Principio de legalidad para aplicar sanciones aduaneras

El principio de legalidad, se encuentra establecido en el artículo 188° de la Ley General de Aduanas en los siguientes términos: “Para que un hecho sea calificado como infracción aduanera, debe estar previsto en la forma que establecen las leyes, previamente a su realización. No procede aplicar sanciones por interpretación extensiva de la norma”.

Si revisamos el Código Tributario[1] notaremos que también recoge este mismo principio al señalar que: “La Administración Tributaria ejercerá su facultad de imponer sanciones de acuerdo con los principios de legalidad, tipicidad, non bis in idem, proporcionalidad, no concurrencia de infracciones, y otros principios aplicables”.

Tenemos entonces que la Administración Tributaria para determinar la comisión de infracciones aduaneras, no puede realizar interpretaciones extensivas de la norma, tan sólo ceñirse estrictamente a lo estipulado en la ley para efecto de analizar si una determinada conducta constituye o no infracción sancionable, debiendo en todo caso cumplir con las Normas IV y VIII del Título Preliminar del Código Tributario.

Para tal efecto, tenemos que el artículo 189° de la Ley General de Aduanas estipula que la Administración Aduanera aplicará las sanciones de acuerdo con las Tablas que se aprobarán por Decreto Supremo; así tenemos que la Tabla de Sanciones vigente ha sido aprobada mediante el Decreto Supremo N.° 031-2009-EF con sus normas modificatorias.

A manera de ejemplo, que explica mejor este principio de legalidad, podemos citar la infracción tipificada el inciso a) numeral 5) del artículo 194° de la Ley General de Aduanas, donde se establece como infracción sancionable con suspensión al almacén aduanero cuando entreguen o dispongan de las mercancías sin que la autoridad aduanera haya concedido su levante o dejado sin efecto la medida preventiva dispuesta por la autoridad aduanera.[2]

En este supuesto, la configuración de la infracción se presenta cuando el almacén aduanero dispone de las mercancías que tiene bajo su custodia sin contar con la debida autorización de la autoridad aduanera, vale decir que dispone de las mercancías que aún no cuentan con el levante y/o se encuentran todavía sometidas a una medida preventiva.

Otro caso similar, es la infracción tipificada en el inciso b) numeral 6) del artículo 194° de la Ley General de Aduanas, que sanciona con suspensión al despachador de aduanas cuando efectúen el retiro de las mercancías del punto de llegada cuando no se haya concedido el levante, se encuentren inmovilizados por la autoridad aduanera o cuando no se haya autorizado su salida, en los casos excepcionales establecidos en la Ley General de Aduanas y su reglamento.[3]

A diferencia de la infracción anterior que era aplicable al almacén aduanero, en este caso similar observamos que se trata de la responsabilidad del agente de aduana, quien realiza el retiro de las mercancías del punto de llegada[4] sin contar con la debida autorización emitida por la autoridad aduanera.

Finalmente, demostramos con los dos ejemplos citados que el principio de legalidad nos permite comprobar que se trata de dos normas que aparentemente regulan una misma infracción, pero que identifican claramente a un infractor distinto para cada supuesto; razón por la cual es necesario determinar de manera objetiva[5] la infracción para efecto de identificar correctamente al único y verdadero infractor.   

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[1] Artículo 171° del TUO del Código Tributario aprobado por el Decreto Supremo N.° 133-2013-EF.

[2] En cuyo caso la Tabla de Sanciones estipula la suspensión por 15 días calendario.

[3] Para esta infracción la Tabla de sanciones aduanera establece la suspensión por 15 días calendario.

[4] Punto de llegada son aquellas áreas consideradas zona primaria en las que se realicen operaciones vinculadas al ingreso de mercancías al país. En el caso de transporte aéreo, los terminales de carga del transportista regulados en las normas del sector transporte podrán ser punto de llegada siempre que sean debidamente autorizados por la Administración Aduanera como depósitos temporales.

[5] El artículo 189° de la Ley General de Aduanas establece que “La infracción será determinada en forma objetiva y podrá ser sancionada administrativamente con multas, comiso de mercancías, suspensión, cancelación o inhabilitación para ejercer actividades”.