtud a un criterio recurrente de las Salas Especializadas, constituirán jurisprudencia de observancia obligatoria para los órganos de la Administración Tributaria , mientras dicha interpretación no sea modificada por el mismo Tribunal, por vía reglamentaria o por Ley .
En consecuencia, el legislador nos anuncia que en el futuro contaremos también dentro del ámbito aduanero, con algunas apelaciones por multas administrativas que sean resueltas por el Tribunal Fiscal con Resoluciones de Jurisprudencia de observancia obligatoria. Lo cual, estamos seguros contribuirá a fijar criterios jurisprudenciales y doctrinarios sólidos para interpretar las diversas instituciones jurídicas que escondían las, hasta hace poco, simples o sencillas multas administrativas.
A MANERA DE CONCLUSIÓN
Queda claro que debemos acostumbrarnos prontamente a la idea de considerar a las multas administrativas aduaneras como si fueran multas tributarias. Los Decretos Legislativos N° 1109 y 1122 han realizado modificaciones sustanciales en los procedimientos que deben cumplirse para emitir y notificar las resoluciones que las impongan; también para extinguir e impugnar este tipo de sanciones administrativas; dejando atrás aquella vieja tradición en nuestro país de otorgarle un trato diferente.
Desde el punto de vista doctrinario y académico, notamos que el legislador ha cubierto los vacíos y formalidades necesarias para lograr que esta norma modificatoria resulte perfectamente válida, extendiendo el ámbito de aplicación de los procedimientos tributarios a las multas administrativas aduaneras. Con este convencimiento, nos queda por aguardar serenamente que el tiempo nos diga si los administrados encuentran alguna ventaja al aplicar este nuevo marco legal.
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Mag. Javier Gustavo Oyarse Cruz.  Catedrático universitario. (USMP - UPC).
Publicado en Revista Análisis Tributario - AELE. Vol. XXV N° 296 Setiembre 2012.

30 agosto, 2012

Ventanilla Única del Comercio Exterior: ¿Ya va a ocurrir?


           I.              INTRODUCIÓN
Desde hace más de una década hemos venido esperando la eliminación completa del uso del papel en los trámites y gestiones del comercio exterior, para de esa forma poder simplificar dichos trámites y de paso dotarle de mayor competitividad a los distintos operadores del comercio exterior.
Ese objetivo largamente acariciado por muchos funcionarios y representantes del Poder Ejecutivo, es como una promesa electoral en plena efervescencia de la campaña para recopilar votos, dado que somos conscientes de la necesidad de contar con modernas herramientas que permitan gestionar los despachos aduaneros y no estamos dispuestos a abandonar tan ansiado sueño. 
 II.            PRIMERAS SEÑALES DEL CAMBIO
Dentro de las primeras señales del cambio surge la propuesta de la Ventanilla Única del Comercio Exterior (VUCE) con ocasión de la dación de la Ley de Facilitación del Comercio Exterior, Ley N° 28977 y su posterior reglamentación aprobada con el Decreto Supremo N° 165-2006-EF.  Es preciso comentar que el Decreto Legislativo N° 1036 otorgó rango de ley a la creación de la VUCE establecida en el artículo 1° del Decreto Supremo N° 165-2006-EF; con lo cual, se le brindó de la herramienta legal necesaria para su puesta en funcionamiento.
La Ventanilla Única del Comercio Exterior es considerada por sus creadores como un mecanismo de facilitación que permitirá a los operadores de comercio exterior integrar información estandarizada en un solo punto de entrada, para cumplir con todos los trámites de importación, exportación y tránsito.
 Recordemos que esta novedosa herramienta informática surge para enfrentar la cruda realidad en los trámites de importación de mercancías restringidas. Es decir, se proponía simplificar los trámites para combatir los siguientes problemas:
a)Existencia de un número no definido de mercancías sujetas a control por parte del Estado (sanidad, seguridad, patrimonio, drogas, etc.).
b)Numerosos funcionarios o autoridades intervinientes en el control de las mercancías.
c)Procesos deficientes, engorrosos y desintegrados; muchos de ellos demasiado burocráticos.
d)Duplicidad en los requerimientos exigidos por las instituciones gubernamentales con el uso excesivo de papeles y formularios.
e)Exigencia de presentación de documentos emitidos por el mismo Estado.
f)Organismos que tienen a cargo supervisión o verificación de mercancías no coordinaban entre sí el momento de inspección.
g) Ausencia total de un sistema de predictibilidad en los trámites.

En consecuencia, el gran objetivo de la VUCE consiste en identificar los procesos, trámites, licencias, permisos y certificaciones que son exigidas al exportador o importador por las diferentes entidades del Estado, con el fin de buscar la integración de los procesos de comercio exterior a través de la creación de una ventanilla única.
Para lo cual, aguardamos que todas las entidades del Estado involucradas en la emisión de documentos autorizantes para el despacho aduanero de mercancías restringidas, hagan los esfuerzos necesarios de coordinación, de manera que se pueda lograr en el corto plazo, tan solo cuatro resultados inmediatos:
v Racionalización de procesos.
v Uso intensivo de tecnología de información.
v Recursos humanos capacitados para prestar servicios eficientes.
v Integración de los servicios proporcionados por el sector público a la cadena logística de comercio internacional.
Ha transcurrido el tiempo suficiente desde el inicio e implementación de este proyecto (Abril 2010) y consideramos oportuno realizar algunas reflexiones respecto al estado actual del mismo, con el noble propósito de contribuir a la culminación del mismo.
 III.           ¿YA VA A OCURRIR?
Nos preguntamos si ya va a ocurrir el hecho que todas las entidades competentes, en coordinación con la Comisión Especial, definan qué procedimientos administrativos que se tramitan por este sistema se sujetarán al silencio administrativo positivo regulado por la Ley Nº 29060, estableciéndose el plazo máximo de respuesta de la Administración y las condiciones para su aplicación.
Esta es una de las principales demandas de los operadores de comercio exterior, cuando medimos los tiempos de demora en las respuestas a las consultas técnicas que efectúan los usuarios utilizando las herramientas informáticas de la VUCE. Queda la sensación que se demoran demasiado en brindar las respuestas por la carencia de un plazo legal fijado para dicho acto administrativo, retornando peligrosamente a las taras burocráticas que motivaron la creación de la VUCE.
Otro aspecto que debemos mencionar es que el Decreto Supremo N° 010-2010-MINCETUR, precisa que la solicitud electrónica del comercio exterior (SUCE) es presentada  a través de los medios electrónicos que ofrece la VUCE, cumpliendo con los requisitos solicitados en cada procedimiento y adjuntando, cuando corresponda, en archivos digitales o digitalizados los documentos exigidos por la entidad competente de acuerdo a su TUPA. Pero, aún queda latente la necesidad de que exista un plazo perentorio estándar para la emisión de dicho documento autorizante por parte de los sectores o entidades competentes; de esa forma se podría aplicar válidamente las normas del silencio administrativo positivo regulado por la Ley Nº 29060.
Mantener pendiente por definir estos plazos de atención que debieran ser uniformes, sólo contribuye a restarles competitividad a los exportadores e importadores y de paso a nuestro país que requiere de mayores herramientas que simplifiquen y agilicen los trámites aduaneros en un entorno globalizado y cada vez más competitivo.
También cabe preguntarnos si ya va ocurrir el día en que se integren por completo las respuestas que brinde la VUCE con los sistemas informáticos aduaneros (SIGAD), de modo que la respuesta a la SUCE presentada por el importador se refleje en tiempo real en las declaraciones aduaneras que motivan su presentación.   A lo mejor, siendo optimistas por naturaleza, viene ocurriendo de manera aislada en algunos casos, pero debiera masificarse su uso para de esa manera agilizar los despachos aduaneros.
Finalmente, nos preguntamos si ya va ocurrir que todas las entidades competentes, sin ninguna excepción, se incorporen a la VUCE. Con lo cual, tendremos por fin el universo total de las mercancías restringidas cuya resolución autorizante se tramite por medios electrónicos. Contando así con el listado completo de las mercancías de importación restringida que debe ser de público conocimiento para todos los operadores de comercio exterior.
 IV.          A MANERA DE CONCLUSIÓN.
El Decreto Legislativo N° 1036 y el Decreto Supremo N° 010-2010-MINCETUR constituyen el principal soporte legal de la Ventanilla Única del Comercio Exterior;  herramienta informática que se viene implementando en nuestro país con el objetivo de simplificar y agilizar los trámites que deben realizar los importadores y exportadores para solicitar los documentos autorizantes de aquellas mercancías restringidas.
Empero, dicho proceso de implementación debe verse fortalecido con la incorporación de algunos aspectos que la harán mucho más útil, tales como por ejemplo fijar un plazo uniforme para la respuesta que debe emitir la entidad competente respecto a la SUCE; la aplicación de las normas del silencio administrativo positivo, la interconexión con las declaraciones aduaneras y el involucramiento del universo total de las entidades competentes en la VUCE.
Solo así dejaremos de preguntarnos incansablemente si ¿Ya va  a ocurrir?  aquel momento largamente esperado donde hayamos logrado por fin la eliminación completa del uso del papel impreso en los trámites y gestiones del comercio exterior.
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Mag. Javier Gustavo Oyarse Cruz. Catedrático universitario (USMP - UPC)

15 julio, 2012

PRINCIPALES ASPECTOS MODIFICADOS EN LA LEGISLACION ADUANERA


            I.   INTRODUCION
La tradición en nuestra vida republicana es que todos los gobernantes durante su mandato, siempre han realizado modificaciones a la legislación aduanera y tributaria. Para no remontarnos tanto al pasado, citamos como ejemplos que refuerzan nuestra afirmación, al Gobierno de Alberto Fujimori que emitió el Decreto Legislativo N° 809; luego el Gobierno de Alejandro Toledo emitió el Decreto Legislativo N° 951 y finalmente el Gobierno de Alan Garcia que aprobó el Decreto Legislativo N° 1053.   
Actualmente observamos que continúa dicha tradición, cuando el gobierno de turno recibe del Congreso de la República facultades  delegadas mediante la Ley N° 29884 para que pueda legislar en materia tributaria, aduanera y de delitos tributarios y aduaneros por un plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario.  Llegando a emitir bajo este marco normativo el Decreto Legislativo N° 1109.
II. DESARROLLO DE LOS PRINCIPALES ASPECTOS ADUANEROS MODIFICADOS
El legislador nos presenta una primera aproximación respecto al diseño de sistema aduanero que pretende lograr en el corto plazo. Por lo que consideramos oportuno comentar alguna de las principales modificaciones que contiene el Decreto Legislativo N° 1109 con el propósito de contribuir a la difusión de sus alcances.
     1. Modificaciones referidas a operadores de comercio exterior:
Obligaciones Generales de los operadores de comercio exterior.
En este aspecto se precisa el plazo (5) días para comunicar la revocación del Representante Legal o la culminación del vínculo contractual con el auxiliar registrado ante la Administración Aduanera.  Asimismo, se precisa que los mencionados operadores de comercio exterior están obligados a someter las mercancías a control no intrusivo a su ingreso, traslado o salida del territorio nacional.
Obligaciones Específicas de los Agentes de Aduana
Queda derogada la obligación de comunicar a la Administración Aduanera el nombramiento y la revocación del representante legal y de los auxiliares dentro del plazo de diez (10) días contados a partir del día siguiente de tomado el acuerdo.
De otro lado se precisa que la Administración Aduanera podrá requerir, al Agente de Aduana, la entrega de todo o parte de la documentación que conserva, antes del plazo señalado (o sea cinco años), en cuyo caso la obligación de conservarla estará a cargo de la SUNAT.
Y por excepción, determinados documentos se pueden conservar en copia, conforme lo establezca el Reglamento, siempre que responda a la naturaleza de la operativa.
Obligaciones específicas de las empresas de servicios postales
Queda derogada la obligación de remitir a la Administración Aduanera los originales de las declaraciones y la documentación sustentatoria de los envíos remitidos a provincias que no tengan en ésta una sede de la Administración Aduanera.
Y se precisa la obligación de presentar o transmitir a la Administración Aduanera la solicitud de rectificación de errores del documento de envíos postales desconsolidado de acuerdo a lo que establezca su Reglamento.
    2.  Modificaciones vinculadas al despacho aduanero:
Reembarque para mercancías de importación restringida
Se precisa que por excepción será reembarcada, dentro del término que fije el Reglamento, la mercancía destinada a un régimen aduanero que, como consecuencia del reconocimiento físico, se constate que su importación se encuentre restringida y no tenga la autorización del sector competente, o no cumpla con los requisitos establecidos para su ingreso al país. Siendo importante destacar que la norma modificatoria estipula que en ningún caso, la autoridad aduanera podrá disponer el reembarque de la mercancía cuando el usuario  obtenga la autorización y/o cumpla con los requisitos señalados en el párrafo anterior, incluso si se lleva a cabo durante el proceso de despacho, salvo los casos que establezca el reglamento.
Llegada del medio de transporte a territorio aduanero
La norma estipula que las compañías transportistas o sus representantes comunican a la autoridad aduanera la fecha y hora de la llegada del medio de transporte al territorio aduanero en la forma y plazo establecidos en el Reglamento, siendo resaltante el hecho que en esta oportunidad, se libera de dicha responsabilidad al transportista cuando la Administración Aduanera cuente con dicha información.
Despacho Anticipado de Importación para el Consumo
Se reitera que los regímenes de importación para el consumo, admisión temporal para perfeccionamiento activo, admisión temporal para reimportación en el mismo estado, depósito aduanero, tránsito aduanero y trasbordo, podrán sujetarse al despacho aduanero anticipado. Para tal efecto, las mercancías deberán arribar en un plazo no superior a quince (15) días calendario, contados a partir del día siguiente de la fecha de numeración de la declaración; vencido dicho plazo las mercancías serán sometidas al despacho excepcional.
La novedad consiste en que se exceptúa del mencionado plazo de arribo de la mercancías a nuestro país cuando se presente un caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditados ante la Administración Aduanera, conforme a lo que establezca el Reglamento.
La declaración aduanera y nuevas formas de rectificación de datos
En principio se reitera que los documentos justificativos exigidos para la aplicación de las disposiciones que regulen el régimen aduanero para el que se declaren las mercancías podrán ser presentados en físico o puestos a disposición por medios electrónicos en la forma, condiciones y plazos que establezca la Administración Aduanera.
Y queda establecido que el declarante puede rectificar uno o más datos de la declaración aduanera hasta antes de la selección del canal de control siempre que no exista una medida preventiva, sin la aplicación de sanción alguna y de acuerdo a los requisitos establecidos en el Reglamento.
La novedad es la inclusión de aquellas declaraciones anticipadas que no han sido seleccionadas a reconocimiento físico o revisión documentaria que pueden ser rectificadas por el declarante dentro del plazo de quince (15) días calendario siguientes a la fecha del término de la descarga siempre que no exista una medida preventiva, sin la aplicación de sanción alguna y de acuerdo a los requisitos establecidos en el Reglamento.
    3.  Modificaciones en el Régimen Tributario Aduanero:
Mercancía declarada y encontrada
Los derechos arancelarios y demás impuestos se aplican respecto de la mercancía consignada en la declaración aduanera y, en caso de reconocimiento físico, sobre la mercancía encontrada, siempre que ésta sea menor a la declarada.
La norma modificatoria precisa que en caso que la mercancía encontrada por el dueño o consignatario con posterioridad al levante fuese mayor o distinta a la consignada en la declaración aduanera, a opción del importador, ésta podrá ser declarada sin ser sujeta a sanción y con el sólo pago de la deuda tributaria aduanera y los recargos que correspondan, o podrá ser reembarcada. La destinación al régimen de reembarque solo procederá dentro del plazo de treinta (30) días computados a partir de la fecha del retiro de la mercancía.
Inafectaciones de envíos postales.
Se reitera que estan inafectas del pago de los derechos arancelarios, de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en el Reglamento y demás disposiciones legales que las regulan aquellos envíos postales para uso personal y exclusivo del destinatario, de acuerdo a lo establecido por su reglamento;  y se agrega que también están inafectos los envíos postales de mercancías hasta por un valor de doscientos y 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$ 200,00).
Formas de extinción de sanciones administrativas
La obligación tributaria aduanera se extingue además de los supuestos señalados en el Código Tributario, por la destrucción, adjudicación, remate, entrega al sector competente, por la reexportación o exportación de la mercancía sometida a los regímenes de admisión temporal para reexportación en el mismo estado y admisión temporal para perfeccionamiento activo, así como por el legajamiento de la declaración de acuerdo a los casos previstos en el Reglamento.
La norma precisa que estas mismas formas de extinción también resultan aplicables a las sanciones administrativas que se impongan por la Autoridad Aduanera las mismas que pueden ser apelables en última instancia ante el Superintendente Nacional Adjunto de Aduanas. 
    4. Modificaciones en lo referente a la Disposición de mercancías:
Disposición de mercancías
Las mercancías en situación de abandono legal, abandono voluntario y las que hayan sido objeto de comiso serán rematadas, adjudicadas, destruidas o entregadas al sector competente, de conformidad con lo previsto en el Reglamento.
La norma modificatoria precisa que si la naturaleza o estado de conservación de las mercancías lo amerita, la Administración Aduanera podrá disponer de las mercancías en abandono legal, abandono voluntario, incautadas y las que hayan sido objeto de comiso que se encuentren con proceso administrativo o judicial en trámite. De disponerse administrativa o judicialmente la devolución de las mismas, previa resolución de la Administración Aduanera que autorice el pago, la Dirección Nacional de Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas efectuará el pago del valor de las mercancías determinado en el avalúo más los intereses legales correspondientes.
Adjudicación de mercancías en estado de emergencia
En casos de estado de emergencia, a fin de atender las necesidades de las zonas afectadas, La SUNAT dispone la adjudicación de mercancías en abandono legal o voluntario o comiso a favor de las entidades que se señalen mediante decreto supremo. La norma modificatoria precisa que si no se establece el adjudicatario, la SUNAT podrá adjudicar las mercancías a favor del INDECI, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Vivienda, Construcción o Saneamiento o programas que tengan la calidad de unidad ejecutora adscritos a los ministerios antes citados, según sus fines y funciones.
Es importante mencionar que esta forma de adjudicación por su propia naturaleza, se encuentra exceptuada del requisito de la notificación al dueño o consignatario de la mercancía que se pretende adjudicar.  Asimismo, se reitera que las entidades a las que se les haya adjudicado mercancías restringidas deben solicitar directamente al sector competente la constatación de su estado.
Entrega al sector competente
La Administración Aduanera tiene la facultad de poner a disposición del sector competente las mercancías restringidas que se encuentren en situación de abandono legal, abandono voluntario o comiso. Para lo cual, el sector competente tiene un plazo de veinte (20) días contados a partir del día siguiente de la recepción de la notificación para efectuar el retiro de las mercancías o pronunciarse sobre la modalidad de disposición de las mercancías. Vencido el citado plazo sin que el sector competente haya recogido las mercancías, o sin que haya emitido pronunciamiento, la Administración Aduanera puede disponer de las mismas en uso de sus facultades; no procediendo la entrega  al Sector Competente de aquellas mercancías que se encuentren vencidas,  en cuyo caso la Administración Aduanera procederá a su destrucción.
La norma modificatoria precisa que la entrega al sector competente de mercancías restringidas en situación de abandono legal que han sido solicitadas a destinación aduanera se efectuará previa notificación al dueño o consignatario y la entrega de mercancías restringidas en situación de abandono legal que no han sido solicitadas a destinación aduanera se efectuará previa publicación de la información de las mercancías en el portal electrónico de la SUNAT. Quedando facultado el dueño o consignatario para recuperar las mercancías si cumple con las formalidades de ley y paga la deuda tributaria aduanera y demás gastos que correspondan dentro de los cinco (05)  días hábiles siguientes a la fecha de notificación o publicación. Vencidos los citados plazos la SUNAT procederá a la entrega de las mercancías al sector competente.  
 III.  A MANERA DE CONCLUSIÓN.
Nos queda la impresión que estas modificaciones a la legislación aduanera tiene entre uno de sus objetivos principales, lograr el incremento del número de importadores que se acojan al sistema anticipado de despacho aduanero; lo cual desde todo punto de vista resulta elogiable, dado que permitirá disminuir los tiempos en el otorgamiento del levante, trayendo como consecuencia un impacto en la facilitación del comercio exterior.  
Quedan en segundo orden, el recorte del plazo otorgado a los operadores de comercio exterior para comunicar la revocatoria del Representante Legal o la conclusión del contrato con el auxiliar registrado ante la Administración Aduanera.  Así como la asignación a dichos operadores de una nueva responsabilidad, que consiste en obligarlos a someter las mercancías a control no intrusivo a su ingreso, traslado o salida del territorio nacional. Siendo necesario precisar que todas estas obligaciones en caso de incumplimiento son consideradas como infracciones aduaneras y por ende pasibles de sanción.
En cuanto a las normas modificatorias del régimen tributario aduanero, destaca la intención del legislador de cubrir aquel vacío legal respecto a la formas de extinción de las sanciones administrativas; aunque desde nuestra óptica consideramos que subsiste el debate respecto a si es la forma correcta de legislar esta materia específica, teniendo en cuenta que por su propia naturaleza jurídica las multas administrativas son distintas al tratamiento tributario que se le pretende dar.
Finalmente, en cuanto se refiere a la disposición de las mercancías en situación de abandono legal, abandono voluntario, incautación y las que hayan sido objeto de comiso que pueden ser rematadas, adjudicadas, destruidas o entregadas al sector competente por parte de la Administración Aduanera, consideramos acertadas las precisiones anotadas, por cuanto fortalecen la transparencia en el ejercicio de esta facultad y reiteran el reconocimiento al derecho de propiedad que ostenta el dueño o consignatario respecto a estas mercancías, toda vez que puede recuperarlas en caso subsane o cumpla con todas las formalidades aduaneras previstas en la ley.
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Mag. Javier Gustavo Oyarse Cruz. Catedrático universitario (UPC - USMP)
Publicado en Revista Mundo Logístico. Edición Perú. Año I N° 3 (Ago-Set 2012)